YPF enfrenta un juicio multimillonario: 10 claves sobre la demanda más importante en la historia argentina y su impacto fiscal

El litigio en Estados Unidos por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo este lunes, tras la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga a Argentina a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes. Esta medida, destinada a saldar la deuda derivada de la expropiación, tuvo un fuerte impacto en el mercado local y volvió a poner de manifiesto la magnitud de un conflicto judicial que amenaza con profundizar la fragilidad económica del país.

Este caso se ha convertido en uno de los juicios más costosos para el Estado nacional, con reclamos que superan los USD 17.000 millones, incluyendo intereses y costos legales. La decisión no solo representa un nuevo revés en la larga pelea judicial por la expropiación dispuesta en 2012, sino que también plantea interrogantes sobre cómo se llevará a cabo, cuáles serán los plazos y las consecuencias políticas y económicas.

El mercado reaccionó con fuertes caídas en bonos y acciones argentinas, mientras el dólar financiero superó los $1.200 en algunas cotizaciones. En medio de negociaciones con organismos internacionales, un programa de ajuste fiscal y el reto de mantener las reservas del Banco Central, el fallo se ha convertido en un nuevo frente de presión para la administración. Ayer, las acciones de YPF cayeron hasta un 5,7% en la Bolsa local, y aunque la noticia se conoció de forma inminente, los ADR cayeron un 8%, cerrando finalmente YPF en USD 31,54, lo que representa un descenso del 5,6 por ciento en Wall Street.

El litigio, que se inició en Nueva York, expone las consecuencias de una decisión política tomada durante la gestión de Cristina Kirchner en 2012. En ese momento, el Congreso aprobó una ley que declaró de utilidad pública el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol. El Estado avanzó en la expropiación sin seguir el estatuto de la petrolera, que obligaba a lanzar una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas minoritarios. Esta omisión se convirtió en el fundamento del juicio que ahora ha alcanzado esta etapa crucial.

A continuación, las claves para entender el escenario actual:

• El origen del conflicto: en 2012, el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol, alegando razones de interés público. La ley aprobada por el Congreso permitió al Gobierno llevar a cabo la operación, pero pasó por alto las normas internas de la compañía, que establecían condiciones para proteger a los accionistas minoritarios mediante una oferta pública obligatoria.
• Quiénes son los demandantes: el principal beneficiario del fallo condenatorio es Burford Capital, un bufete inglés que adquiere derechos de litigio en este tipo de demandas y gestiona los procesos judiciales, frecuentemente durante largos períodos, con el objetivo de conseguir sentencias favorables. Por su accionar, muchos los comparan con un “fondo buitre”, aunque técnicamente no lo sean.
• El rol de Burford Capital: este estudio adquirió los derechos de litigio hace más de 10 años, con el objetivo de demandar al Estado argentino y obtener un resarcimiento mucho mayor. Gracias a estrategias agresivas en tribunales, ha obtenido fallos favorables en todas las instancias hasta ahora.
• El monto reclamado: la sentencia de primera instancia de Preska asciende a un total de USD 16.000 millones. Desde ese momento, a comienzos de 2023, se generan intereses de aproximadamente 2,5 millones de dólares por día, sumando así un total que supera los USD 17.000 millones. Este es el litigio más oneroso en la historia contra el Estado argentino.
• La sentencia de Preska: la jueza ordenó que Argentina transfiera el 51% de las acciones expropiadas a los demandantes, estableciendo un plazo de 15 días para su cumplimiento.
• Respuesta del Gobierno: las autoridades argentinas anunciaron que apelarán la decisión, buscando detener la ejecución inmediata. Preska podría exigir garantías monetarias o de activos para aceptar la apelación. Si no, el asunto será tratado por una cámara de apelaciones.
• Cómo sigue el proceso: en paralelo, se encuentra en curso otra apelación relacionada con el fondo del caso, el fallo multimillonario. Argentina todavía puede recurrir a la Corte de Apelaciones de Nueva York y, eventualmente, a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque las posibilidades de revertir la obligación son consideradas muy limitadas.
• Otras demandas internacionales: además del conflicto por YPF, el Estado enfrenta litigios internacionales por aproximadamente USD 4.500 millones. Estos reclamos derivan de contratos energéticos, deuda pública y arbitrajes en el Ciadi. Estas obligaciones, sumadas a la presión por el pago de la causa YPF, complican la estrategia financiera del Gobierno y ejercen presión sobre las reservas del Banco Central.
• Contexto económico local: la sentencia se produce en un momento crítico. El Gobierno mantiene un programa de ajuste fiscal para consolidar el superávit y busca frenar la inflación. La acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria son prioridades, pero el fallo introduce un nuevo factor de incertidumbre y riesgo en la hoja de ruta económica oficial.
• Repercusiones políticas: el caso ha reavivado el debate político. Desde el oficialismo, se han dirigido las críticas hacia la administración de Cristina Kirchner por las formas de la expropiación y la omisión de las reglas del mercado. La oposición, por su parte, cuestiona la estrategia actual de defensa legal y la falta de previsión para evitar este desenlace.