La intervención oficial transitoria por 60 días de lacerealera Vicentin está en marcha, mientras “se discuten los términos dela expropiación” para garantizar que la agroexportadora quede en manosargentinas, aseguró hoy el ministro de Agricultura, Luis Basterra.
“No hay marcha atrás. La intervención sigue en curso. Noestá en duda. Vamos a sostener la intervención mientras se discuten lostérminos de la expropiación”, reafirmó el funcionario, quien dijo además queese modelo es el que sostiene el Gobierno para no perder esta empresa, queopera casi el 10{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} del comercio exterior de granos.
Basterra insistió en la importancia de que Vicentin “quedeen manos argentinas” y explicó que la decisión oficial deintervención, a cargo de Gabriel Delgado, se tomó “ante el riesgoconcreto de que la empresa se venda a precio de quiebra y la altísima chance deque la Argentina pierda una compañía de relevancia económica y simbólica”.
En declaraciones radiales, Basterra aseguró que la decisióndel Gobierno “está libre de sospecha de ser no racional o arrebatada”, ya quese busca preservar las fuentes de trabajo dentro del capital nacional, mientrasYPF “va a dar garantía de una gestión eficiente, como mostró en loshidrocarburos y la provisión de insumos agropecuarios”. “La producciónagropecuaria es estratégica por el ingreso de divisas para resolverlarestricción exterior: si no entran dólares hay que tomar deuda y eso llevó auna tremenda crisis a partir de las políticas de los últimos cuatro años”,remarcó Basterra.
Además, el funcionario consideró que la estrategia buscagarantizar la soberanía alimentaria que no es una idea abstracta, sino unconcepto adoptado por casi 200 países en el marco de la FAO (Fondo de NacionesUnidas para la Alimentación y la Agricultura)”.
“Se trata del derecho de los pueblos a garantizarlaalimentación de sus ciudadanos con las pautas culturales y las necesidades desalud de un derecho humano esencial”, sintetizó Basterra.
Resaltó, en ese sentido, que “tener un instrumento que puedagarantizar la provisión de alimentos de manera sostenida en cantidad y calidad,de acuerdo con la libre elección de sus ciudadanos, es un derecho que vamos aacompañar en cada una de nuestras decisiones”.
Ejemplicó con el caso del trigo, del que se produjeron eneste ciclo 19,5 millones de toneladas y se destinan 7 millones al mercadointerno: “A partir de un acuerdo consensuado con las empresas molineras yexportadoras se ha autoregulado la exportación, para garantizar la harina quese demanda para consumo interno, de aquí al enlace con la nueva cosecha, y losenvíos al principal mercado, que es Brasil”.
Basterra consideró que la estrategia busca garantizar lasoberanía alimentaria que no es una idea abstracta, sino un concepto adoptadopor casi 200 países en el marco de la FAO (Fondo de Naciones ” Unidas para laAlimentación y la Agricultura).
El funcionario dijo que ese acuerdo se adoptó al haberseadelantado las ventas al exterior de trigo, en la previa a la asunción delnuevo gobierno que buscaron cubrirse de la suba de retenciones, que pasó de 4pesos por dólar exportado a 12{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}. “Nada le impide a las empresas seguir registrandoexportaciones, con lo cual entraría en tensión el mercado interno y no estaríagarantizada la provisión de harina”, sostuvo.
Y completó: “Ahí es donde una empresa de estanaturaleza (Vicentin) puede ser parte de una estrategia de garantizar lasoberanía alimentaria; es decir, que en la mesa de todos los argentinos nofalte el pan a partir de un aprovisionamiento equilibrado al mercado interno”.
Más rechazo sectorial
Mientras tanto, las entidades de las cadenas productivas decereales, oleaginosas y frutas expresaron su “preocupación” anteuna nueva intervención del Estado en el sector, a través de laestatización de empresas”. “Los argumentos de la necesidad de mayorsoberanía y seguridad alimentaria nos parecen incompatibles con la medidaelegida. Los datos productivos de nuestro país hablan por sí solos.
La Argentina tiene cadenas agroindustriales eficientes y quefuncionan desde hace muchísimos años en competencia y adaptándose a lasexigencias de los consumidores”, señalaron 10 entidades de las cadenasproductivas como la de soja, girasol, el trigo, el maiz y el sorgo, el arroz ylos berrys.
Continuaron que esas cadenas proveen “alimentos decalidad a nuestra población y generan importantes saldos exportables”y remarcaron: “Con instituciones fuertes y una producción que ha pasado enmenos de 35 años de 30 a 145 millones de toneladas, somos uno de los sectoreseconómicos más dinámicos y eficientes del país. Eso se ha logrado gracias a unproceso de inversiones privadas, aun soportando una presión fiscal creciente yen algunos casos, con excesivos controles de distintos estamentos delEstado”.
“La intervención Estatal tomando además el rolempresario genera incertidumbre y preocupación pues además de innecesario, implicael riesgo de distorsionarlos precios de equilibrio. Las empresas públicastienen prioridades diferentes a las empresas privadas, no están sujetas a lanecesidad de renta”, sostuvieron para recordar que “la malaexperiencia de la Junta Nacional de Granos es una dolorosa prueba de eso”.
Tras recordar que “en el mundo los Estados handejado de intervenir en el comercio de granos dado que es de alto riesgocomercial y financiero”, y consideraron que “en medio de unacrisis económica nacional muy grave, el Estado debería utilizar susescasos recursos en otra dirección y enfocarse en generar políticas públicasfomentando las inversiones privadas en este sector, en beneficio delcrecimiento de nuestras cadenas lo que sin dudas tendrá un enorme y positivoimpacto en toda la economía del país”.
Por su parte, seis de las bolsas de Comercio y de Cerealesdel país manifestaron que “se encuentran a la espera de mayoresprecisiones sobre los términos y alcances del anunciado proyecto de ley deexpropiación, que sería enviado al Congreso nacional”.
“Abogamos por la utilización de las herramientasjurídicas para encontrar una salida a la situación de default de la empresa,manteniendo incólume el estado de derecho y respetando los usos ycostumbres del mercado de granos”, señalaron en un comunicado conjunto.Las Bolsas de Rosario, Santa Fe; Chaco, Bahía Blanca, Córdoba y Entre Ríos enfatizaron que “enmomentos de tanta incertidumbre, resulta importante remarcar que la cadenaagroindustrial argentina se ha caracterizado desde siempre por su gran eficienciay capacidad para producir alimentos de calidad y a gran escala”.
“Estamosconvencidos de que se deben procurar mecanismos para consolidarla confianza yla previsibilidad para la economía en general y para ese sector en particular,vital para el desarrollo de nuestro país, de modo que pueda alcanzar su máximopotencial en beneficio de todos los argentinos”, completaron.
Por su parte, dirigentes históricos de la Sociedad Rural,muchos de ellos con fuerte exposición en el conflicto por las retencionesmóviles de 2008 con Luciano Miguens y Hugo Biolcatti a la cabeza expresaron surechazo a la intervención y proyecto para expropiar Vicentín.
“Resulta repudiable la actitud de las autoridades delPoder Ejecutivo de intervenir un grupo empresario, que se encontraba bajo laprotección de la Justicia y ejercitando un derecho reconocido por lalegislación de nuestro país”, enfatizaron los dirigentes, que conforman elgrupo de Comité “Unidad y Accion”, un movimiento interno de SRA, en los queestán Miguens, Biolcatti, Enrique Crotto, entre otros dirigentes.
Reforzaron que “la ley de expropiación que se anunciano podrá nunca ser debidamente fundada en este caso, ya que la utilidad públicanecesaria para su dictado, no existe”.
“El mercado argentino de granos y la industriatransformadora cuentan con suficientes actores para atender nuestra producciónen el momento y las plantas de Vicentin en unas u otras manos, sereincorporarán rápidamente. Por otra parte, el Estado argentino, afectado porun endeudamiento que ha confesado no poder pagar y que se encuentra sufriendolas vicisitudes de la pandemia, no debe afrontar el gasto de asumir una deudade u$s 1300 millones, ni los que implica ponerla en movimiento y pagar susactivos”, alertaron.
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