Mientras continúa el acampe de alrededor de 50 contratados que inició el viernes frente a la Municipalidad de Paraná, desde la Secretaría Legal y Técnica de la gestión de Sergio Varisco se presentó una denuncia formal
ante el Ministerio Público Fiscal
por la
ocupación de la vía pública y también se le remitieron filmaciones que “acreditan la obstaculización del
tránsito en calle Urquiza y Corrientes”.
La Comuna aclaró que “no se detenta el uso de la fuerza pública
ni las facultades que le competen para llevar adelante el desalojo
de los manifestantes”, quienes, acusó el Municipio, “desde el viernes se encuentran interrumpiendo el
normal tránsito vehicular por la zona, colocando y quemando gomas y también
acampando en la puerta misma del Municipio”.
“Por parte de la Fiscalía, se ha
informado que no van a interceder en ese conflicto con los protestantes”, indicaron desde la intendencia.
Además, según el comunicado municipal enviado a INFORME DIGITAL, el sábado por la mañana se denunció formalmente la
obstaculización a la prestación del servicio de recolección de residuos. Es que
los recolectores “cuando quisieron hacer su trabajo fueron agredidos y
amenazados por este grupo de personas”, se afirma.
Lo que dice el archivo
Como consecuencia de ello, se informó desde la secretaría a cargo de Walter Rolandelli, “se está en proceso la
presentación de una nueva denuncia instando a que el Ministerio Público ordene
a la fuerza pública que desaloje la vía pública para garantizar el tránsito
vehicular.
“Todas las denuncias hasta ahora han caído en saco roto”, se lamentan en la secretaría de Rolandelli
“Queremos seguir trabajando”
Los autoconvocados acampantes son poco más de 50 -circula la cifra de 54- y protestan porque sus contratos no fueron renovados en
las reparticiones municipales donde ejercían sus tareas. “Pedimos disculpas a los vecinos por las molestias
ocasionadas, pero no nos queda otra alternativa porque ya hemos intentado por
otros medios reclamar por nuestros puestos de trabajo que dieron de baja en
estos últimos meses”, explicó Leonardo Cantero, quien se desempeñaba en el
Ferrocarril desde hacía un año.
“El funcionario no nos hace caso y el gremio nos dejó
desamparados pese a que recibió su cuota gremial de parte de los contratados
agremiados”, apuntó el manifestante.
Claudio Cabrera, que prestaba servicio como administrativo
en el CIC Humito- bajo la órbita de la subsecretaría municipal de Salud,
comentó que su contrato venció el 29 de octubre. Hacía siete meses era empleado
municipal. “Que se nos renueven los contratos, o que el intendente nos
reciba y nos de las explicaciones del caso”, exigió en declaraciones a El Once.
Por otro lado, Alejandro Centurión, del Registro
de Conducir, pidió disculpas a los vecinos “porque es una complicación estar
acá”, pero aclaró que “seguimos por una falsa promesa”.
Lo que dice el archivo
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