La Corte Suprema, con extrema precaución, comenzó estemartes a transitar el pedregoso camino de la judicialización de la política. Laprofundiza la plena vigencia de la grieta que corporizan el Gobiernokirchnerista y la oposición de Cambiemos. Después de un prolongado silencio,producto de sus desacuerdos internos, comunicó que decidió no tratar el persaltum presentado por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces que elSenado se dispone a separar de la Cámara Federal. Significa, objetivamente, untriunfo para la vicepresidenta Cristina Fernández. Aunque podría ser sólotemporario.
Esta misma semana la Procuración de la Ciudad presentaráante el Máximo Tribunal su medida cautelar para que suspenda la quita de $45mil millones al distrito, dispuesta por Alberto Fernández para solucionar elconflicto policial en Buenos Aires. El pedido es para evitar el goteo de esosfondos hasta que los cinco jueces se expidan sobre la declaración deinconstitucionalidad de la medida que blande el jefe porteño, Horacio RodríguezLarreta. También resulta difícil prever novedades a corto plazo.
En el acuerdo del martes 8 el titular de la Corte, CarlosRosenkrantz, había planteado la necesidad de emitir alguna señal sobre Brugliay Bertuzzi. Existían en juego dos razones. Los traslados de ambos, desde unTribunal Oral Federal a una Cámara Federal, fueron avalados en abril del 2018por una acordada del propio Tribunal, luego de una consulta específica delentonces ministro de Justicia, Germán Garavano. La prescindencia, por otraparte, según la opinión de Rosenkrantz, podía significar una mala señal para unPoder Judicial que está en la mira del kirchnerismo. Entre varias cosas, con lareforma que aprobó el Senado y aún debe debatir Diputados.
En aquella ocasión Rosenkrantz recibió de sus colegas, enespecial Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, muestras de cierto desinterés. Laescena se repitió este martes, con una diferencia. Los magistrados consideraronque otro silencio resultaría nocivo para el Tribunal en vísperas deldesplazamiento de Bruglia y Bertuzzi que consumará el Senado. También está enjuego el pliego de Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7. Los dosprimeros fallaron como camaristas en varias causas contra ex funcionarioskirchneristas. En especial, la de los cuadernos de las coimas. Castelli esquien prepara el juicio en el TOF7 por dicho escándalo de corrupción.
Por ese motivo, Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, JuanCarlos Maqueda y Horacio Rosatti resolvieron que se abocarán a ese pleitocuando lleguen a la Corte por un recurso extraordinario, a través de las víasclásicas que también fueron activadas por Bruglia y Bertuzzi. Todos losmagistrados coincidieron en que la vía del amparo no sería el per sáltum.
Los especialistas coinciden en que, al margen de sulentitud, la Corte optó por la salida más previsible. También posiblementegravosa a futuro si resuelven defender su propia acordada y conceder la razón alos jueces objetados. Se planteará, de modo inevitable, un conflicto depoderes. Porque, como anticipó el senador Oscar Parrilli, portavoz de Cristina,Bruglia y Bertuzzi se irán inmediatamente de Comodoro Py. Reponerlos sería casipolíticamente inadmisible a futuro para el kirchnerismo. Que en términos dedesobediencia cuenta con prontuarios recordados.
En 1995 el Procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, fueseparado de su cargo por el entonces gobernador Néstor Kirchner. Habíacomenzado a investigarlo por supuestas maniobras dolosas. El funcionario llevósu causa hasta la Corte Suprema que ordenó en numerosas oportunidades lareposición en su cargo. Jamás fue acatada, ni por el ex gobernador DanielPeralta -a quien se e abrió un juicio por desacato- ni por Alicia Kirchner.
La situación presente de la Corte Suprema tampoco habilitala posibilidad de decisiones expeditivas. Rige una fragmentación interna quedificulta su funcionamiento. Viene desde la época de Mauricio Macri, cuandofueron incorporados al cuerpo Rosatti y Rosenkrantz. Se agudizó también desdeque Rosenkrantz corrió de la titularidad del Tribunal a Lorenzetti. En unamaniobra que tomó por sorpresa al abogado de Rafaela. Desde entonces ha sidodifícil la conformación de mayorías estables. Salvo con fallos contra laadministración macrista que siempre dejaron al presidente de la Corte votandoen soledad.
La disidencia es de tal envergadura, que la Corte Supremaaún no logró unificar ninguna postura respecto de una cuestión que le atañe demodo directo. La decisión del Gobierno, por imperio de Cristina, de evaluar lamodificación del número de jueces. Incluso su estructura: el proyecto dedividirla en Salas para lograr diluir su poder.
Esa realidad explicaría la cautela con que Rodríguez Larretaafronta su pleito con el Gobierno Nacional por los recursos incautados lasemana pasada para aplacar la revuelta policial en Buenos Aires. Laadministración del PRO diseñó una estrategia de dos pasos. Presentar un amparopara detener el descuento de fondos mientras los jueces deciden la cuestión defondo. La declaración pública del jefe porteño hizo hincapié en la necesidad deuna resolución rápida. Que, dadas las circunstancias de la Corte, difícilmentesuceda.
También el pasado, en este caso, posee algunos registros. Enmedio de la crisis, a días de las PASO, Macri dispuso en agosto del 2019 laeliminación del IVA para alimentos de la canasta básica. Se trata de unimpuesto coparticipable. Entre Ríos, junto a otras trece provincias,presentaron una cautelar para que no se retrajeran los fondos coparticipables.
Recién en octubre, con las firmas de Maqueda, Lorenzetti yRosatti (Rosenkrantz votó en disidencia) la Corte dispuso cautelarmente que loscostos fiscales de la decisión de Macri debían ser asumidos con recursospropios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que afectaba a lasprovincias.
Los tiempos dispuestos por el Máximo Tribunal no serían unaliciente para la Ciudad y su conflicto con el Gobierno. Los argumentosesgrimidos en aquella ocasión, aunque se traten de asuntos asimétricos, podríaencender, tal vez, una tenue luz de esperanza para el reclamo de RodríguezLarreta.
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