El ministro de Justicia Martín Soria se reunió ayer con 14mujeres fiscales para comenzar a discutir cuestiones ligadas a justicia yperspectiva de género. Pero más allá del temario fijado, el encuentro abordó unensayo de consenso para recibir propuestas de modificación a la Ley deMinisterio Público Fiscal que quedó trabada en el Congreso. El objetivo defondo: que los cambios al texto sancionado por Senadores lleguen de la mano defuncionarias dentro de la propia estructura de la Procuración, lo que podríaredundar en vencer las resistencias que hay hoy en Diputados y que impiden quese alcance el número para sancionar una nueva vía para designar al jefe de losfiscales, con mayorías reducidas y plazo para mandato. El Gobierno sabe que laredacción actual es inviable, sobre todo en los aspectos referidos al procesodisciplinario de remoción, cuyos parámetros terminan siendo lábiles y dejan enpocas manos los destinos de los fiscales, algo que genera mucho más queresquemor. Esta norma tiene muchas mejores perspectivas que la de reformajudicial de fusión de fueros. El norte al que mira el oficialismo es ponerlefin al interinato de Eduardo Casal, como prioridad.
El balance del encuentro es que las 14 fiscales queparticiparon indicaron que remitirían propuestas y que quedó claro que nadie enel Ministerio Público Fiscal aceptará un “cogobierno” con facultades ampliadasde la Comisión Bicameral dedicada a la materia. Es también una forma deesquivar a la Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo, quien yatambién se había mostrado crítico con la reforma y había pedido reunión conSoria. Muchas de las funcionarias que participaron del cónclave, virtual ypresencial, integran el colectivo que agrupa fiscales y que tiene lazos con laAsociación de Magistrados. Sus distintas extracciones y su representaciónfederal aseguraron pluralidad a un encuentro, alejado de una mera cuestiónprotocolar.
Entre las asistentes estuvieron las fiscales generalesMónica Cuñarro y Gabriela Baigún, su par federal Mariela Labozzetta y lasnacionales Laura Belloqui y Cinthia Oberlander, mientras que desde Santiago delEstero se conectó vía Zoom Indiana Garzón, cuyo nombre continúa vigente para uneventual recambio de Daniel Rafecas, en caso de que el candidato no acepte loscambios al método de nombramiento del Procurador. Participaron además VirginiaMiguel Carmona (La Rioja), María Marta Schianni (Córdoba), Ana Russo (LaPlata), María Hermida (Tierra del Fuego), Patricia Kloster (Santa Cruz), IaraSilvestre (La Pampa), María Minatta(Entre Ríos) y Cecilia Mcintosh de Pehuajó. Juan Martín Mena, N°2 deJusticia estuvo presencial.
Los planteos tuvieron como llave la perspectiva de género:alejadas de una aplicación teórica, solamente, las exposiciones tuvieronespecial énfasis en bajar a la práctica esa cuestión pero en lugares de poderdentro de la Procuración: un cambio de redacción en ese punto podría cambiar eleje del proyecto empantanado, pero también ser la polea que traccione un pasajeaceptable en Diputados y un regreso pacífico al Senado.
Así se mencionaron asegurar (y modificar) prácticasrelacionadas a los concursos, la elección de las ternas, la definición desubrogantes, la integración de las Procuradurías y sobre todo, los requisitosque se necesitan para asegurar independencia interna y externa tanto en elConsejo Evaluador (muy discutido por su integración discrecional) y el Tribunalde Enjuiciamiento (con un texto que hoy no logra convencer ni a los máscercanos al oficialismo, porque con 3 votos podrían recaer sanciones quecondicionen la independencia de los fiscales). Hubo tácito acuerdo en lasposiciones de todas las que participaron.
Hubo unanimidad también en otro punto: no se aceptaráncogobiernos de órganos del Congreso. Cuñarro recordó que desde el macrismo searrastran dos denuncias que están abiertas en la CIDH por manipulaciones enáreas de justicia que pueden derivar en sanciones pecuniarias. Y mencionópaíses ya sancionados como Uruguay, Guatemala y Venezuela. El rechazo de fondoes a la propuesta de que la Bicameral del MPF tenga injerencia porque chocaríacon el artículo 120 de la Constitución. Soria tomó nota de esa advertencia.
Las fiscales fueron muy críticas respecto a varios puntosque observaban de la redacción pero también de prácticas que lleva adelante laProcuración. Ejemplo de ello es la ausencia de transparencia con la que sedesigna al Tribunal de Enjuiciamiento. Y el poco foco puesto en los concursos ysus jurados. En síntesis, propusieron resetear toda la reforma atendiendo a unenfoque específico desde la “botonera” de la Procuración. Soria les dijo quetenía la orden presidencial de hacer los cambios necesarios para llegar a unconsenso. Ese parece ser el dato central de lo ocurrido ayer.
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