El Senado entrerriano, con el voto del oficialismo, aprobó
una declaración por la que pone de manifiesto “su repudio al Decreto de
Necesidad y Urgencia 669/19 del Poder Ejecutivo Nacional, por resultar
violatorio de los derechos constitucionales de los trabajadores damnificados
por accidentes y enfermedades laborales”. La iniciativa fue presentada hace dos
semanas y tenía pedido de tratamiento preferencial, con o sin despacho de
comisión.
El senador de San Salvador, Lucas Larrarte, expresó en el recinto que
la medida del gobierno nacional plasmada en ese decreto fue “inesperada”,
expresando que se aparece cuando el Congreso Nacional está funcionando con
normalidad en tiempo de sesiones ordinarias. Se trata de una medida que
introduce modificaciones en el sistema de cálculo de las indemnizaciones que
deben recibir los trabajadores desde las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo
(ART) cuando sufren algún siniestro.
“Ese decreto, cuando es analizado, tiene
como objetivo reducir los derechos de los trabajadores. Menguar el monto a
percibir, es muy malo para el trabajador. El gobierno introduce el uso de un
índice para hacer los cálculos”, explicó el legislador. Con un dejo de ironía y
para poner en contexto el origen de este instrumento considerado dañino para la
clase trabajadora, indicó que “hace algunas semanas el presidente Macri se dio
cuenta que las cosas no andaban muy bien y decidió lanzar un reperfilamiento de
parte de la deuda que tenía el Estado Nacional en bonos y en pesos” y precisó
que las crónicas dieron cuenta de inmediato que había un impacto sobre las
aseguradoras y los fondos comunes de inversión.
Lo que dice el archivo
Para Larrarte el decreto no es
más que una suerte de resarcimiento para esos sectores perjudicando a los más
débiles del sistema, que son los trabajadores. Cuestionó la violación de este
decreto a normas constitucionales. Una de ellas es esencial a nuestro sistema
de Gobierno, hiere la República que dice defender la administración
circunstancial del Estado, porque el Ejecutivo toma para sí atribuciones que
son propias del Congreso. “Este decreto no tiene ni necesidad, ni urgencia”,
fustigó Larrarte.
Indicando que cuando se trató
de la emergencia alimentaria, el gobierno nacional no sintió urgencias y envió
un proyecto para que sea discutido por ambas Cámaras. Indicó que esto es
claramente diferente cuando se trata de atender a un sector que no tiene
necesidades alimentarias, pero “si un gran poder de lobby”. Para de algún modo
paliar el impacto sobre las aseguradoras sintió necesidad y urgencia. No tomó
esa herramienta expedita para ocuparse de las partidas alimentarias para
asistir a sectores humildes.
“Ese decreto, cuando es analizado, tiene como objetivo reducir los derechos de los trabajadores. Menguar el monto a percibir, es muy malo para el trabajador. El gobierno introduce el uso de un índice para hacer los cálculos”
“Para perjudicar a los trabajadores no dudo en
emitir este decreto”, afirmó. Sumó a las violaciones que promueve el decreto
669, la del principio de progresividad. Recordó que la Corte Suprema y los tribunales
superiores de las provincias han reconocido en materia laboral este principio
de progresividad, ya que una fórmula se puede modificar para mejorarla, “no
para empeorarla”, enfatizó. Añadió que sorprendentemente con ese decreto se
aplica retroactividad, perjudicando así aún más, porque apunta incluso al
intento de quitar derechos adquiridos por los trabajadores.
Para el senador
Larrarte no es casual que en apenas días se hayan producido fallos reparadores
destinados a proteger a los más débiles y afectados por esta medida del
gobierno nacional y puso como ejemplo el difundido caso del reconocido
periodista Miguel Fernández (Tití), ya que un fallo en su favor declaró
inconstitucional el decreto de Macri. También hubo presentaciones en contra
desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
También hay un
fallo en contra del decreto en Gualeguaychú. Firmaron el proyecto los
representantes de San Salvador, Concordia, Uruguay, La Paz, Islas, Villaguay,
Feliciano, Federal y Tala, Lucas Larrarte, Ángel Giano, René Bonato, Aldo
Ballestena, Daniel Olano, Mario Torres, Miriam Espinoza, Nancy Miranda y Héctor
Blanco, respectivamente. Solo votó el rechazo el bloque del Frente para la
Victoria.
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