El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció este lunes que su gestión comenzará una revisión de los planes sociales otorgados por la ANSES a ciudadanos extranjeros que no residan en Salta.
La medida, comunicada a través de las redes oficiales del gobierno provincial, forma parte de una serie de acciones que, según el mandatario, tienen como fin “defender los intereses de los argentinos”, en consonancia con la reforma migratoria presentada por el gobierno de Javier Milei.
“Insistimos en la necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los perciben sin residir en nuestro país”, expresó Sáenz, señalando que el Gobierno nacional “está trabajando en esa dirección” y que su administración está “colaborando en todo lo necesario para que eso sea posible”.
El mensaje fue rápidamente respaldado por el presidente Javier Milei, quien lo compartió en sus redes sociales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también manifestó su apoyo a la iniciativa en el contexto de la reforma migratoria impulsada por el Ejecutivo nacional.
Sáenz celebró dicha reforma y afirmó que su provincia la ha estado reclamando “desde que asumí como gobernador, dado que es una provincia con pasos internacionales”.
En esta línea, consideró que las medidas promovidas por el Gobierno representan “un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país y de los argentinos”.
La provincia de Salta limita con Bolivia y Paraguay, y cuenta con pasos fronterizos de alta circulación, como Salvador Mazza y Aguas Blancas, donde se observa un intenso flujo migratorio y comercial.
En reiteradas ocasiones, las autoridades provinciales han expresado su preocupación por el uso de servicios sociales por parte de personas que no residen de manera permanente en el país.
La medida de Sáenz se suma a una serie de anuncios recientes del Ejecutivo nacional en materia de control migratorio, que incluyen la agilización de procesos de expulsión para personas con antecedentes penales y una revisión de las normativas de residencia.
Entre las reformas, se estableció que los extranjeros deberán presentar una declaración jurada al ingresar al país, en la que manifestarán los motivos de su entrada y se comprometerán a respetarlos.
A su vez, se reforzó el control sobre la documentación presentada por los inmigrantes, exigiendo que sea auténtica y veraz, y se endurecieron las sanciones para aquellos que ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos.
Como parte de las reformas vinculadas a la educación superior, el decreto indica que las universidades públicas podrán establecer retribuciones para los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
Entre los puntos centrales de la reforma, se definió la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, cuyo objetivo es fomentar la inversión extranjera en el país a través de la concesión de la ciudadanía a quienes realicen inversiones significativas. Esta medida busca atraer capitales extranjeros y generar empleo, contribuyendo al crecimiento económico de Argentina.
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