Rogel dijo que esta situación tiene dos partes, en primer lugar la del Gobierno provincial “que evidentemente acicateó, cuando era oposición, todo el reclamo que estaba dando vuelta, y una vez que se sentaron en el sillón del gobierno no tenían ninguna propuesta para resolver los conflictos que habían en el Estado”. “El gobernador -agregó- hasta el momento, como en otros casos, practica la política cortita del día a día, esto lo dijimos cuando rechazamos la aprobación de esta ley”. Para el legislador “el otro componente es la insensibilidad y el desatino con que están mirando la realidad económica de la provincia y del país los magistrados entrerrianos, en un país donde los trabajadores hace más de 14 años no reciben aumento salarial”.
Sostuvo que el reclamo de los jueces se produce “en medio de una situación donde los únicos que se perjudicaron con la Ley 9.538 fueron los trabajadores y sin embargo han aceptado la tregua que le propuso el Gobierno”, a la vez que consideró que “no pueden ser que quienes deben impartir justicia, hayan planteado esta acción de inconstitucionalidad”.
El legislador paranaense sostuvo que “hay principios jurídicos básicos que establece que nadie puede juzgar donde tenga un interés propio. En definitiva hay que tomar en cuenta el viejo concepto popular que no se puede ser juez y parte”.
En este sentido el diputado indicó que presentará el martes en la reunión de su bloque un proyecto de ley planteando la modificación de la Ley 8.369 de procedimientos constitucionales para establecer claramente el principio de que los jueces se deban excusar y no puedan fallar en causas propias o donde tengan un interés propio.
Por último el legislador entendió que “los jueces deben tener una conducta de sensibilidad y solidaridad primero con los trabajadores del sector y luego con el conjunto de los trabajadores estatales”. A la vez, consideró que “el Gobierno deberá, además de contestar la demanda y no dejar vencer los plazos como ocurrió con la actual fiscal de Estado en una causa radicada en el juzgado de Concepción del Uruguay, llamar a una mesa de concertación en la que los jueces deberán acordar una solución de fondo donde el principio de intangibilidad pueda, por consentimiento propio, ser adaptado a la crisis económica”.
Fuente: Cronista Digital

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