Los pasillos de la Secretaría de Agroindustria son un
verdadero hervidero. La novedad es que el malestar no se debe a las protestas
que hay sobre Paseo Colón por la ola de despidos, sino a las retenciones
móviles que anunció el Gobierno la semana pasada.
Es que el entrerriano Luis Miguel Etchevehere culpó a las agroexportadoras
nucleadas en CIARA-CEC porque se adelantaron a la medida y unos días antes inscribieron
8,5 millones de toneladas en el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al
Exterior (DJVE).
Lo que dice el archivo
El ministro reaccionó con furia y les solicitó a las firmas
documentación que respalde las operaciones. Los empresarios aseguran que las
inscripciones se hicieron en el marco de las normas vigentes y que se
presentarán ante todo organismo que lo solicite.
Sucede que con las inscripciones de las 8,5 millones de
toneladas unos días antes del cierre del registro, las compañías no pagarían
unos u$s 140 millones que corresponderían a la nueva tasa anunciada de cuatro
pesos por dólar.
Los que están cerca de Etchevehere cuentan que el secretario pasa por sus peores días en el Gabinete dado que, no sólo fue denunciado por defraudación contra la administración pública, sino que en la Casa Rosada vuelven a acusarlo por negligencia.
Ahora las miradas apuntan contra el jefe de Gabinete de
Agroindustria, Santiago del Solar. Se trata de un hombre con extensa
trayectoria en AACREA y en la Sociedad Rural (SRA) que algunos le adjudican ser
el “monje negro” de Etchevehere.
Del Solar admitió ser el autor de un audio de Whatsapp en el
que adelanta al presidente de AACREA, Francisco Lugano, detalles de la medida
que finalmente se tomó. Y no solo eso: también reconoció que Etchevehere llamó
a otras entidades.
Lo que dice el archivo
De inmediato se generó un enorme grado de polémica porque
Agroindustria no podía comunicar nada hasta la publicación de la medida en el
Boletín Oficial dado que rigen los principios particulares del Código de Ética
en la Fundación Pública.
El artículo 19 de dicho Código -que habla de
“Discreción”- dispone que “el funcionario público debe guardar
reserva de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en
ocasión del ejercicio de sus funciones”.
Comentarios
0 comentariosSé el primero en comentar esta nota.