Tras casi un año sin acuerdo político para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema, el presidente Javier Milei firmó este martes el decreto para nombrar en comisión al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla. El gobierno pretende que asuman cuanto antes pero el proceso requiere la intervención de la Justicia. Las repercusiones entrerrianas.
Milei resolvió en esta semana
firmar el decreto que llevó el número 137/2025, mientras el Congreso está “cerrado” debido a que no hay sesiones extraordinarias y las ordinarias recién se inauguran el sábado, en lo que fue el desenlace de un proceso complejo que empezó en marzo del año pasado, con la comunicación de las nominaciones, y se trabó la semana pasada por diferencias con el kirchnerismo en el Senado.
Decreto de Milei que promueve a los jueces a la CSJN.
En el comunicado que oficializó los nombramientos se destacó que “la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura”.
Lo que dice el archivo
También resaltó que “es fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. El Senado debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”.
Más allá de las aspiraciones que tiene el Gobierno para que se acelere la asunción, todavía quedan aspectos que quedan fuera de su dominio y deben pasar por el tamiz de otros actores que juegan con reglas y lógicas diferentes.
Al ser juez federal y estar a cargo de dos juzgados de Comodoro Py, Lijo tenía previsto presentar un pedido de licencia extraordinaria que requerirá de la intervención de la Cámara Federal y, luego, de la propia Corte, que preside Horacio Rosatti, y que integran Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Lo que dice el archivo
Del resultado de ese trámite dependerá el futuro inmediato de una de las dos designaciones en comisión que hizo el presidente Milei. Hay jurisprudencia que avala y otra que rechaza la retención de un juzgado inferior para cumplir una función provisoria de una instancia superior. El interrogante respecto de sí la Corte desconocerá un decreto del presidente Milei o lo convalidará, se resolverá en las próximas horas.
Repercusiones entrerrianas al decreto de Milei
Luego de la firma del decreto que promueve a Lijo y a García-Mansilla, las redes estallaron con repercusiones de políticos entrerrianos que opinaron sobre la decisión de Milei.
La diputada nacional Carolina Gaillard compartió una reflexión de la abogada Graciana Peñafort, quien consideró que “el mayor problema que tenemos con Milei es su tendencia a dictar decretos para sortear al congreso… quienes deben controlar esos decretos en ultima instancia es la corte suprema. Bien, ahora tenemos 4 de 5 miembros que aceptaron integrar la corte”. Luego, Gaillard ratificó su rechazo -en bloque con UxP- por “inconstitucional, arbitrario, irregular y peligroso para la democracia”.
https://twitter.com/CaroGaillard/status/1894717969248178537?ref_src=twsrc%5Etfw
La senadora radical Stella Olalla de Moreyra (JxC), en tanto, replicó el comunicado del Comité Nacional de la UCR que sentencia: “El decreto de Milei es un desprecio a la Constitución e implica un avance en su lógica autoritaria”.
https://twitter.com/hashtag/Comunicado?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
En este marco, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos
también dio a conocer un comunicado
repudiando las designaciones de los magistrados mediante el decreto que emitió
titular del Ejecutivo nacional.
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