El diputado provincial Jorge Monge (UCR en Cambiemos), cuyo
mandato vence el martes, presentó un proyecto de ley para impedir, o al menos
dificultar, que los legisladores provinciales ejecuten las conocidas maniobras “camaleónicas”
que los llevan a cambiar de color político y saltar de un bloque a otro durante
el ejercicio de su función.
En un comunicado de prensa el diputado diamantino advirtió
que “ante el ‘transfuguismo’”, presentó un proyecto que “declara la pertenencia
de ‘las bancas’ a los ‘partidos políticos’”. Esto haría que los legisladores
que pretendan abandonar el bloque del partido o frente por el que fueron
electos deban elegir entre perder la banca o desistir de la actitud
camaleónica.
En particular, Monge se refirió a los tres diputados
nacionales del PRO (Pablo Ansaloni, Beatriz Avila y Antonio Carambia) que esta
semana se fueron de dicho bloque y del interbloque Cambiemos y conformaron uno
nuevo de identidad “provincial” e independiente de las grandes bancadas. “Esto reactualiza
el debate sobre la pertenencia de las bancas legislativas”, dijo Monge y
presentó la iniciativa que dispone que los partidos pueden revocar el cargo de
sus legisladores.
Jorge Monge.
Aunque el diputado radical haya contextualizado su proyecto
con lo ocurrido a nivel lo nacional, sirve de alerta y de intento de controlar
los impulsos camaleónicos que pueden llegar a darse en la Legislatura
provincial en el período que inicia. En entre Ríos hay sobrados casos de “borocotizaciones”
de legisladores en los últimos años.
En particular, la bancada de Cambiemos tiene en su nueva
composición un fiel exponente del paso indiscriminado por numerosas fuerzas
políticas: Juan Domingo Zacarías. El paranaense este viernes conformó su bloque
unipersonal Movimiento Social Entrerriano, que por ahora quedó incluido en el
interbloque Juntos por el Cambio, alianza por la que Zacarías fue electo en
junio. En la lista confluyó con candidatos del PRO y la UCR, quienes este viernes
constituyeron respectivos bloques dentro del interbloque opositor.
Lo que dice el archivo
Zacarías fue electo diputado nacional en 1997 e integró el
bloque del Partido Justicialista. En 1999 abandonó la bancada y conformó su
unipersonal Movimiento Social Entrerriano, que sostuvo hasta mayo de 2001. En
ese mes saltó al bloque del ARI, de Elisa Carrió.
Sin embargo, años después, en 2006 rompió con el ARI, luego
de rechazar los intentos de algunos dirigentes de conformar una alianza a nivel
local en Entre Ríos con el radicalismo.
Lo que dice el archivo
Más cerca en el tiempo, Zacarías integró entre 2014 y 2015 la
aventura massista en Entre Ríos. El Frente Renovador se alió para las
elecciones 2015 con la UCR y el PRO para presentarse dentro de Cambiemos en la
provincia. Pero el acuerdo duró poco y se rompió. El massimo salió de Cambiemos
y se presentó aparte. Pero Zacarías quedó dentro de la coalición macrista,
gracias a un acuerdo con Rogelio Frigerio.
Ese acuerdo le permitió desempeñarse los últimos años como
responsable de la ANSES en Entre Ríos y, a comienzos de este año, integrar entre
los primeros lugares la lista de candidatos a diputados provinciales de
Cambiemos. Este viernes juró su banca.
Lo que dice el archivo
En los años recientes de la política provincial hay otros
casos de fugas. En el período legislativo que está por terminar quedan para el
archivo los pases del senador por Tala, Héctor Blanco, al bloque Justicialista,
luego de haber sido electo por Cambiemos. En la Cámara de Diputados, Gustavo
Zavallo y Mariela Tassistro saltaron de bloques massistas (cada uno de uno
distinto) a la bancada oficialista.
Lo que dice el archivo
Transfuguismo
El proyecto de ley de Monge define que transfuguismo es “el
vocablo con el que el idioma castellano define a quien ‘pasa de una ideología o colectividad a otra’
o ‘se cambian de bando’” y recuerda que “el escándalo liminar del transfuguismo
político en Argentina –aunque no fue el primer caso en nuestro país -se dio con
Eduardo Lorenzo Borocotó en 2005. Electo
diputado nacional por el PRO se pasó a las filas del kirchnerismo gobernante
aun antes de asumir su banca, sacrificando no sólo su honracon tan condenable
accionar político sino también su popular apodo, toda vez que el transfuguismo
criollo encuentra su mejor definición en el neologismo borocotización’”, acotó.
“Sobran ejemplos en
todos los niveles estatales de esta forma de fraude a la voluntad
popular (que) constituyen una suerte de ‘contrabando en la representación
política’”, acentuó Monge.
El proyecto de ley pretende establecer que ‘las bancas de toda representación
legislativa provincial, municipal o comunal pertenecen a los partidos políticos
que han intervenido en el acto electoral y han nominado sus candidatos” y
dispone que “cada partido tiene la atribución de determinar si la forma en que
es ejercida su representación o mandato responde al programa y doctrina
política que sirvió para la exaltación del candidato al cargo que ocupa”.
En caso de “incumplimiento en el ejercicio de su mandato”,
el texto establece que “a solicitud del órgano deliberativo máximo partidario y
con todas las garantías del derecho de defensa se podrá requerir la revocación
del mandato del representante y su sustitución por el suplente correspondiente
ante la justicia electoral”.
Lo que dice el archivo
A su vez, prevé que “se pueda afectar el orden normal de
reemplazo cuando la elección del representante removido hubiese sido a través
de un frente o alianza electoral a efectos de permitir el ingreso de un
reemplazante del mismo partido que hubiese conformado el frente o alianza
electoral”.
Según Monge, el camaleonismo “es un comportamiento ilegal que la constitución en modo alguno puede amparar”.
En la argumentación, la iniciativa radical observa que “en
el marco actual dispuesto por la Constitución Nacional las bancas de los
representantes políticos (diputados, senadores y concejales) son de pertenencia
de los partidos que postularon las candidaturas triunfantes, de modo tal que la
desvinculación del representante electo del partido que le posibilitó el acceso
a la banca que ocupa es un claro incumplimiento del contrato o acuerdo sui
generis que lo une con la ciudadanía que lo votó”.
El proyecto
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