Por decreto, el gobierno dejó de ser querellante contra Edgardo Masarotti

El Foro de Abogados Radicales manifestó su preocupación por el Decreto N° 2.034 publicado en el Boletín Oficial del 31 de mayo “el cual, siguiendo el criterio sustentado por el Decreto N° 1.363 de extinción de las sanciones y sumarios administrativos a los luchadores sociales ahora se entromete en cuestiones judiciales”.

Este accionar parece pretender, bajo la máscara de una lucha social, lograr la impunidad de hechos delictivos, constituyendo un mensaje contradictorio para la sociedad, ya que utiliza la estructura estatal para amparar conductas no sólo reprochables penalmente sino también repudiadas por toda la sociedad sin distinción de banderas políticas”, indica el comunicado de los letrados radicales.Según los abogados, la Fiscal de Estado Claudia Mizawak y el gobernador Jorge Busti deberán responder “por la reclamación patrimonial que debe ejercitarse contra ATE y Massarotti por los daños ocasionados, lo que generó un gasto a la anterior gestión de alrededor de 15.000 pesos”.

Sostienen los abogados que, basados en este criterio, los bienes del Estado afectados por el uso de la fuerza en protestas gremiales “no serán reprochables”.