Pensar y actuar en clave de salud

En Entre Ríos, más de 300.000 afiliados sostienen con su
salario una obra social que históricamente fue administrada por los propios
trabajadores. Esa pertenencia, que no es menor, ha sido la clave para sostener
un sistema solidario que, con sus falencias, ha sido durante décadas un
resguardo frente a la incertidumbre del sistema de salud en la Argentina.

En este contexto, resulta indispensable dejar en claro que
el IOSPER no es la obra social de todos los entrerrianos. Es, con justicia y
precisión, la obra social de los trabajadores y jubilados del Estado
provincial. Son ellos quienes la sostienen con sus aportes. Desdibujar esta
realidad para ajustarla al discurso oficial de la transparencia y la eficiencia
estatal es, cuanto menos, imprudente.

En estos días, el oficialismo intenta instalar que no se
trata de una disolución del IOSPER, sino de su relanzamiento. Sin embargo, los
hechos, las consecuencias y los términos del proyecto enviado a la Legislatura
configuran otra realidad: se disuelve el directorio elegido por los
trabajadores, se elimina el voto directo de los afiliados y se reemplaza el
modelo solidario por un esquema de control centralizado desde el Poder
Ejecutivo abierto al gerenciamiento privado y un nuevo esquema de aportes.

Además, es importante resaltar que las denuncias de
corrupción que se mencionan en los medios, y que justificaron la intervención y
ahora el proyecto de ley de disolución de la obra social, se sostienen
únicamente en versiones mediáticas. No se ha hecho pública la auditoría que
comprometió la intervención, ni se han denunciado penalmente los señalamientos
de irregularidades.

Este silencio sólo aumenta la desconfianza de los
trabajadores y afiliados, que son los verdaderos afectados en este proceso. La
intervención se presenta como la solución, pero sus resultados visibles hasta
el momento han sido alarmantes: aumento de los coseguros, demoras en la entrega
de medicamentos, cambios en el sistema de internación, la instalación de un
dudoso sistema informático, cuya capacidad y efectividad aún están por
demostrarse, entre otros hechos concretos.

En este contexto, se les endilga a los empleados del IOSPER
la responsabilidad de la situación de la obra social, en un intento de desviar
el eje y justificar deficiencias que son propias de una intervención que nunca
supo cómo abordar la crisis del IOSPER de manera efectiva.

El proyecto enviado por el Ejecutivo presenta vacíos legales
preocupantes, abre la puerta al gerenciamiento y habilita un mecanismo por el
cual el controlado podría elegir a su propio controlador. Esto es especialmente
grave cuando se trata de una institución que administra los recursos sanitarios
de cientos de miles de personas.

Aún así, celebramos que el Poder Ejecutivo haya puesto el
funcionamiento del IOSPER en el centro del debate público. Era necesario. Lo
que lamentamos es que lo haya hecho con una iniciativa equivocada, que no
recoge las experiencias, demandas ni urgencias de quienes realmente hacen al
sostenimiento y funcionamiento de esta obra social.

Es posible y necesario una norma actualizada que brinde las
respuestas que necesitan sus afiliados, pero no desde la imposición, sino desde
el diálogo genuino. Una ley superadora que respete los principios solidarios,
que mejore los controles, que profesionalice la gestión, y que fortalezca el
rol de los trabajadores en la toma de decisiones. Porque la obra social no es
un botín a administrar, sino un derecho a garantizar.

(*) Presidente del
Bloque de Senadores Justicialistas, médico cardiólogo y doctor en Medicina.