
Dos trabajadores municipales que tenían funciones de seguridad en el Suoyem fueron procesados en la causa que investigó amenazas sufridas por inspectores de la comuna que controlaban las habilitaciones de comercios. El operativo que generó la tensión y las amenazas a los inspectores se desarrolló en la noche del 27 de enero. Al llegar los funcionarios de Inspección comercial y de Habilitaciones al bar del Club Social, en la Peatonal, verificaron que la documentación existente para funcionar era apócrifa, tanto los sellos como las firmas. Ante esto, se dispuso la clausura del lugar. En medio del procedimiento se estableció que existían decorados realizados con materiales inflamables, sin exhibir matafuegos ni plan de evacuación del lugar. Si a esto se suma que los titulares del comedor no pudieron exhibir la documentación que avalara su actividad como bar con elaboración de comida, es que se avanzó con la clausura preventiva. El operativo estuvo a cargo de tres inspectores y el subdirector de la Agencia Fiscal Municipal. En esa circunstancia el titular del bar se comunicó por teléfono con la persona que le había otorgado la habilitación y al pasarle el celular a los inspectores, recibieron una serie de amenazas y agresiones verbales, al tiempo que les ordenó dejar sin efecto la clausura. El nivel de agresiones creció al punto tal que los inspectores y el funcionario recibieron amenazas de muerte e intimidaciones por parte de dos empleados municipales que irrumpieron en el local gastronómico. Estas dos personas fueron denunciadas en el Juzgado de Instrucción de Elvio Garzón, que este viernes al mediodía resolvió la situación procesal de los acusados. Custodios en el gremioDesde Tribunales se confirmó a que el magistrado resolvió dictar el procesamiento de los dos imputados, que en la causa además aparecen como personal de custodia del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem). El juez tras analizar los testimonios de los testigos, las víctimas y los elementos recolectados en la causa, llegó a la conclusión de que en esta etapa de instrucción los dos trabajadores deben ser procesados por los delitos de Resistencia a la autoridad, en la persona de los inspectores y el funcionario municipal. En definitiva, encontró comprobado que los aprietes y amenazas existieron, por lo que dispuso la medida judicial que alcanza a los trabajadores José Carlos Luna de 40 años y Carlos Rivero de 41, que cumplen tareas en áreas que nada tienen que ver con Habilitaciones Comerciales. En la causa se da como ocurrido el incidente en el bar del Club Social, como también el episodio denunciado tres días más tarde, donde la autoridad de Medio Ambiente de la comuna recibió otra serie de amenazas y aprietes por la decisión de clausurar comercios que ya tenían un permiso, por el cual los responsables de la acción irregular cobraron una suma de dinero a determinar en otras causas judiciales. No se descartó que en las investigaciones judiciales se pueda llegar a establecer qué persona fue llamada por teléfono para amedrentar a los inspectores y al funcionario municipal. Se han efectuado distintas pericias para establecer quién es el titular del número de teléfono celular en cuestión. No se descartó que haya sido algún exfuncionario que podría estar ligado con un sindicato local.
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