Desde hace algunos días se viene
escribiendo sobre un supuesto complot para asegurar la impunidad del ex
Gobernador y actual Embajador, Sergio Urribarri, en tanto se produciría la
apertura del Jury de Enjuiciamiento a la Dra. Cecilia Goyeneche, actual Procuradora
Adjunta en funciones de Fiscal Anticorrupción de E. Ríos, quien según algunos
sería tan imprescindible en la lucha contra la corrupción y las mafias, que si
metiera sus manos en balde lleno de agua dejaría huellas.
porque los miembros del Jury que votaron en el proceso de apertura fueron
nombrados por gobiernos justicialistas o son justicialistas. A ellos les
informo, por si acaso, que tanto Jorge García, nuestro Procurador, fue
designado por el gobierno justicialista de la mano de José Carlos Halle, siendo
Gobernador Jorge Pedro Busti, como que la Sra. Goyeneche, ingreso a la función
judicial también en épocas de gobierno justicialista, aunque por concurso ante el CM y donde uno de
los Jurados Técnicos – que le otorgó el más alto puntaje-fue el Dr. Rubén
Pagliotto, a quien hoy muchos convidados de piedra consideran su enemigo,
aliado a los funcionarios y funcionarias que están siendo juzgados por graves
actos de corrupción.-.
Otros, entre ellos los propios
acusados o denunciados, ven un furibundo ataque a las instituciones, al
servicio de justicia, a su valentía y osadía de llevar adelante las causas de
corrupción en la provincia, cuando a decir verdad en todos estos años desde que
Urribarri dejó el poder sólo han juzgado a “perejiles”, como que en la mega
causa de los Contratos truchos en la legislatura, no existen imputados y
remitidos a juicio más que personajes de tercera y cuarta línea. Porque
convengamos en algo sensibles defensores de sendos Procuradores denunciados:
Juan Pablo Aguilera tiene el gran (y creo que único) “mérito” de ser el cuñado
del ex gobernador. Después, por precisas y expresas directivas del Procurador
General, quien lo ha dicho públicamente, han separado o escindido la causa en
una suerte de capítulos, lo que ha permitido que ningún vice gobernador, presidente de la Cámara de Diputados o
legislador de alguno de los cuerpos legislativos (Senadores o Diputados) sea
siquiera citado a declarar, bajo la promesa, incierta y lábil, que en el futuro
lo harán. Ello así, además de ser un
argumento falaz que esconde una suerte de pacto de impunidad, luce como un
galimático despropósito procesal, que habilitaría, sin dudas, a que los
defensores de los nuevos imputados, enarbolen planteos que seguramente tendrán
favorable acogida por instancias superiores.-
La Constitución Provincial, ley
fundamental de Entre Ríos, establece claramente que los funcionarios y
empleados públicos de los tres poderes del Estado, de los municipios y de las
comunas, sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Deben observar, en
el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la ética pública, la que
constituye un valor social que hace a la esencia del sistema republicano.
Cosa que los miembros del Ministerio Público Fiscal denunciados ate el Jury
parecen olvidar, ubicándose en una intolerable posición de privilegio, donde
cualquier denuncia y/o investigación dirigida a ellos debe leerse o
interpretarse como un ataque al Poder Judicial y, muy especialmente, a la función
investigativa del Ministerio Público Fiscal, titulares de la acción penal. Pues
bien, deben o deberían entender -de una
vez y para siempre- que todos somos iguales ante la ley, aunque según ellos
-eso se colige o barrunta de sus mensajes- unos
son más iguales que otros.-
El vivir y convivir en un Estado Constitucional de
Derecho, implica no sólo someterse y respetar las normas, sino también permitir
que funcionen cabalmente las instituciones de la República y velar por el irrestricto cumplimiento de las
mismas. No caben dudas a este respecto, de que quien suscribe estas líneas si
comete un delito debe ser juzgado por la justicia penal ordinaria; si cometo
una falta de tránsito, por un juez de falta y eso es de esta manera, justamente,
porque así se organiza una sociedad, en beneficio de todos sus ciudadanos y
ciudadanas.-
Pues bien y dicho lo cual, si el Procurador o
la Procuradora adjunta cometieron una falta o no cumplieron acabadamente con
sus deberes, pueden y deben ser sometidos al Jurado de Enjuiciamiento, porque
así lo manda la Constitución y las leyes reglamentarias. Luego se verá, si es
culpable o inocente.
En nuestro caso, tenemos la más
plena convicción, que no nos equivoquemos, pues no se trató de un simple error,
de una equivocación, de la que nadie está exento y que forma parte de la
condición humana. Aquí existió una conducta dolosa, deliberada, de callar una
relación entre imputado e investigadora que generaba una objetiva
incompatibilidad, y luego una segunda (in) conducta de negar expresamente los
hechos que daban pábulo a esa cuestión que debilitaba el deber inexcusable de
objetividad y generaba temor de parcialidad, con el mayúsculo e inexcusable
agravante que ello se realizó y tuvo lugar ante una audiencia pública, que además quedó
viedograbada oficialmente, formando parte del legajo de la investigación penal
preparatoria.
Nada hubiera pasado,
absolutamente, si la Sra. Procuradora
Goyeneche hubiera reconocido antes de que se lo enrostren desde las defensas de
los imputados, ser condómina de dos propiedades, cobrar conjuntamente un
alquiler con uno de los imputados y apartarse oportunamente de la
investigación. Tampoco se trata de “machismo” el hecho de señalar la amistad de
su esposo con algunos de los imputados de la causa “Contratos Truchos”, que
sería suficiente a mi entender -poniéndome en su lugar- para apartarme de la
investigación, pero de ninguna manera por ser el macho alfa, sino porque lo haría a la inversa en caso de que mi
esposa estuviera relacionada con imputados que debo investigar. Sí interesa y
mucho, que no solamente habría sido amigo de los imputados, sino que prestaba
sus servicios profesionales en el mismo estudio contable que se utilizó para
perpetrar la mega defraudación. Sí interesa y muchísimo, el trato intimidatorio
y violento que le propinó al cadete que tuvo el tupé de mencionar que el cónyuge
de la Sra. Procuradora trabajaba en el mismo estudio contable y de describirlo
físicamente ante una pregunta de la propia Dra. Goyeneche, en audiencia también
videograbada. También se trata del distinto y ostensiblemente discriminador
trato brindado a los imputados de la causa, pues todos aquellos que no integraron el
estudio contable de esposo sufrieron prisión preventiva, mientras coimputados
por los mismos delitos, pero que pertenecían al Estudio Contable que integraba
su marido, transitaron el proceso en uso de la libertad; y aclaro, por las dudas algún progre de
ocasión pretenda redoblarme la apuesta, que no estoy de acuerdo con las prisiones preventivas
indiscriminadas y como adelantos de pena; aunque la súper fisca, algunos son
más merecedores que otros.-
Suponer que nosotros junto al Dr.
Rubén Pagliotto pretendemos beneficiar a los corruptos o a las mafias, es de
una estupidez supina nunca vista. Fuimos nosotros y no los susceptibles
Procuradores denunciados ante el Jury, quienes instamos la mayoría de las denuncias
en contra de estos personajes desde por lo menos los años 2012/2013, mientras
el Procurador General miraba para otro lado y se hacía el desentendido. Tómense
los propios denunciados y su claque corporativa de aplaudidores de hacer un
análisis de quiénes formularon – en soledad- la mayor cantidad de denuncias por
supuestos actos de corrupción en la Provincia y fuera de ella, desde la causa
contra el Jardinero Presidencial Barreiro, las cosechadoras truchas a Angola
del Grupo Senor, hasta denuncias contra Urribarri, Cardona Herreros, Vitullo,
Cierre Norte Eléctrico y Gasífero, Mesa de Dinero en el Senado Provincial,
Irregularidades en los Planes de Viviendas, Expedición de Títulos de nivel
secundario, sobreprecios en la trama
vial de varios municipios entrerrianos, Sidecreer, Dádivas a favor de Urribarri
por parte de los dueños de Canal 9;
contra Pietroboni, Cristina F. de Kirchner, Julio De Vido, José López y
otros por el sobreprecio en la obra pública vial, los retornos (coimas) y
facturas apócrifas para simular gastos inexistentes, incluso los amparos contra
la misma Procuración por su cerrazón sistemática a entregar información pública
no publicada, apelando a excusas berretas y de baja factura intelectual.-
Fue el Dr. Rubén Pagliotto, por si no lo
recuerdan, quien sufrió el alevoso ataque
a su estudio jurídico de calle Laprida, en un claro e inequívoco mensaje
mafioso. Pero también fuimos nosotros y no los egregios Procuradores, los que tuvimos que demostrar mediante experimentados
Peritos de la Policía Científica de Córdoba primero, y después por los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la
pericia hecha por la Policía de Entre Ríos y coordinada por el MPF, era
falsa en cuanto determinaba que el estudio había sido abierto desde adentro, en
una suerte de escena armada (auto atentado) y no como finalmente se determinó
por ambos estamentos de expertos, que
fue un acto criminal.-
Se trata señores Procuradores y
defensores de los mismos, de respetar a rajatabla el Estado de Derecho, de
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas legales y de que aquellos
que se aparten de ese camino paguen las consecuencias, sean estos particulares,
funcionarios públicos, jueces o fiscales, permitiendo el limpio y libre juego de la instituciones
creadas a tal fin.
Ahora resulta que ambos letrados
somos parte de un plan maquiavélico para
generar miedo en los fiscales, jueces y funcionarios judiciales y consolidar
la impunidad en Entre Ríos de corruptos y mafiosos, y tras cartón, que lo haríamos por las enormes deudas que
tenemos con los corruptos o por grandes favores debidos.- Por favor colegas
magistrados, fiscales, defensores y opinadores varios, a veces la soberbia es
la peor consejera, aunque la imbecilidad humana, tiene resultados fatales. La
combinación de soberbia e imbecilidad es un cóctel peligrosísimo con resultados
deletéreos inimaginables.- O está de acuerdo con mi postura o formás parte de
la matriz de corrupción, según el
criterio de mi amigo (o ahora ex) periodista.
Como un obiter dicta, sin
pretender auto referenciarnos, pero sí necesariamente para refrescar la memoria
de olvidadizos y olvidadizas: el suscripto tiene querellado al ex gobernador y
actual embajador en Israel y Chipre por calumnias e injurias y el Dr. Rubén
Pagliotto, representa a una de las víctimas del Ex Diputado y titular de UPCN,
José Angel Allende, impidiendo que se celebre el juicio abreviado, por entender
que eso era una bicoca punitiva para un peculador y amenazador serial,
contrariando la postulación de los Procuradores García y Goyeneche, empeñados
hasta el empalagamiento en hacer zafar al mandamás sindical a cambio de una
pena en suspenso y la entrega de una mísera parte de los fondos saqueados
durante años al erario provincial.- Esa sugestiva obstinación por un juicio
abreviado, terminó de deslegitimar la actuación del MPF, que cumplió más el rol
de defensor de Allende que de acusador público, en una causa que tiene
acumulados delitos gravísimos como son amenazas de muerte al Periodista Martín
Carboni y a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, con negociaciones
incompatibles y enriquecimiento ilícito.-
Recuerdo como si fuera hoy, una
frase que un destacado profesor de derecho evocaba siempre en sus magistrales
clases: “Que los lobos reclamen por su libertad, se entiende. Pero que los
carneros le hagan el coro, sólo demuestra una cosa: que son CARNEROS”.-
La independencia y objetividad en
la función judicial son valores que deben ser irrenunciables y defendidos a
capa y espada, aun cuando se caiga en la ingrata tarea de denunciar a los
funcionarios que no cumplieron con sus deberes, mal que les pese a quien sea, y
el supuesto temor que genere ese hecho, de la denuncia y su juzgamiento en
magistrados y funcionarios, no puede ser óbice para llevar adelante tal tarea.
No se trata de que los jueces o funcionarios no puedan sentir presiones o
miedos, sino de que éstos están obligados
a fallar conforme a derecho más allá de sus temores o cualquier otra presión; y
por ello gozan de los privilegios y la
protección que le da la Constitución y las Leyes. ESO SÍ, MIENTRAS DURE SU BUENA
CONDUCTA.-
* Abogado – Jurado
Técnico del CM de Entre Ríos.
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