Una decena de allanamientos, decomisos de drogas y hasta elsecuestro de una avioneta marcaron en octubre el pulso del narcotráfico enConcordia, la segunda ciudad más poblada de Entre Ríos. Con oficinas saturadaspor las numerosas causas abiertas, un fiscal reclamó la inauguración de un juzgadofederal en esa localidad, al que calificaron como “muy necesario”para combatir el tráfico de drogas.
Entre la ruta 14 y el río Uruguay, Concordia se erige comoun lugar de paso para el fluido tránsito entre el centro de la Argentina y elnoreste del país. Es el paso a Paraguay y a Brasil, además de que sobre el ríocuelgue el puente a Salto, uno de los pasos fronterizos con Uruguay.
A fines de septiembre Gendarmería hizo seis allanamientospor violación a la Ley Nacional de Estupefacientes en Concordia. En las últimassemanas, la Policía provincial y Prefectura encabezaron otros tres operativos,en los que secuestraron lotes de droga y detuvieron a cinco personas.
Se suma a investigaciones de más largo alcance, como elsecuestro de una avioneta utilizada por una banda narco que traficaba cocaínade Paraguay y Uruguay.
En este caso, siguieron el rastro la Dirección Antidrogas deGendarmería y la de la Fuerza Aérea de la República Oriental de Uruguay. Lasospecha es que el grupo criminal utilizaba un campo entrerriano como”escala” de los vuelos para hacer conexiones operativas y logísticas.
La huella del narco ya había dejado otros episodios depelícula, como una “lluvia de droga” en 2016. Ocurrió en julio de eseaño, cuando una avioneta dejó caer -en pleno vuelo- 427 kilos de marihuana y 27de cocaína de máxima pureza en la zona rural del departamento de Concordia.
Por aquellos días una aeronave aterrizó de emergencia en uncampo de la zona. Cuando llegaron, los vecinos no encontraron a nadie a bordode la avioneta, pero sí hallaron estupefacientes.
Ante este panorama de creciente preocupación, Martín Núñez,el fiscal que intervino en los más recientes casos de narcomenudeo, remarcó quela demorada inauguración del Juzgado Federal de Concordia -creado por ley en2010- “será de gran ayuda” ante el avance del tráfico de drogas. Uncomentario pequeño para un problema mayor, pero simbólico ante el panorama.
El problema viene de lejos. Los reclamos, también.
Promesa demorada ylenta desfederalización
Hasta hace unos años Entre Ríos contaba con dos juzgadosfederales de primera instancia, en Paraná y Concepción del Uruguay. El deConcordia fue creado en 2010 por el Congreso nacional. Pero aún no está enfuncionamiento y las causas siguen sobrecargando al de Concepción del Uruguay.
La inauguración se encuentra demorada, aunque se espera quese lleve a cabo antes de 2022. El edificio está terminando de construirse enterrenos del ex Policlínico Ferroviario. Ya hubo recorrida oficial, con laparticipación del intendente de Concordia, Alfredo Francolini, a mediados deeste año. Y ya tiene jueza designada: Analía Ramponi.
Las promesas se acumulan y el juzgado no funciona. Por eso,desde el Ministerio Público Fiscal entrerriano reiteraron la importancia quepodría tener la puesta en funcionamiento de la dependencia para combatir elnarcotráfico.
“El narcomenudeo es un tema que nos preocupa y nosocupa para tratar de darle solución a este flagelo de la droga, ya que prácticamentetodos los fines de semana se están allanando domicilios y encontrandodroga”, dijo Martín Núñez, a cargo de los delitos del último eslabón delnarco.
Desde 2018 Entre Ríos adhiere a la Ley de Desfederalizaciónen Materia de Estupefacientes, a través de la ley provincial 10.566. Le permitea la Justicia provincial “perseguir, juzgar y reprimir” delitos decomercialización y consumo.
Según informes oficiales, en 2017 se emitieron 134sentencias condenatorias en la Justicia Federal por comercialización deestupefacientes, contra una de la Justicia provincial. Al año siguiente crecióel número federal (145) y el fuero provincial experimentó un notorio saltohasta llegar a 21. Finalmente, los registros de 2019 revirtieron la situación:86 condenas en el fuero federal y 105 en el provincial.
Una curva similar experimenta la tramitación de causas portenencia simple.
Sin embargo, la norma con la que Entre Ríos se pliega a ladesfederalización no estipula la creación de fiscalías específicas para el narcotráfico.Además, aunque la Nación debería enviar fondos el Estado entrerriano carga enlos hechos con los gastos del paso de jurisdicciones.
Ante este panorama, fuentes judiciales de Entre Ríoscalificaron como muy necesaria la habilitación del Juzgado Federal deConcordia, que también alcanzará a otros cuatro departamentos entrerrianos: SanSalvador, Federación, Federal y Feliciano.
Aseguran que, en medio de las demoras y preocupación,contribuirá a una “mayor eficacia de la labor jurisdiccional” ante elcrecimiento del narcotráfico y el crimen organizado “que ha venido ganandoterreno en esa región de la provincia litoraleña”.
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