La Federación Argentina de Municipios ha rechazado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. “La democracia con proscripciones no es democracia”, afirmaron los intendentes.
La entidad, que nuclea a aproximadamente 500 mandatarios municipales en todo el país y que tiene como presidente a Fernando Espinoza, emitió un contundente comunicado en contra del fallo del Máximo Tribunal, que ratificó las sentencias de instancias anteriores en la causa Vialidad.
“No se trata de una decisión judicial, sino de una acción política disfrazada de legalidad, dictada por el ‘Partido Judicial’, que es lo que se ha vuelto una parte del Poder Judicial, cooptada por intereses ajenos al pueblo argentino”, enfatizaron en el documento.
Los intendentes señalaron que la presidenta del Partido Justicialista, quien había anunciado su candidatura por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, está siendo objeto de una persecución política. “La persiguen por representar a las mayorías, por defender a la industria nacional, a las pymes, a los pequeños y medianos productores rurales, a las producciones regionales, al mundo del trabajo, a los comerciantes, a los estudiantes, a las y los jubilados, a la soberanía nacional y por haber puesto al Estado al servicio de quienes más lo necesitaban”, declararon.
En línea con los argumentos del peronismo, la Federación sostuvo que la decisión judicial es proscriptiva y tiene como objetivo disciplinar a los dirigentes políticos. “Esta decisión de la Corte Suprema es un mensaje disciplinador que busca transmitir la idea de que nadie que desafíe al poder económico y a los privilegiados de siempre estará a salvo”, afirmaron.
Al mismo tiempo, los intendentes denunciaron arbitrariedades en el proceso judicial que llevó a la condena de Fernández de Kirchner. “Cuando se persigue judicialmente a una dirigente elegida por el pueblo con una causa inventada y plagada de irregularidades, no solo se ataca a esa persona: se deslegitima el valor del sufragio, se desmorona la confianza en las instituciones y se golpea el corazón de la democracia federal”, afirmaron.
“Como municipios, como voces del pueblo que cree en la justicia social, alzamos nuestra voz ante esta injusticia. Defender a Cristina también es defender la dignidad de los gobiernos locales, la voluntad popular y el derecho de nuestro pueblo a vivir en una democracia plena”, concluyeron.
Algunos de los argumentos críticos del proceso judicial
Los sectores que cuestionan el fallo de la Corte argumentan principalmente que se trata de una sentencia proscriptiva. Además, sostienen que el proceso judicial careció de imparcialidad y que no se demostró el delito, ni la participación de Fernández de Kirchner.
Entre los argumentos se menciona que no se comprobó que las obras no se hubieran realizado, ni los sobreprecios. Un punto crucial en este sentido es que durante el proceso judicial no se auditó ni peritó las 51 rutas construidas por el Grupo Austral de Lázaro Báez.
Por otro lado, desestiman que la expresidenta haya ampliado los presupuestos para favorecer a Báez. Afirmen que el presupuesto para las obras fue aprobado por ley en el Congreso y que las partidas otorgadas por DNU fueron ratificadas por el órgano legislativo, respondiendo a criterios de actualizaciones por demoras.
A estos argumentos se añade que no está comprobada la participación directa de Cristina Kirchner en las obras viales. Señalan que los testimonios no lo confirmaron y que el Tribunal justificó ese aspecto a partir de tres mensajes de texto, en los que Báez solicitaba a José López reunirse con la expresidenta.
LM/ML
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