La del kirchnerismo en el poder durante 2023 fue una
muestra, un poco sesgada o muy sesgada, pero una muestra al fin, de cómo se
pueden explotar los recursos del Estado y sacarles provecho político cuando no
hay Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso.
Aquella vez fue el del 2024 sustituido en las formas por el
del 2023 prorrogado y en los hechos dominado por las llamadas “transferencias
discrecionales” a las provincias, esto es, por un reparto de los ingresos que
superen a los estimados en el Presupuesto 23 según el gusto y la conveniencia
del Gobierno. Abundante, el plus venía garantizado por pautas notoriamente
irreales, comenzando por la de subestimar la inflación.
Lo que dice el archivo
En un ambiente político dominado por la puja electoral y a
caballo de un manejo ultradiscrecional de los recursos públicos, la provincia
de Buenos Aires y Axel Kicillof se quedaron así con el 42% de las
transferencias provinciales contra el 16,8% que les tocó, por caso, a la Ciudad
Autónoma, a Santa Fe y a Córdoba juntas. Individualmente, ninguna de ellas
llegó a rozar siquiera el 10% del paquete.
Algo en las formas bien parecido aparece ahora, en un 2025
sin Presupuesto confirmado y con la posibilidad de apelar nuevamente a las
pautas del programa de 2023. La diferencia es que este año gobiernan el
mileísmo y la política del ajuste permanente, y la coincidencia de que
reaparecen las transferencias discrecionales y el gasto público nacional
administrados desde la Casa Rosada.
En cualquier hipótesis, quién duda que el oficialismo y sus
espadas harán valer la posición dominante que hoy detentan. Y al modo siempre
implacable al fin que acostumbra usar Javier Milei.
Axel Kicillof .
Lo que ya está a la vista en los datos de enero-octubre
revela que la tajada de Kicillof se ha reducido drásticamente: del 42% de 2023
al 25% en 2024 o, si se prefiere ponerla en plata, de $ 461.200 millones a $
153.400 millones. Con un fallo de la Corte Suprema de por medio, la Ciudad
Autónoma recuperó recursos y saltó al primer puesto con una porción equivalente
al 33% de la torta.
Pero la cuestión pasa justamente por el ajustazo al gasto
provincial aplicado a través del golpe a las transferencias discrecionales, tal
cual cuentan números tomados de un informe del especialista Nadin Argañaraz.
Hablan de una movida que arranca en Buenos Aires y avanza sobre el resto con
saques que llegan al 96 y al 98% hasta completar un “ahorro” que promedia nada
menos que el 76% del paquete fiscal.
En ese raid hay de todo y no siempre intrascendente ni
inocente, según surge de un relevamiento de la Oficina de Presupuesto del
Congreso. Entre los sacudidos por la motosierra, aparecen un fondo destinado a
mejorar los salarios de los maestros, otros para obras viales, infraestructura
hidráulica, viviendas y políticas alimentarias, más el financiamiento de las
cajas jubilatorias transferidas a la Nación.
Lo que dice el archivo
Estamos hablando de paquetes que rondan los $ 56.000
millones anuales o llegan, incluso, a $ 220.000 millones que se han reducido a
la nada. Implican, crudamente, recursos comprometidos que de un año al otro se
esfuman y dejan miles de damnificados en el camino.
Obvio, llegado un punto semejante habrá gobernadores
apretados que deberán arreglárselas como puedan. Y en ese como puedan entra
algo que suena a cantado: un toma y daca político con el mileismo o, si se
quiere, el conocido “te doy si me das”. Finalmente, no faltan mandatarios
provinciales cercanos al Gobierno y dispuestos a negociar, para preservar
posiciones de poder.
Claro que en el mientras tanto o el simultáneamente hay
problemas que, sumados a otros del mismo tipo, ya han tomado formas
estructurales. Notoriamente, los atrasos en la infraestructura generados por la
falta de inversión real o, si se quiere, por los años de desinversión. Según la
publicación especializada El Auditor, entre enero y octubre los recursos
destinados a la obra pública nacional cayeron un impresionante 83% real, o sea,
descontada la inflación.
¿Esto es parte del Estado que Javier Milei desprecia o peor,
que se propone destruir desde adentro según el mismo dice?
Por de pronto, seguimos alejándonos de los estándares
normales que relacionan inversión pública con PBI. Los datos del Ministerio de
Economía cuentan que desde 2016 incluido, solo en el 2021 la inversión pública
superó el 2% del PBI, y raspando: sacó un 2,4%. En los nueve períodos restantes
anduvo siempre en la zona del 1%, si no directamente debajo del 1%.
En América latina la inversión pública promedio aumentó del
2,8% del PBI al 3,9%, entre 2002 y 2016. Y la participación de los llamados
gobiernos subnacionales, esto es, las provincias, ya supera el 50% de la
inversión total.
Los saltos, en explicaciones del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que está detrás del operativo, son parte de una política
regional que juzga clave recuperar la infraestructura del transporte y reforzar
los servicios comunales y la vivienda.
Lo que dice el archivo
En un sentido más amplio, la idea también apunta a crear un
entramado que fortalezca las capacidades productivas de los países, levante los
niveles de competitividad sectoriales tanto hacia adentro como hacia afuera y
sirva al objetivo de reducir la desigualdad social.
Últimos datos para este boletín. Primero: entre enero y
noviembre de 2024 los gastos de capital cayeron un 76,8% respecto del mismo
período del año pasado, esto es desplome de la inversión pública total.
Segundo: las transferencias a provincias para gastos de capital se derrumbaron
84,2% durante el mismo período; lo que se dice todo al superávit fiscal que
piden los mercados. Conclusión: el Estado ausente.
Fuente: Clarín
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