Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado pospusieron este miércoles la firma de un dictamen de la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto, aprobado por Diputados en abril de 2023, formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Tras el aval de la Cámara baja, el kirchnerismo en el Senado cajoneó el texto, que fue enviado por la gestión kirchnerista de Alberto Fernández e incorporado en los últimos días a la prórroga de las sesiones extraordinarias activada por el Gobierno libertario de Javier Milei.
La ley tiene un nervio principal que fue observado por quienes formaban parte de las bancadas de Juntos por el Cambio y del interbloque federal hasta diciembre pasado: la manera de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera, con injerencia clave del Ministerio de Economía.
Dicho argumento fue utilizado este miércoles por el radicalismo y otros opositores no kirchneristas para demorar la firma de un despacho, junto a otras observaciones. En tanto, el cristinismo no definió una postura concreta y se expresó a favor de dilatar el debate.
En concreto, el artículo en lupa establece: “Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.
Al inicio del plenario de realizado este miércoles, el senador peronista Edgardo Kueider consultó al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y también jefe de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche, si el oficialismo buscaba firmar un dictamen. “Es una reunión informativa”, respondió el legislador jujeño.
De esa manera, quedó descartada la posibilidad de emitir despachos. Sobre el final hubo un intento del macrista Luis Juez que fue apoyado por el libertario y titular de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto.
No obstante, la negativa del radicalismo y del kirchnerismo derivó en proponer un nuevo encuentro, en principio, el miércoles próximo.
Como expositores estuvieron invitados el candidato propuesto por el Ejecutivo para comandar la UIF, Ignacio Yacobucci; y el jefe de Gabinete del organismo, Nicolás Vergara. Fue el primero quien advirtió sobre la visita del GAFI del 3 de marzo próximo y la necesidad de avanzar una ley para evitar un potencial ingreso en la temida lista gris.
“La evaluación del GAFI es fundamental y tiene consecuencias inmediatas a nivel económico y financiero. Habría mayores restricciones en comercio internacional, se van a tener que afrontar mayores exigencias con el mundo y afectaría a todos los ciudadanos que tengan una empresa exportadora, así como al sistema financiero por las exigencias de mayor respaldo en cuentas fuera del país”, sentenció Yacobucci.
Una duda que surgió de las disertaciones fue la sugerencia de avanzar rápido en una ley para luego modificar, en una potencial reglamentación de la normativa, el pase de la órbita del Ministerio de Economía al de Justicia. Eso también generó ruido en los legisladores. Si la iniciativa es modificada por el Senado, deberá volver en segunda revisión a Diputados.
Cómo fue el trámite en la Cámara baja
La discusión de Diputados en abril de 2023 fue curiosa. Primero, el PRO se separó de sus entonces socios y firmó el dictamen de mayoría junto al kirchnerismo, aunque con disidencias.
Cerca de la votación, Juntos por el Cambio evitó un papelón y se abrazó al dictamen de minoría, donde se reclamaba la modificación de la potestad de Economía sobre la UIF.
Para la votación fue trascendental la ayuda opositora de Juntos por el Cambio y del ex interbloque federal a través de sugestivas ausencias, incluso, de legisladores con cargos de relevancia en el presente. Tampoco pasó desapercibido el faltazo del actual jefe de Estado y de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quienes en 2023 eran diputados.
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