Un fuerte núcleo de los
gobernadores provinciales advierte que el gobierno de Javier Milei los busca
extorsionar a través de aprietes y amenazas para que intervengan en pos de
apoyar la Ley Ómnibus que el presidente envió al Congreso, a cambio de la
reversión del impuesto a las Ganancias que vienen reclamando desde los tiempos
de Sergio Massa como ministro de Economía.
Los mandatarios provinciales de
Juntos por el Cambio, pero también aquellos que representan a partidos
provinciales y otros que provienen del peronismo tradicional son los que están
dispuestos a confrontar con Milei y alertan que la relación entre la Casa
Rosada y las provincias, más allá de alguna foto de circunstancia, es
prácticamente nula.
“Nadie del gobierno ha
convocado a los gobernadores a discutir el DNU ni la ley ómnibus. Todos se
enteraron por los medios. Tampoco han convocado a reuniones bilaterales. No hay
diálogo del gobierno con las provincias. No hay interlocución política. Ni con
el Presidente ni con los ministros”, es la contundente reflexión que llega
de fuentes cercanas a los gobernadores más críticos.
Sobre el tema Ganancias,
expresan: “Fue un compromiso que asumió él mismo en la reunión los 24
gobernadores presentes porque las medidas electoralistas de Massa
desfinanciaron a las provincias”. Ese tema refiere a la decisión del
gobierno anterior de exceptuar del pago del impuesto a una categoría, lo que
terminó pegando internamente en las arcas provinciales.
Y aseguran que como alternativa a
la reversión de ganancias los gobernadores proponían coparticipar el Impuesto
al Cheque, posibilidad que el gobierno rechazaba porque afectaba el sendero
hacia el déficit cero.
Una fuente que trabaja con un
gobernador opositor que dialogó con Clarín asegura que el malestar involucra a
casi todos los mandatarios. “La mayoría considera que Milei supuestamente
vino a cambiar la política y está haciendo lo mismo que el kirchnerismo con esa
postura: o hacen lo que les digo o les robo los recursos”, es la crítica
filosa, comparando al libertario con lo peor del manual K.
En esa línea es que advierten:
“No es la amenaza ni el apriete el camino que necesita la Argentina para
salir adelante. Ya vivimos esa película y siempre termina mal”.
Y concluyen con que “hay una
mayoría importante de los gobernadores comprometidos y decididos a apoyar el
rumbo que viene marcando el Presidente y gran parte de sus medidas, que están
abiertos al diálogo y la posibilidad de construir acuerdos parlamentarios. Pero
nadie del Gobierno ni el Presidente ha convocado a elaborar una mayoría fuerte
y amplia que apoye las reformas que están presentando”.
Los reproches al Gobierno llegan
de los sectores de Juntos por el Cambio más críticos, como el que representan
Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, pero también de
algunos representantes de partidos provinciales como Rolando Figueroa, de
Neuquén, o Alberto Weretilneck, de Río Negro. No obstante, adhieren la mayoría
de los gobernadores, incluso un sector del peronismo.
La defensa del mileísmo
Ante los cuestionamientos
provinciales, desde Casa Rosada aseguran que el diálogo con los gobernadores es
constante a través del ministro del Interior Guillermo Francos.
“Habla todos los días con
gobernadores y con intendentes, y les resuelve temas. Esta semana tiene varias
reuniones y llamadas telefónicas por delante”, revelan fuentes ejecutivas.
En los últimos días, Francos se
reunió con Figueroa, gobernador neuquino, y también con Maximiliano Pullaro, el
mandatario de Santa Fe. Con el primero lo hizo en el marco de la decisión de
extender los contratos de 18 brigadistas del Parque Nacional Lanín que vencían
el 31 de diciembre.
Con el santafesino, en tanto,
dialogó acerca de las dificultades respecto a la producción del biodiesel, ya
que Santa Fe es una provincia de muchas pymes que se dedican a su producción.
Además, aseguran, tomó decisiones relativas a la prevención de incendios en Río
Negro, Chubut y La Pampa.
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