(Mención a Frigerio) Ley Ómnibus: la oposición dialoguista se prepara para mostrar poder de fuego en la discusión de artículos clave

Si Argentina fuese Francia o el Reino Unido, el presidente
Javier Milei estaría de rodillas ante el Congreso. En los países con diseño
institucional parlamentario o semipresidencial, la permanencia y rumbo de los
gobiernos depende de la relación de fuerzas en el poder legislativo. Es algo
que no pasa en el Río de la Plata. Ni siquiera en estos días, donde el
oficialismo ostenta la mayor fragilidad legislativa de la que se tenga registro
y, aun así, la Casa Rosada tiene tinta para imponer condiciones y ejecutar su
agenda política. Claro, no sin dificultades, pero con posibilidades de cierto
éxito. Sobre ese marco abre una semana crucial para el Gobierno, signada por el
reinicio de la sesión en la que se debate la Ley de Bases y Puntos de Partida
para la Libertad de los Argentinos (Le Ómnibus).

Sorteada la votación en general, Milei enfrenta ahora el
desafío de lograr apoyo en la mayoría de los artículos en pie de un plexo
normativo de múltiples materias. Hay temas sensibles, de relevancia para el
oficialismo, sobre los cuales existen tensiones con la oposición dialoguista.
Con una bancada de apenas 40 legisladores, La Libertad Avanza necesita el aval
de los diputados del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación. En
Balcarce 50 conocen que será complejo un apoyo unánime a cada artículo, por eso
tienden puentes para buscar puntos de encuentro. El artículo 99 de la Constitución
Nacional le confiere al Ejecutivo un poder enorme y concentrado que, hasta con
debilidad política, cuenta con infinidad de perillas con las cuales sostenerse
y disciplinar a los opositores.

En la votación en general del viernes, el oficialismo logró
el apoyo de 144 diputados. Fue con el voto de los 40 libertarios, los
legisladores conducidos por Cristian Ritondo y buena parte de los bloques de
Miguel Ángel Pichetto, los radicales y el que lidera Pamela Caletti. Pero ese
número oscila notablemente al posar la lupa sobre artículos específicos de la
ley.

Por eso, las bancadas “dialoguistas” mostrarán esta semana
su poder de fuego al Gobierno para ejercer presión y lograr modificaciones en
artículos disputados. Detrás de esos bloques están los 10 gobernadores de lo
que fue Juntos por el Cambio. Están muy activos en esa liga Rogelio Frigerio,
de Entre Ríos, Nacho Torres, de Chubut, que pivotean en el PRO y en Hacemos
Coalición Federal. Alfredo Cornejo, desde Mendoza, tiene enorme ascendencia
sobre los radicales, un bloque que también es monitoreado por Maximiliano
Pullaro, de Santa Fe, Gustavo Valdés, de Corrientes, o Carlos Sadir, de Jujuy.
Así como también un grupo de peronistas no kirchneristas entre los que
sobresalen Martín Llaryora, de Córdoba, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

Los diputados “dialoguistas” harán planteos sobre puntos de
la ley que afectan intereses de las provincias, centralmente. También hay
matices de fondo sobre temas que son transversales a todo el país, como los
artículos sobre las industrias culturales o el apartado de educación. Sin
embargo, aquellos tópicos que tocan la recaudación de los estados subnacionales
se volvieron cables de alta tensión.

Dentro de los cuatro bloques de la oposición aliada al
Gobierno, el PRO votará cada artículo de la ley. Con el empuje de Mauricio
Macri y Patricia Bullrich, el partido amarillo es el principal sostén
institucional del Gobierno en el Congreso. En cambio, el radicalismo y le
bloque de Pichetto tiene disidencias marcadas sobre varios artículos clave. Por
estas horas, la Casa Rosada articula contactos permanente con esos sectores,
para retener la mayor cantidad de diputados posibles que voten en favor de los
temas clave para el Poder Ejecutivo.

Esta mañana, los radicales harán una reunión para coordinar
una estrategia parlamentarias, acercar posiciones y unificar criterios. El
bloque que preside De Loredo, de 34 diputados, tiene internas ásperas. Sobre
todo por la resistencia de Facundo Manes y Pablo Juliano, legislador ligado al
neurólogo, para con Milei. Son los dos radicales que votaron en contra el
viernes. El cónclave de hoy está previsto para las 11 y será virtual, dado que
varios diputados viajaron a sus provincias durante el fin de semana.

Idéntica situación habita al bloque de Pichetto. Hacemos
Coalición Federal, bancada de 23 legisladores que puede llegar a 32 con
aliados, es heterogéneo. El experimentado legislador, que se convirtió en un
aliado clave para el Gobierno, tiene la tarea de contener a una tropa donde
coexisten dirigentes de nombre propio y con ideas muy distantes entre sí.
Durante la semana pasada y el fin de semana, los operadores políticos del
Gobierno exacerbaron sus contactos sobre el radicalismo y Hacemos. Es ahí donde
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, sabe que está la llave para
destrabar el apoyo a artículos centrales.

Desde Santiago Caputo, estratega de Milei, Maximiliano
Fariña, del riñón de Federico Sturzenegger, José Rolandi, vicejefe de Gabinete
de la Nación, hasta Lisandro Catalano, secretario del Interior, y el propio
Guillermo Francos, ministro del Interior, destinaron largas horas de los últimos
días para persuadir a los diputados más rígidos de la oposición dialoguista.
Esos contactos siguieron durante el sábado y el domingo y se acelerarán entre
hoy y el miércoles, cuando el Gobierno espera que se vote el articulado en
particular.

En estos momentos, hay tres temas de especial sensibilidad
que son los más disputados y que pueden ser la clave para allanar la aprobación
del resto de los artículos. Se trata de apartado sobre las privatizaciones y
los artículos de emergencias públicas y la delegación de facultades. Un tercer
tópico es el del Impuesto PAÍS, que el Gobierno busca retirarlo junto con el
capítulo fiscal, pero que un grupo de gobernadores presiona para coparticipar
un porcentaje de esa recaudación.

Respecto a las privatizaciones, el proyecto original
contenía 40 empresas públicas para pasar a manos privadas. Por presión de la
oposición, se quitó YPF. Quedaron 39, de las cuales el Gobierno diferenció
entre 36 a privatizar totalmente y 3 sujetas a privatización parcial. El puntos
de diferencia que plantean la UCR y el bloque de Pichetto y qué empresas pasar
al sector privado, efectivamente, y con qué mecanismo ejecutar esas
privatizaciones. La Casa Rosada había tenido una posición inflexible sobre ese
punto. Pero con el paso de los días hubo acercamientos.

El Gobierno pidió una propuesta a ambos bloques, que ya fue
extendida, y es posible que surja de allí un punto común. Los radicales
encomendaron a Karina Banfi la redacción de un boceto con un mecanismo
innovador para ejecutar las privatizaciones, así como también detallar qué
empresas pretenden excluir de la lista. Nicolás Massot hizo lo propio para
Hacemos Coalición Federal. Esos dos bloques tienen la idea de que cada empresa
sea un artículo de la ley -o una ley en sí misma-, algo que el Gobierno no ve
con buenos ojos.

El oficialismo aceptó reducir la lista y el viernes ofreció
un listado con 27 empresas públicas para privatizar. Un recorte de 13 firmas
menos respecto al proyecto original. Los opositores insisten en pulir el
procedimiento para ejecutar tales privatizaciones, para lo cual exigen
participación del Congreso a través de la Comisión Bicameral de este tema.
Desde el radicalismo, por ejemplo, cuestionan que Milei pretende privatizar
esas empresas siguiendo los lineamientos de la Ley 23.696, diseñada por Roberto
Dromi en 1989, por la cual Carlos Menem hizo su “reforma del estado”, que
incluyó un proceso de privatizaciones.

Dentro de la bancada de Pichetto, la Coalición Cívica tiene
una propuesta alternativa, que implica privatizar 19 empresas estatales, pero
rechazan hacerlo con el resto del listado. Los diputados de Hacemos Coalición
Federal se reunirán hoy a las 16 para ir coordinados a la sesión de mañana.
Entre los temas a tratar, el capítulo de privatizaciones será uno de ellos.

Algo similar sucede respecto a las emergencias, contenidas
en el artículo 1 del proyecto de Ley. Inicialmente, el Gobierno pedía declarar
la emergencia pública sobre 11 materias y actualmente bajó a seis. Algunos
legisladores objetan algunas materias (como la energética y la tarifaria).
También es cenagosa la discusión acerca de la delegación de facultades. Un
sector de la oposición está dispuesto a apoyar las emergencias, pero no así las
facultades (como los diputados del partido de Elisa Carrió y los radicales
ligados a Manes).

Biocombustibles, Ley de Glaciares, artículos del capítulo
sobre seguridad, desregulaciones que afectan a algunas provincias son otros
puntos que serán discutidos. El articulado es amplio y toca múltiples
intereses.