El debate por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que popularmente se conoce como Ley Ómnibus, tiene en vilo a la política argentina. El Congreso nacional está activo en enero como desde hace tiempo no se recuerda. Los legisladores y gobernadores provinciales, movilizados porque el articulado del Poder Ejecutivo afecta intereses que perjudican sus gestiones locales, mantienen negociaciones frenéticas con emisarios del presidente Javier Milei, aunque sin llegar a un punto de acuerdo. En medio de este desconcierto, este domingo a la mañana hubo una reunión por Zoom en la que la denominada oposición dialoguista diseñó una estrategia de presión hacia la Casa Rosada: si el Gobierno no saca las retenciones a las economías regionales, no apoyarán el proyecto.
El cónclave fue convocado para ayer a las 10. De a poco se fueron sumando los gobernadores y un grupo de diputados representantes de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, y Hacemos Coalición Federal. En plena temporada estival, algunos dirigentes se encontraban afuera de la ciudad de Buenos Aires, en escapadas fugaces con sus familias. Otros se conectaron desde la Costa Atlántica o rodeados de paisajes de montaña y sierra. Incluso, hubo quienes participaron desde Europa. Beneficios de la tecnología, que le permite a la política mantener la “rosca” sin fronteras.
Estuvieron presentes Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).
Mientras que en representación de los legisladores participaron Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, Rodrigo De Loredo, titular del bloque de la UCR, con Alejandro Cacace (UCR), Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal. Son tres bloques que llegan a 94 diputados y que, si suman a los aliados de Innovación Federal, garantizan superar los 100 escaños. En un contexto de debilidad parlamentaria, se trata del sector de la oposición clave para aprobar la Ley Ómbinus. Milei tiene una bancada de apenas 38 diputados, con los cuales no puede lograr un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara Baja ni mucho menos alcanzar el quórum para poner en marca la sesión.
La reunión fue una réplica ampliada del encuentro que las mismas partes habían realizado el martes pasado a la noche. Como contó Infobae, en aquella ocasión los gobernadores plantearon sus puntos de diferencias con el proyecto de Ley Ómnibus del gobierno y pidieron abrir una mesa de diálogo para discutir modificaciones.
El entramado político y fiscal detrás de la pelea por la Ley
Ómnibus
El principal punto de tensión son las retenciones a las
economías regionales contenidas en el texto de 664 artículos que envió el Poder
Ejecutivo al Congreso. Es un impuesto que, al aplicarlo, lesiona directamente
intereses de las provincias. Y algo central: no es coparticipable. Es decir, se
trata de un gravamen que recauda el Gobierno nacional sin necesidad de
distribuirlo con las provincias.
Esa situación, que ya ejecutó Néstor Kirchner durante su
presidencia, genera un desequilibrio del federalismo fiscal, al desbalancear la
recaudación entre las provincias respecto al Estado nacional. De llevarse a
cabo, Milei podría ajustar cerca de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) con el
foco puesto en alcanzar el 2% de superávit primario que exigió el Fondo
Monetario Internacional. Se trata de un modo de recaudar “fácil” para la Casa
Rosada, sin coparticipar esa masa de fondo, y generando plafón político: ese
esquema le da a Milei poder de fuego para disciplinar a los gobernadores,
lograr gobernabilidad, con ese manejo discrecional del dinero recaudado por
retenciones.
La postura de los 10 gobernadores de la UCR y el PRO es concreta: si no sacan las retenciones, no votarán la Ley Ómnibus. Apoyan el 80% del texto normativo, coinciden en la necesidad de aplicar un ajuste fiscal. Pero discrepan en que ese recorte de gastos recaiga centralmente en las provincias y en las jubilaciones. Lo primero por afecta la recaudación y los intereses provinciales. Lo segundo porque no piensan pagar el costo político de ajustar a los jubilados.
La postura de los 10 gobernadores de la UCR y el PRO es concreta: si no sacan las retenciones, no votarán la Ley Ómnibus. Apoyan el 80% del texto normativo, coinciden en la necesidad de aplicar un ajuste fiscal. Pero discrepan en que ese recorte de gastos recaiga centralmente en las provincias y en las jubilaciones. Lo primero por afecta la recaudación y los intereses provinciales. Lo segundo porque no piensan pagar el costo político de ajustar a los jubilados.
El fondo del problema es el Impuesto a las Ganancias, un tributo que cobra el Estado central y lo coparticipa a las provincias. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, impulsó la eliminación de la cuarta categoría de ese gravamen. Como se trata de un impuesto coparticipable, aquella decisión afectó a las arcas provinciales. Los estados subnacionales perdieron en torno al 0,5% del PIB en recaudación y los gobernadores comenzaron un reclamo desesperado para que la Casa Rosada retrotraiga la situación o disponga alguna alternativa para compensar esa pérdida.
Por estas horas, los gobernadores y los bloques dialoguistas
de la oposición están a la espera de una devolución de Milei respecto a las
modificaciones que piden. Se plantan en la idea de no apoyar al Gobierno si no
se quitan las retenciones de la Ley Ómnibus. Quien presiona desde Cumelén es
Mauricio Macri, cuya intención es que la normativa se apruebe lo antes posible.
Al mismo tiempo, el ex presidente acompaña a su primo Jorge Macri en el reclamo
por los fondos de la coparticipación que la Nación le debe pagar a CABA para
cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de diciembre del 2022. Una
especie de juego a dos bandas.
Las negociaciones están abiertas y se espera que haya
novedades en las próximas horas. Milei aterrizó de Davos al viernes y trabajó
durante el fin de semana en el análisis del borrador con modificaciones que
pidió la oposición. Los gobernadores esperan una respuesta para avanzar. La
idea de la Casa Rosada es tener un dictamen de mayoría esta semana y que el
proyecto ingrese al recinto de Diputados lo antes posible. Para evitar un mal
trago, Milei ya extendió el plazo de las sesiones extraordinarias al 15 de
febrero. ¿Será suficiente?
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