La oposición tiene listos diferentes proyectos para llevar
al recinto en Diputados con el objetivo de profundizar la investigación sobre
el caso $Libra, la criptomoneda que el presidente Javier Milei difundió a
través de las redes sociales cuyo precio escaló para luego derrumbarse y lo
dejó envuelto en una presunta estafa. Sin embargo, la convocatoria a una sesión
especial se demora por la falta de consenso entre los bloques opositores y por
las maniobras de los libertarios para diluir el escándalo.
El mismo día en que el Gobierno obtuvo la ratificación del
DNU que habilita un nuevo acuerdo con el FMI, sectores “dialoguistas” y “duros”
lograron dictaminar una decena de proyectos relacionados con la criptoestafa.
En principio hubo en las comisiones amplio acuerdo entre todas las fuerzas para
crear una comisión investigadora y para exigir informes al Poder Ejecutivo.
Pero las diferencias surgieron a la hora de definir qué
funcionarios del Gobierno tienen que ser interpelados. El dictamen de mayoría,
impulsado por Unión por la Patria y la izquierda, propone que todos los
funcionarios mencionados en las denuncias penales y notas periodísticas sobre
el caso $Libra sean citados a dar explicaciones ante el Congreso. Además del
presidente Milei, su hermana Karina y Francos, el peronismo busca interpelar al
ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y al titular de la Comisión Nacional de
Valores.
El segundo dictamen, que lleva las firmas de los radicales
disidentes de Democracia para Siempre, solo apunta a interpelar al vocero
Manuel Adorni, al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y a Guillermo
Francos. En tanto, la Coalición Cívica y algunos miembros de Encuentro Federal
firmaron otro dictamen reclamando únicamente la presencia del jefe de Gabinete.
Curiosamente, otros integrantes de Encuentro Federal (Nicolás Massot y
Margarita Stolbizer) firmaron un dictamen propio con la interpelación de Karina
Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Cúneo Libarona. Muy similar al
proyecto del peronismo pero excluyendo a Milei y a Caputo.
La oposición enfrenta dos problemas. Por un lado, las firmas
de los dictámenes no se trasladan mecánicamente al recinto. Si bien los
representantes en las comisiones de Unión por la Patria, Democracia para
Siempre y Encuentro Federal firmaron los dictámenes, no pueden garantizar la
presencia de todo el bloque a la hora de sesionar. Esto ocurre por la presión
que los gobernadores suelen ejercer sobre algunos diputados. Por ejemplo,
cuando se votaron los emplazamientos para obligar a las comisiones a dictaminar
los proyectos, Encuentro Federal tuvo media docena de ausentes que responden a
los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e
Ignacio Torres (Chubut).
Asimismo, cuando se votaron los emplazamientos la oposición
tuvo el sorpresivo apoyo de los tres diputados del MID (Oscar Zago, Cecilia
Ibáñez y Eduardo Falcone) y de la ex libertaria Lourde Arrieta. Pero en las
filas de la oposición consideraban que es poco probable que los cuatro vuelvan
a jugar a fondo en contra del Gobierno.
Por otro lado, no existe acuerdo sobre los funcionarios que
deben ser interpelados. Mientras que el peronismo busca citar a la mayor
cantidad de funcionarios, desde otros bloques consideran que muchos de ellos
como Adorni o Luis Caputo no tienen nada que ver con el caso $Libra. En la
misma línea, la Coalición Cívica argumenta que no puede citar a Karina Milei
porque ya la denunció penalmente y esto le serviría como excusa para no contestar
ninguna pregunta ya que hay una investigación en curso en la Justicia federal.
Como el jefe de Gabinete Guillermo Francos es el único
funcionario que se repite en todos los proyectos, algunos especulaban con que
sería el punto lógico de consenso. Justamente por eso desde el oficialismo se
apuraron a confirmar que Francos se presentará a hacer su informe de gestión el
próximo mes (probablemente el 23) y aclararon que contestará preguntas sobre el
caso $Libra.
La maniobra es un claro intento de darle una excusa a los
sectores dialoguistas más afines al Gobierno para dar por terminada la
cuestión. Apuntan principalmente al bloque UCR que conduce Rodrigo de Loredo,
que apoyó el emplazamiento para las interpelaciones, pero se conformaría con
citar a Francos.
En las filas de la oposición no se apresuran por miedo a
repetir el bochorno del Senado. En la Cámara alta el radicalismo ayudó a
bloquear la creación de la comisión investigadora que había propuesto uno de
sus propios senadores, Pablo Blanco, y contaba con el apoyo de Martín Lousteau,
presidente del partido.
Hubo seis senadores de la UCR que habían votado minutos
antes a favor de tratar el proyecto sobre tablas (sin dictamen) para luego
rechazarlo. El caso más extremo fue el de Eduardo Vischi, jefe del bloque
radical, que terminó votando en contra del proyecto que él mismo había firmado
como coautor.
“En la semana del 7 de abril seguramente vamos a poder
avanzar con algo concreto. No debería ser tan difícil ya que todos queremos que
no vuelva a pasar lo del Senado”, explicó un integrante de Encuentro Federal
ante la consulta de Infobae. “Solo hay que acordar las interpelaciones, para la
comisión investigadora y los pedidos de informe ya hay consenso”, opinó otro
diputado de la Coalición Cívica.
Por lo bajo, en todos los bloques reconocen que deben
convocar a una sesión especial antes de que Francos haga su informe de gestión
porque el Gobierno dará sus explicaciones y luego el tema perderá fuerza. Pero
hasta el momento el quórum no está garantizado.
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