El ranking de las gobernaciones
De la documentación oficial a la que accedió Infobae se desprende que Victoria Tolosa Paz dio bajas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En total fueron 6.144 las personas que no pudieron justificar su pertenencia a una Unidad de Gestión. De no haber sido detectada el Gobierno seguiría destinando $259.620.864 mensuales; a supuestos beneficiarios que no validaron su pertenencia al plan. El proceso de validación de datos fue dispuesto por la Resolución “2022-2035-APN-MDS” a los pocos días de haber reemplazado a Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham había organizado una auditoría presencial en las Unidades de Gestión que, en palabras de Tolosa Paz, “podría haber demorado años”.
Según la página oficial de la cartera social: “Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de certificar la participación de los inscriptos en el Programa Potenciar Trabajo y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria”.
La contraprestación obligatoria para los beneficiarios del programa que está bajo el área de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, puede ser cualquier actividad de la economía social y popular, enmarcada en: proyectos socio-productivos; proyectos socio-laborales o socio-comunitarios y terminalidad educativa.
El ranking de las provincias con mayor cantidad de bajas del Potenciar Trabajo lo encabeza la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, con 1.179 bajas; le sigue Santa Fe administrada por Omar Perotti (684); y Jujuy a cargo del opositor Gerardo Morales (570). Luego, se encuentran Tucumán la provincia gobernada por Osvaldo Jaldo (525); y Chaco, al frente del ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, donde las bajas fueron de 454. Le sigue Misiones, el distrito conducido por Oscar Herrera Ahuad con 437 beneficiarios que no pudieron justificar su pertenencia al Potenciar Trabajo. En Santa Cruz, la provincia comandada por Alicia Kirchner, las bajas fueron 392.
En San Juan, a cargo de Sergio Uñac, las bajas fueron 229.La provincia de Ríos Negro, conducida por la docente Arabela Marisa Carreras esla última con una cifra superior a doscientas personas que no validaron suidentidad.
El resto, tal como se aprecia en la infografía elaborada poreste medio en base a documentación judicial, están por debajo de esa cifra. Sonlas provincias de Salta, que administrada por Gustavo Sáenz, tuvo 190 bajas”fantasmas” del Potenciar Trabajo. Le sigue CABA, a cargo de Horacio RodríguezLarreta, con167 bajas; en Córdoba, la provincia gobernada por Juan Schiaretti,Desarrollo Social detectó la no validación de 161 personas. En Entre Ríos, laprovincia comandada por Gustavo Bordet, las bajas fueron de 148; Santiago delEstero, al frente de Gerardo Zamora, fueron dados de baja 138 beneficiarios;otras 129 presuntas irregularidades fueron descubiertas en Corrientes y 106 enCatamarca.
Las diez provincias que restan, tuvieron bajas menores a los100 beneficiarios. Son los casos de Mendoza (96); la Rioja (95); Chubut (79);Formosa (69); San Luis (44); Neuquén (26); La Pampa (15) y Tierra del Fuego(14).
Infobae consultó a varios gobernadores sobre las razones deestas bajas. La mayoría no respondió. Otros sí lo hicieron. Desde el Ministrode Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo deAndrés “Cuervo” Larroque, confirmaron la información aportada por Tolosa Paz ala Justicia. En un extenso informe se asegura: “En la nómina mensual del mes deMayo remitida mensualmente a esta Unidad de Gestión por parte de Ministerio deDesarrollo Social, se comprobó el impacto de las suspensiones que representanel 6{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} del total del padrón, como resultado de la validación, algunos de cualesreportan haber realizado la actualización fuera de termino que quedaría sujetaevaluación”.
Los funcionarios de Larroque consideraron “importanteseñalar algunas de las dificultades verificadas en el procedimiento devalidación de datos”, como “la falta de accesibilidad a conectividad digital;dificultad en el manejo de la aplicación MI ARGENTINA e incompatibilidad dehorarios con los puntos digitales establecidos por parte del Ministerio”, acargo de Tolosa Paz.
Sobre ese punto, la ministra de Alberto Fernández afirmó quedesplegó a lo largo de la provincia “operativos móviles para titulares delprograma Potenciar Trabajo para facilitar la validación de identidad”. Yanunció: “Estamos trabajando junto con los estados municipales para seguirestando cerca de los y las titulares del Potenciar Trabajo, ayudando acompletar los datos biométricos para validar su identidad, y que nadie tengadudas de que la persona que forma parte del programa es la que está inscripta”.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, semostraron sorprendidos por figurar en el listado judicial que la ex diputadanacional aportó a la Justicia Federal. “Nosotros no tenemos ejecución directade ese programa”, le dijeron a Infobae desde el Ministerio de Desarrollo Humanoy Hábitat, a cargo de María Migliore. Con recelo, y esperando que el expedienteavance, desde la cartera porteña dijeron: “Estos planes, como el PotenciarTrabajo, pueden ser ejecutados por Unidades de Gobierno o a través de lasorganizaciones sociales”. Y afirmaron que “en CABA, el Gobierno de la CiudadAutónoma no tiene ejecución con lo cual asumimos que hay que investigar a lasorganizaciones sociales con asiento en la Ciudad, que por lo general sonoficialistas”.
El ranking de los municipios
La validación de identidad obligatoria del Potenciar Trabajotambién derivó en una multiplicidad de bajas en las Unidades de Gestión queestán a cargo de las municipalidades. En 154 intendencias, la mayoría de laprovincia de Buenos Aires y de extracción peronistas, el Ministerio deDesarrollo Social de la Nación dio de baja por presuntas irregularidades a7.062 personas. De haber seguido cobrando el plan, el Estado debería seguirerogando de forma mensual $298.411.872, dinero que, si así lo disponen lasautoridades, se podría invertir en herramientas, maquinarias y emprendimientossocio-productivos.
En el mapa que ilustra esta nota se nombran a cada una deesas alcaldías y a qué provincias corresponden. De todos modos, hay quedestacar que el partido bonaerense de La Matanza encabeza el ranking de”beneficiarios fantasma” con 887 personas que no validaron su identidad.
El distrito está gobernado por uno de los hombres fuertesdel justicialismo provincial, Fernando Espinoza. Desde la cartera social de esedistrito, primero reconocieron los datos consignados en el expediente judicialy después desarrollaron: “Siendo el municipio de mayor tamaño y poblaciónsiempre encabezamos todas las estadísticas. Medidos en casos pueden ser muchos,pero si observamos que La Matanza, demográficamente hablando, es la QuintaProvincia del país, tener el 1{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de los planes que se bajan por no poder ubicara sus beneficiarios no es una cantidad relevante en porcentaje, sobre todoteniendo en cuenta que muchos planes fueron asignados por default a losmunicipios al no poder el gobierno nacional identificar sus unidades de gestiónque habían generado su alta durante el gobierno anterior, en el cual hubo unenorme crecimiento de los planes sociales en el nivel nacional entre 2016 y2019, los que comenzaron a ser revisados por el nuevo gobierno, proceso quedebió interrumpirse por la pandemia”.
A La Matanza le siguen otros nueve distritos de signopolítico oficialista: Almirante Brown (379); Lomas de Zamora (352); Quilmes(329); José C. Paz (304); Moreno (248); Avellaneda (229); General San Martín (210);Florencio Varela (204); Esteban Echeverría (190). Recién después apareceGeneral Pueyrredón, administrado por el ex juez y funcionario de Juntos por elCambio, Guillermo Montenegro (183). A este último, cuya cabecera es Mar delPlata, le siguen otras cinco alcaldías peronistas: Escobar (170); Hurlingham(152); Ezeiza (144); Berazategui (127) y Pilar (127). Recién después de estos16 municipios bonaerenses figura en la lista con 124 bajas en el programaPotenciar Trabajo la Municipalidad de Córdoba.
A Córdoba le sigue otra intendencia, gobernada por Juntospor el Cambio, La Plata, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires,administrada por Julio Garro. En esa localidad, Desarrollo Social le dio debaja por presuntas irregularidades a 121 personas.
Este medio habló con Óscar Negrelli, el secretario deCoordinación de esa intendencia y, como en CABA, también negaron tener Unidadesde Gestión para que beneficiarios del Potenciar Trabajo desarrollen sus 20horas semanales de tareas. El funcionario de Garro lo explicó así: “Hoy en díael Municipio de La Plata no es unidad ejecutora para que beneficiarios deplanes y programas sociales trabajen prestando tareas”. Y enfatizaron: “En LaPlata nos informaron que había más de 1.000 personas que habían buscadotrabajar en relación de dependencia con el Municipio, no obstante, cuando seinició la gestión para que puedan esos trabajadores venir a prestar tareas enla Municipalidad durante la gestión del ex ministro Juan Zabaleta (el antecesorde Tolosa Paz), el trámite jamás prosperó y, tras el cambio de autoridades, novolvimos a ser contactados para poder ser designados como unidad ejecutora deesos programas”.
Para Negrelli, “debería analizarse si ese número que figura-por las 121 bajas- representa el total de quienes hicieron opción por trabajarbajo dependencia de la Municipalidad y por eso no se concretó”. Una tarea quetambién debería realizar la Justicia porque, según fuentes ministeriales, hastaahora esas personas venían cobrando a través de la tarjeta del PotenciarTrabajo y su tarea era validada, o al menos eso debería haber ocurrido.
Al resto de los distritos bonaerenses que completan casi los124 que componen el territorio de Buenos Aires, se le suman localidades deprovincias como Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y, San Luis.
Entre los partidos de la Provincia opositores con bajas enel potenciar trabajo figura Lanús con con 86 casos. Diego Kravetz, intendenteinterino de esa localidad ubicada en la Zona Sur del conurbano, al serconsultado por Infobae aseguró:”Nosotros tenemos Potenciar en espacio público,en educación y en desarrollo social. Los que no vienen a cumplir tareas no loscertificamos”.
Esta es la primera de una serie de notas de investigación deeste medio ancladas en documentación oficial incontrastable. Las planillasfueron procesadas con la colaboración de Daniela Czibener de la Unidad de Datosde Infobae.
La causa judicial que investiga el juez Lijo y el fiscalRívolo se inició por una denuncia penal del fiscal federal Guillermo Marijuancatalizada en base a una publicación de este medio que revelaba que un informede la AFIP -solicitado por el ex ministro Zabaleta- habría detectadoincompatibilidad en el cobro de 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo.Entre ellos, había fallecidos, personas con más de dos propiedades y hastaquienes habían comprado dólares.
Durante su investigación preliminar, Marijuan le tomódeclaración testimonial a varios funcionarios nacionales, entre ellos, a CarlosCastagneto, el titular de la AFIP. Fue él quien confirmó que el Ministerio deDesarrollo Social tiene la potestad de dar de baja a los beneficiarios que nocumplen con los requisitos del plan. Por esa razón, solicitó investigar a la exdiputada y a Emilio Pérsico, quien está a cargo del Potenciar Trabajo. En ordencronológico, esa cartera estuvo a cargo de Daniel Arroyo -el fundador delplan-; Juan “Juanchi” Zavaleta; y Victoria Tolosa Paz, quien asumió el 13 deoctubre de 2020 y aportó los datos a requerimiento del magistrado.
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