El Gobierno nacional cimienta su recorte presupuestario principalmente en el freno a la obra pública. Los gobernadores buscan desmarcarse de esa lógica y llevan la infraestructura dentro de su agenda. Muchas jurisdicciones debieron adaptar sus necesidades a los recursos propios que pudieron recaudar, ante el ajuste a los fondos recibidos desde el Estado central, lo que comienza a acumular reclamos sociales.
En su último informe de Estrategia federal logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI), las provincias resaltan 1.143 proyectos centrales en carpeta.
Estos se dividen en:
trabajos de carreteras (635),
plataformas logísticas (164),
proyectos aéreos (103),
proyectos ferroviarios (85),
pasos de frontera (81) y
proyectos fluvio-marítimos (75).
Las obras involucran diversos ejes de intervención, que van desde el desarrollo de espacios de descanso para transportistas, el desarrollo de plataformas online de vinculación entre dadores de carga y transportistas para mejorar el desbalance, la generación de nuevas conexiones nacionales e internacionales, la implementación de sistemas eficientes para el control de pesos.
A su vez, se incluye la mejora de accesos a puertos y de rutas o de ampliaciones de capacidad y la intervención sobre algunos tramos urbanos con altos índices de siniestralidad.
Del total de los proyectos apuntalados por el CFI, el 37% se
encuentra en estudio, el 38% se encuentran cerrados, el 14% ya cuenta con
financiamiento, mientras que el 11% están en ejecución.
“La logística es un factor central para el futuro del
desarrollo federal. En un país de gran extensión geográfica como Argentina, el
desafío logístico es enorme. Tenemos todo lo que el mundo necesita. Tenemos que
generar las condiciones para hacer las economías más competitivas y ofrecer
nuestra producción al mundo”, explicó a PERFIL el secretario general del
CFI, Ignición Lamothe.
“La Cumbre Federal de Logística fue una oportunidad
para seguir trabajando en conjunto con el sector privado, los operadores logísticos
y los equipos técnicos en una estrategia logística federal y a largo plazo que
mejore la manera en que se transporta la producción en todo nuestro territorio
y hacia el mundo”, planteó.
La paralización de la obra pública
Más allá de la promoción que realizan las jurisdicciones, la
motosierra que implementó Javier Milei obstaculiza el desarrollo de la mayoría
de las obras de infraestructura. Los gobernadores no pueden sostener todos los
trabajos que desean en su gestión para dar respuesta a los reclamos populares o
a la ampliación de derechos, como lo puede ser el acceso a la salud pública,
educación o al agua.
El 9 de diciembre de 2023, el Ministerio de Obras Públicas contaba con 2.308 obras en ejecución de las 7.265 iniciadas en la gestión de Gabriel Katopodis, que alcanzaron al 100% de los municipios del país. Para las finalizadas, el Estado les dio trabajo a 480.000 empleados del sector de la construcción, de acuerdo a la información oficial.
Los proyectos que el Presidente frenó, para los que los
argentinos habían invertido $ 309.888 millones. De estas, 1.031 consisten en la
gestión integrada del recurso hídrico, 763 de la infraestructura urbana, rural
y del cuidado y 514 de conectividad e infraestructura vial. Al haberse
discontinuado, los materiales comenzaron un proceso de deterioro que las
desvaloriza y encarece sustancialmente para cuando quieran ser retomadas,
explican los expertos.
Las obras públicas paradas en la provincia de Buenos Aires
Están incluidos en este listado 899 proyectos que se habían
iniciado en Buenos Aires. La gobernada por Axel Kicillof resultó objetivamente
la provincia más castigada, no por casualidad quizás considerado por el
Presidente como enemigo público número uno.
Aún sin transferencias de Nación, la gestión bonaerense
ubicó entre sus prioridades terminar algunos de estos trabajos, como los
centros de desarrollo infantil (CDI). Se trata de 80 complejos cuyo reinicio y
finalización requieren una inversión de $ 23.624 millones que salen de las
arcas provinciales. Generarán impacto en más de 7.700 niños y niñas de 60 de
municipios, de acuerdo a las proyecciones que maneja el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos local a las que accedió PERFIL.
“Ante un Gobierno nacional que es símbolo de
deshumanización, en la provincia de Buenos Aires demostramos que somos el
símbolo del cuidado, la defensa de los derechos y de la solidaridad. Vinimos a
inaugurar con Kicillof, Andrés Larroque, Marisa Fassi, Gustavo Arrieta y su
directora Marcela el primer Centro de Desarrollo Infantil para Cañuelas, muy
esperado por toda esta comunidad. Milei y Caputo tendrían que estar acá
explicando por qué el barrio San Ignacio se iba a quedar sin este espacio que
debían terminar para la primera infancia”, publicó en redes Gabriel Katopodis
la otra semana. Entre los primeros terminados también se encuentran los CDI de
Quilmes, Exaltación de la Cruz y Pehuajó.
Entre los intendentes del Conurbano alertan por el
desfinanciamiento en políticas de seguridad. Es que Nación también cortó el
Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad que se destinaba a los municipios
hasta 2023. Eso significa para Morón, por ejemplo, un recorte de casi $ 660
millones que tenían orientados a la prevención del delito. La pavimentación de
caminos, construcción de puentes y proyectos educativos se encuentran entre las
prioridades. En el distrito administrado por Lucas Ghi también se detuvieron
534 viviendas del Plan PROCREAR y el Centro Interuniversitario en el sur. “El
sueño de una casa de estudios superiores que proyectamos hacer quedó trunco por
la decisión de Nación de no cumplir con el convenio firmado con el municipio”,
criticó.
Traspaso de responsabilidades, ¿y de financiamiento?
Algunos gobernadores llegaron a convenios con la Casa Rosada
para que les transfieran la posibilidad de continuar con los proyectos, pero no
siempre los fondos. Estas incluyen a 20 de las 24 jurisdicciones: Tierra del
Fuego, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, San
Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
¿Qué pasa con la obra pública en La Rioja?
En La Rioja, Nación paralizó ocho centros de desarrollo
infantil, siete escuelas, y la del nuevo hospital central. Todas las obras de
viviendas también quedaron en un parate. El gobernador, Ricardo Quintela, eleva
como estandarte en cada discurso la mejora en la calidad de vida de aquellos
riojanos que pasaron de vivir en un quincho de cartón y plástico a una casa de
material con tres habitaciones.
“La Rioja es la provincia que más propietarios de sus
viviendas tiene”, se enorgullece el mandatario en casi cada discurso, siempre
en comparación a la población total de cada jurisdicción. En eso consiste el
Plan Angelelli, del que, y que también forma parte de los desfinanciados por el
gobierno central. El programa utiliza exclusivamente compañías estatales: “Las
empresas del Estado no buscan la ganancia económica, sino la renta social”,
resalta el también postulante al PJ Nacional.
A su vez, se encuentra frenado el desarrollo del nuevo
Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CEDITET)
riojano y la obra del gasoducto, ambas de vital importancia para los
habitantes. Esto sin sumar las rutas, el plan de asfaltado provincial, la
intervención del casco céntrico y la construcción de un nuevo distribuidor en
la rotonda del Chacho Peñaloza, de acuerdo al listado acercado por la provincia
a este medio.
Salta y su obra pública
En Salta son 118 las que se estaban ejecutando con
financiamiento nacional. La provincia y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos,
firmaron tres convenios en junio: del total, 65 absorberá la provincia con
fondos propios y el resto las continuará Casa Rosada, confirmaron a PERFIL
desde la gobernación. “Vamos a reactivar la obra pública en nuestra provincia”
había afirmado el mandamás norteño, Gustavo Sáenz.
Los proyectos de Nación consisten en los de mayor
envergadura, como rutas y 12 nuevas escuelas que se encontraban en proceso,
confirmó el ministro de Infraestructura local, Sergio Camacho. Para las que se
hará cargo la provincia se tienen que firmar convenios específicos para
formalizar el traspaso, las que incluirán a cerca de 2.000 viviendas
paralizadas. En el mientras tanto, la provincia continuó con unas 170 obras
incluidas en el presupuesto provincial, que no se habían detenido.
El financiamiento de la obra pública en Tierra del Fuego
La firma del acuerdo con Nación en Tierra del Fuego
estableció que algunas obras continuaban con financiamiento nacional, de las
cuales se están gestionando las cuestiones administrativas para que
efectivamente se concreten. Hay otras obras que la provincia asumió como
compromiso finalizarlas con fondos propios, como los centros de desarrollo infantil;
la comisaria de género de Río Grande.
Con la mirada puesta en la finalización de la veda invernal,
el gobierno fueguino ultima detalles para la reactivación total de una serie de
obras de infraestructura, así como la finalización de 500 viviendas
distribuidas entre Ushuaia y Río Grande, confirmaron a PERFIL desde el
Ejecutivo de la isla. “Son obras importantes para Tierra del Fuego, que
habíamos planteado para mejorar la calidad de vida para muchos vecinos de
nuestra provincia”, sostuvo el gobernador Gustavo Melella.
Tras el acuerdo de julio entre la provincia y Francos se
comenzaron a regularizar deudas por certificaciones de obras, además de encarar
una readecuación de precios de los contratos firmados con las empresas a cargo
de las obras que se paralizaron con el cambio de gestión nacional. La ministra
de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, aseguró
que “se ha hecho un trabajo enorme, primero político e institucional de la mano
del gobernador Melella, para lograr revertir esta situación de paralización y
retomar este grupo de obras”.
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