El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovelo
decidió dar de baja a 4.588 titulares del programa Potenciar Trabajo luego de
que se constataran “incompatibilidades”. La decisión se amparó en una
investigación que encabezó el fiscal Guillermo Marijuan, quien realizó un
entrecruzamiento de datos.
Desde la cartera informaron que “luego del
entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan potenciar
trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias,4588 personas
presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”.
También detallaron que dentro de las 14 provincias
investigadas aparecen Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy,
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
Marijuan había pedido en noviembre las bases de datos de los
trabajadores estatales de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires para
verificar el padrón del plan social.
En la investigación se detectó la realización de maniobras
ilícitas que podrían encuadrarse dentro del delito de defraudación al estado.
Es por eso que el fiscal apuntó contra los funcionarios públicos nacionales y
provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la
comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en
principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario
público”.
Actualmente, los titulares de Potenciar Trabajo cobran
$78.000, equivalente a la mitad de un salario mínimo, vital y móvil. Luego de
llegar al poder, el Gobierno Nacional anunció que esa cifra se congelaría, en
el marco de las medidas económicas con las cuales busca bajar el déficit
fiscal.
Según se detalló dentro de sus objetivos, el plan es
“contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a
través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios,
socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la
inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social y económica”.