Minutos antes del cierre del horario judicial de este lunes,la jueza María Fabiana Galletti, titular del Juzgado 31, decidió remitir a laJusticia federal el expediente que intenta esclarecer la muerte de EmmilyRodrigues. El cambio de jurisdicción llega tras un planteo exitoso del abogadodefensor del principal acusado, el empresario Francisco Saénz Valiente, elanfitrión de la fiesta de drogas donde Rodrigues perdió la vida al caer seispisos al vacío el 30 de marzo pasado.
El letrado Facundo Orazi realizó el planteo luego de que laSala VI procesara a su defendido por el homicidio culposo de Rodrigues y elsuministro de las drogas que llevaron a su muerte. El suministro deestupefacientes, precisamente, es un delito federal.
La Cámara misma había abierto la puerta para este planteo ensu fallo de la semana pasada, cuando en su decisión aseguró que “conforme estacalificación, y sin perjuicio del grado concursal por la íntima vinculación conlos otros delitos investigados cometidos en un mismo ámbito de espacio ytiempo, deberá el Juzgado expedirse en relación a la cuestión de competenciamaterial en el sumario”.
“De tal suerte, viéndome obligada a resolver conforme lodispuesto por el Superior, siguiendo los lineamientos expuestos en el aludidoresolutorio y habiéndose dado cumplimiento a las diligencias ordenadas deurgente trámite (la implementación de la tobillera electrónica, la comunicaciónde prohibición de salida del país y el embargo), habré de declarar laincompetencia de este Tribunal para seguir interviniendo en este expediente yhabré de remitirla, en consecuencia y sin más trámite, a la Oficina de Sorteosde la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Criminal y CorreccionalFederal” para que se sortee el nuevo juzgado del caso, acató Galletti.
Sáenz Valiente fue procesado por la Sala VI de la CámaraCriminal y Correccional la semana pasada. La letra de la calificación fue laclave. Los fiscales del caso, Santiago Vismara y Mariela Labozzetta, trasapelar la falta de mérito dictada por el juez Martín del Viso, habían retiradosu planteo de femicidio y pidieron que el empresario de la minería y el agrosea procesado por abandono de persona seguida de muerte, con una pena de 25años.
Finalmente, la Sala VI decidió procesarlo sin prisiónpreventiva “en calidad de autor en orden al delito de suministro gratuito deestupefacientes, en concurso ideal con facilitación de un lugar para suconsumo, en concurso ideal con homicidio culposo, en concurso real con el detenencia ilegítima de un arma de uso civil condicional”, según el fallo al queaccedió Infobae.
Así, le prohibieron al empresario salir del país y ordenaronque se le instale una tobillera electrónica para monitorearlo. La imputaciónpor el arma apunta a la escopeta marca Escort hallada en los allanamientos.
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