Este jueves la comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados comenzará a trabajar sobre siete proyectos con estado parlamentario para modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones. La oposición dialoguista busca adelantar el debate por las jubilaciones para que no quede enmarcado dentro de la Ley Ómnibus. En ese sentido, aseguran que los jubilados no pueden seguir esperando mientras la inflación licúa sus haberes. No obstante, hasta el momento el oficialismo ha logrado manejar los tiempos con éxito.
Hace dos semanas Hacemos Coalición Federal intentó forzar
una sesión especial pero no alcanzó el quórum gracias a las negociaciones de la
Casa Rosada con los gobernadores. Luego intentaron ponerle una fecha límite
-primera semana de abril- para dictaminar a las comisiones de Previsión Social
y Presupuesto. Para esto necesitaban que José Luis Espert, titular de
Presupuesto, aceptara que ambos cuerpos funcionen en plenario (en simultáneo),
pero el pedido fue rechazado por el flamante miembro del bloque libertario, que
dejó en claro que se acomplará al cronograma que proponga la Casa Rosada.
“No se puede postergar más la respuesta ante la difícil
situación que viven los jubilados argentinos”, planteó la diputada radical
Gabriela Brouwer de Koning, al convocar a la comisión de Previsión Social para
este jueves. Tuvo el apoyo del titular del bloque radical, Rodrigo de Loredo,
que también instó al Gobierno a habilitar el debate.
En la próxima reunión de comisión comenzarán a analizarse
media docena de proyectos entre los que se destacan el de Juan Manuel López de
la Coalición Cívica, el de María Eugenia Vidal, del PRO, y el de Danya Tavela,
del sector del radicalismo alineado con Martín Lousteau. También tienen estado
parlamentario los proyectos de Gisela Marziotta, de Unión por la Patria, Pedro
Galimberti, de la UCR, Alejandra Torres, de HCF, y María Sotolano, del PRO.
En general, todos los proyectos contemplan una actualización
en base al Índice de Precios al Consumidor del INDEC, en contraste con la
fórmula actual que combina RIPTE y recaudación (no es ideal para contextos de
muy alta inflación). La actualización por IPC también la proponía el
oficialismo en la primera versión de la Ley Ómnibus, pero el cambio de fórmula
se implementaría a partir del 1 de abril. El problema radica en el “empalme”
entre las dos fórmulas, por eso los proyectos de los bloques dialoguistas incluyen
algún tipo de compensación por la inflación de diciembre y enero.
A instancias del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, el
oficialismo contempló una compensación de 10% correspondiente a enero, pero
como ese mes la inflación superó el 20% casi todo el arco opositor consideró
que era insuficiente. La diferencia representa unos USD 2 mil millones.
Por el momento, el oficialismo se mantiene firme en su
postura de discutir la fórmula jubilatoria junto con la nueva versión de la Ley
Ómnibus y el acuerdo fiscal con las provincias. Por esta razón los gobernadores
también tendrán un rol clave a la hora buscar consensos o bloquear los intentos
opositores de avanzar unilateralmente.
Los bloques dialoguistas insisten en que los jubilados son
una prioridad y buscarán en principio avanzar en la comisión de Previsión
Social para presionar a sus pares de Presupuesto. Sin embargo, desde Hacemos
Coalición Federal reconocieron que ya no hay muchas posibilidades de imponer un
cronograma desde el Congreso.
Ayer por la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni
desmintió la posibilidad de que la Casa Rosada aplique una nueva fórmula por
decreto esta misma semana. Pero la oposición considera que falta demasiado
tiempo hasta la segunda mitad de abril, por lo que no descartan que el Gobierno
avance por esa vía en el corto plazo. “Veremos alguna alternativa para
compensar a los jubilados”, adelantaron en caso de que la nueva fórmula llegue
por decreto.
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