Tras dos semanas sin actividad, la Comisión de JuicioPolítico retomó sus reuniones para analizar las acusaciones por presunto maldesempeño contra los cuatro miembros de la Corte Suprema. En su últimoencuentro, el oficialismo había aprobado una resolución que formulaba 14 cargoscontra el juez Juan Carlos Maqueda por irregularidades en la administración dela Obra Social del Poder Judicial y lo notificó para que haga su descargo enforma presencial o por escrito. Al inicio de la reunión, la presidenta de lacomisión Carolina Gaillard anunció que Maqueda no se presentó y tampoco envióun escrito, amparado por sus fueros.
De esta forma, el oficialismo dio por concluida la etapa deanálisis de los expedientes vinculados con la Obra Social y puso en funcionesuna subcomisión (integrada por tres del oficialismo y dos de la oposición) quese encargará de seguir investigando otras presuntas irregularidades que podríanhaber tenido lugar en otros períodos temporales, dado que el oficialismo sólose concentró en lo que denominó el “período Maqueda” (7 de abril del 2008 y el31 de agosto del 2021).
Luego, Gaillard anunció que comenzarían a ser analizados losexpedientes vinculados con el fallo por la coparticipación que benefició a laciudad de Buenos Aires.
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema falló a favorde la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipaciónque la enfrentaba con el gobierno nacional. El máximo tribunal dictó una medidacautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el2,95{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de la masa de fondos coparticipables (CABA reclamaba 3,50{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} en el reclamode fondo).
El gobierno porteño había recurrido a la Justicia debido aque en 2020 Alberto Fernández decretó la reducción del 3,5 a 2,3 los fondosdestinados a la Ciudad. Luego esa decisión fue ratificada por una ley. Esosfondos habían sido triplicados durante la gestión de Mauricio Macri por decretoa raíz del traspaso de la Policía.
El oficialismo buscará probar que hubo un acuerdo para traficarla sentencia entre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el titularde la Corte, Horacio Rosatti. Como evidencia exhibirán los chats que sefiltraron mediáticamente entre Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
En esa línea, el diputado Rodolfo Tailhade solicitó que seordene una “huella de voz” para determinar la verosimilitud de estasfiltraciones (que además de mensajes escritos contienen audios).
“Como todavía no tenemos las manifestaciones testimonialesde Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicitoque hagamos una prueba independiente y que la Policía Federal sea la que estéencargada de llevar adelante el peritaje”, dijo Tailhade.
“Esa prueba no se puede utilizar y mucho menos se va asubsanar porque hagan una huella de voz”, señaló Juan Manuel López –de laCoalición Cívica– en sintonía con los planteos de inadmisibilidad que ya habíamanifestado la oposición al inicio del proceso de juicio político.
El primer testigo en el marco del expediente de lacoparticipación fue el doctor Horacio Diez, Subprocurador del Tesoro de laNación, quien centró su exposición en que tanto el gobierno de Mauricio Macricomo la Corte Suprema no detallaron cómo llegaron al monto total de recursosque consideraron necesarios para financiar el traspaso de la policía. “Esextraño que les dio un número redondo, 3,75”, dijo.
“A principios de 2016, fue suscripto entre el PoderEjecutivo y el Ejecutivo de la Ciudad el convenio de traspaso de funciones deseguridad en materia no federales. En el convenio de traspaso de la policía nofue estimado el costo que podía representar la ejecución o cumplimiento de esosservicios no federales, y tampoco se estableció allí ningún mecanismo oprocedimiento destinado a establecerlo”, detalló.
Y agregó: “Nuestra postura en representación del Estadonacional es que los decretos 194, 392 y 257 carecen de fundación económico yfinanciera, y el cuestionamiento que desde la representación del Estadonacional hemos formulado estriba en que la forma de compensar el mayor costofruto de la transferencia de servicios a una administración local no debe serla fijación de un porcentaje determinado dentro de la coparticipación, sino lamedición del costo, fijando luego una cláusula de ajuste. Pero nonecesariamente atado a un porcentaje de la coparticipación”.
Al término de la reunión, el diputado del PRO Pablo Tonellilamentó que el kirchnerismo llevara adelante “un nuevo capítulo del show con elobjeto de distraernos de los verdaderos problemas de los argentinos”.
“Ayer se negaron a modificar la ley de alquileres que tieneen vilo a miles de argentinos sin acceso a la casa propia. Pero hoy, en unadesesperada tentativa por justificar el manotazo a los recursos de la Ciudad deBuenos Aires y el incumplimiento del fallo de la Corte, que indica larestitución parcial de dichos fondos ilegalmente transferidos a la Provincia deBuenos Aires, siguen proponiendo testigos parciales y dilatando el procesosabiendo que su intento de embestida contra la Corte Suprema ha fracasado”,dijo.
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