La Comisión de Juicio Político, presidida por la diputadadel Frente de Todos, Carolina Gaillard, realizó una nueva ronda de testimoniosen el marco de la investigación por mal desempeño contra los jueces de la CorteSuprema de Justicia. Durante la jornada se retomaron las declaracionestestimoniales referidas a la investigación por presuntas irregularidades en elmanejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
En primer lugar, brindó testimonio la jueza Federal de SanMartín, Martina Forns, afiliada de la Obra Social del Poder Judicial de laNación. “Las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de esaprestación porque mi marido estaba enfermo y me dejaron abandonada”, dijo.
“Me comuniqué con la secretaria del juez de la CorteSuprema, Juan Carlos Maqueda, ya que él era el encargado de la obra socialjudicial, pero nunca nadie se contactó para ayudarme”, indicó.
Además, la magistrada declaró: “Recibo continuamente amparosde salud por incumplimientos e irregularidades en el manejo de la obra social yla mayoría de los casos se relacionan con abandono de persona”.
A su turno, el ex funcionario de la Corte Suprema deJusticia de la Nación (CSJN), Héctor Daniel Marchi, prestó su testimonio porsegunda vez en la Comisión, con el objetivo de ampliar su declaración en tornoa las supuestas irregularidades en el manejo de la obra social.
Marchi dijo que “estaba aquí porque me interesa la seguridadjurídica de la mujer y del hombre de a pie”. “No estoy aquí por la bronca de untraslado, estoy porque me citaron como testigo de informes que hice hacebastante tiempo, totalmente técnicos y profesionales, y para defender al PoderJudicial de la Nación”, sostuvo.
Asimismo, dijo que era “la tercera vez que decía presente”,ya que declaró dos veces en la Comisión de Juicio Político y una en juzgadofederal. “Los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministrosy dos funcionarios que todavía no fueron citados”, reclamó.
“Preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidady la autoridad, sabía que iba a pasar porque me negué a encubrir a -Mariano-Althabe y a Silvio Robles”, dijo en referencia al titular del directorio de laobra social y al vocero del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.
Sobre la gestión de la obra social, Marchi reiteró que “noexiste organización sin contabilidad integrada, es el escenario perfecto paracualquier hecho de corrupción, una negligencia grave que abarca la gestión deMaqueda y de Rosatti, que no se corresponde con los deberes de un funcionariopúblico”.
Ante los diputados, Marchi también denunció el “posibleotorgamiento de contratos para intentar negociar fallos” y señaló “a SilvioRobles por orden del doctor Rosatti”.
“Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad deSanta Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, quedeclaró llevarle dinero todos los meses”, declaró.
El último testimonio de la jornada fue el de Nicolás JacintoSerafini, contador público, quien trabajó como auditor de la obra social delPoder Judicial. “Estaba hecho el balance 2005, que no tenía una auditoría, esaera la última información contable que había en la obra social. El del 2005 nocumplía con las formalidades de un balance, por lo tanto, no lo podíamos darpor bueno”, dijo.
Como parte de las irregularidades en la obra social,Serafini indicó también que “el sistema informático contable era vulnerable, yaque podía ser modificado luego de cerrado un ejercicio, pudiendo ser alteradaslas registraciones en cualquier momento”. Asimismo, aseveró que “no habíaseguridad de que todas las operaciones estén registradas en el sistema”.
Durante la reunión, realizada en el Anexo de la Cámara deDiputados, también se analizó la suspensión de las elecciones en Tucumán y SanJuan, dictada hoy por la Corte Suprema de Justicia.
El diputado Leopoldo Moreau (FdT) calificó el episodio como”un hecho de gravedad institucional”. En el mismo sentido, el titular delbloque del oficialismo, Germán Martínez, también criticó el fallo y dijo:”Vamos a estar al lado de cada uno de los diputados de estas provincias paraque la vida democrática en San Juan y Tucumán esté plenamente resguardada”.
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