“Si consideramos la cantidad de cabezas de ganado, ya que este cargo se aplica únicamente a 13 millones de cabezas que se faenan al año, cada productor paga $278 por cabeza anualmente. Esto equivale a aproximadamente 100 gramos de carne por año por cabeza, una cifra realmente insignificante”, justificó Odriozola.
“Independientemente de esto, ya sea mucho o poco, es fundamental considerar para qué sirve lo que se cobra. La voluntariedad no funciona. La misión principal del Ipcva es promocionar la carne tanto en el comercio interno como en el exterior, y esto se ha logrado, como lo demuestra la apertura del mercado chino, que fue resultado de un esfuerzo conjunto”, añadió.
Por su parte, el legislador nacional de La Pampa, Martín Ardohain (PRO), ha presentado un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados solicitando al Poder Ejecutivo información detallada sobre el funcionamiento y los gastos del Ipcva.
Esta solicitud, dirigida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, subraya la necesidad de conocer en qué se emplea el dinero de los productores y si este retorna a ellos en beneficios concretos.
Ardohain pide, entre otras cosas, la lista completa de empleados del Ipcva, independientemente de su modalidad de contratación, así como sus respectivas escalas salariales. También solicita información sobre las instalaciones del organismo, sean propias o alquiladas, incluyendo el monto destinado a alquiler en caso de proceder.
Además, se requiere conocer el monto total de recursos actuales del Ipcva y su distribución por actividades, capacitaciones, becas o proyectos aprobados. El legislador también demanda un informe sobre los viajes realizados en lo que va del año, detallando destino, motivo, número de personas involucradas y gastos relacionados con pasajes aéreos, alojamiento y viáticos.
En conclusión, Ardohain resaltó que el financiamiento del Ipcva proviene de un tributo obligatorio que deben abonar tanto productores como frigoríficos, recaudado por el Estado nacional a través de la Secretaría de Agricultura. “Este aporte representa una carga fiscal adicional para un sector que cada vez muestra menos capacidad para sostener estas obligaciones”, concluyó.
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