El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tomó la
decisión, mediante el decreto 3675, de intervenir al Instituto de Obra Social
de la Provincial de Entre Ríos (IOSPER), argumentando un constante aumento del
déficit mensual y una alarmante caída en la calidad de las prestaciones.
Según lo que detalló el propio funcionario: “Lo que se
encontró hasta ahora es la punta del iceberg”.
https://twitter.com/frigeriorogelio/status/1866860997643997204?ref_src=twsrc%5Etfw
Esta preocupante situación en la que se encuentra la obra
social de la provincia alcanza no solo a las actuales autoridades sino a
gestiones anteriores.
Esto involucra a Silvio Moreyra, quien estuvo al frente del
organismo entre 2006 y 2014, y a su inmediato sucesor, Fernando Cañete, titular
desde 2014 hasta la fecha, que presentó su renuncia en medio de esta delicada
situación.
Lo que dice el archivo
Moreyra, ex intendente de Santa Elena entre 2015 y 2019 y
con una larga lista de cargos como funcionario público, fue investigado y
acusado por diversos hechos de corrupción que incluyen enriquecimiento ilícito
y desvió de fondos para gastos personales.
En las investigaciones en su contra figuran la adquisición
de varias propiedades, tanto en Paraná como en Santa Elena, además de la compra de
caballos registrados en el Stud Book y millonarias inversiones en diferentes
rubros.
También se lo acusó de haber utilizado dinero del IOSPER
para pagar una campaña mediática contra opositores políticos.
Silvio Moreyra.
En tanto que durante la gestión de Cañete, se realizaron acusaciones de sobre la falta de transparencia activa en el manejo de fondos
públicos, y la ausencia de información vinculada a los últimos balances
económicos, presupuestos, sueldos de su directorio y pago a los principales
proveedores.
Además de los constantes reclamos por parte de prestadores,
por falta de pago, y de afiliados, por falencias en la cobertura, también
habrían existido contrataciones con sobreprecios, mientras que puntualmente, el
ex presidente Cañete fue denunciado en dos ocasiones por abuso de poder,
violencia laboral y violencia de género.
Fernando Cañete.
Los que se oponen
Pese a todas estas irregularidades, desde distintas instituciones y gremios salieron a repudiar la intervención del gobierno provincial al IOSPER.
Es así que la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), publicaron sus respectivos comunicados rechazando la medida.
FESTRAM
CTA
UPCN
AGMER
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