El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (TSJER) aprobó la Guía de Estilo para un lenguaje judicial claro elaborada por un equipo formado por magistrados y funcionarios del Poder Judicial. El proyecto se inició por solicitud de la vocal del Tribunal, Gisela Schumacher en 2022 y el grupo terminó integrarse el 14 de junio del año siguiente.
Ese primer encuentro de trabajo estuvo encabezado por la Presidenta del TSJER, Susana Medina. La reunión tuvo el objetivo de imprimir y profundizar esa dinámica en los contenidos, textos, sentencias y resoluciones del Poder Judicial de la provincia. Se realizó en el Salón de Acuerdos, y se trazaron, junto a trabajadores y trabajadoras de distintos organismos, los primeros lineamientos de las tareas a concretar en el corto, mediano y largo plazo.
“Es importante definir cómo nos comunicamos con la comunidad. Tenemos la obligación de aplicar un lenguaje claro para asegurar una lectura fácil. El lenguaje es un vínculo, es importante que lo construyamos con todas las personas”, dijo Susana Medina en esa oportunidad en la que llamó a fortalecer “una justicia de puertas abiertas”.
Por su parte, la vocal Schumacher, que propuso la conformación del equipo de trabajo, afirmó que “la justicia debe darse la tarea de reflexionar sobre cómo comunica. Las personas deben comprender qué decimos en nuestras sentencias y nosotros debemos esforzarnos todos los días para alcanzar formas más simples y comprensibles para redactarlas.”
La guía tiene como objetivo efectivizar el acceso a la justicia, mejorar la calidad del servicio de justicia y facilitar la producción de documentos y audiencias judiciales en los que el lenguaje sea sencillo. Además resguardar el derecho de la población a entender qué es lo que se quiere comunicar.
En la introducción de este documento, los autores señalan
que aportará herramientas para sortear barreras y lograr una comunicación
sencilla a través de un lenguaje jurídico más comprensible.
La guía está diseñada teniendo en cuenta tres ejes: uno
destinado a las producciones escritas, tanto sentencias como actos
administrativos; otro para las audiencias orales y el tercero para las
comunicaciones judiciales como notificaciones, cédulas y oficios.
En cuanto a la estructura y estilo del texto se sugiere a
los jueces que escriban oraciones cortas -con una sola idea por oración- que no
superen las 30 palabras y párrafos de no más de 6 líneas.
Además recomienda utilizar la voz activa en la que el verbo
es directo y como consecuencia las oraciones son más cortas. Por ejemplo: en
lugar de escribir “la audiencia fue fijada por el juez”, aconseja que sea “el
juez fijó la audiencia.” También se aconseja que magistrados y funcionarios en
caso de incluir términos técnicos o información compleja, a continuación se los
explique en lenguaje corriente.
Otra sugerencia es evitar el uso de palabras que son
habituales en los escritos judiciales como actor, demandado, amparista,
recurrente, quejoso; y en cambio se nombre a cada parte por su nombre y
apellido.
El contenido del mensaje debe estar compuesto por términos
habituales y en lenguaje inclusivo. El objetivo del lenguaje claro es acercar a
su público destinatario el criterio o argumento jurídico y exponerlo de tal
manera que su comprensión sea accesible para la ciudadanía.
Gisela Schumacher señaló que el lenguaje jurídico es un
lenguaje técnico que se enseña en la facultad y en los libros que se explica de
modo complejo lo que hace que “muchas personas no puedan entender aquellas
cosas que nosotros transmitimos” y añadió que las personas que se contactan con
el Poder Judicial tienen un derecho a entender porque ese derecho les permite
ejercer otros derechos como defenderse.
“La idea es trabajar con pautas o reglas que en principio no
son de cumplimiento obligatorio, pero sí sugerencias para todas las personas
que trabajan en el Poder Judicial para que se utilicen formas más simples de
comunicación”, indicó Schumacher. La magistrada señaló además como ejemplo, que
es una tradición en el lenguaje jurídico escribir palabras en latín, “bueno,
una de las recomendaciones es no usar el latín y si no hay otro remedio, se
explica qué quiere decir.”
En cuanto a las sentencias, la guía recomienda a los jueces
que al comienzo debe haber un copete con el tipo y resumen de la resolución.
Asimismo relatar en primera persona los antecedentes de lo que se hizo desde el
juzgado. En la redacción de la parte resolutiva deben evitarse los
pronunciamientos confusos y la decisión de la sentencia definitiva debe ser
clara y congruente con todas y cada una de las pretensiones deducidas.
Otra de las recomendaciones para los magistrados es
complementar la escritura clara con otros mecanismos de comunicación según el
caso y las personas destinatarias. Algunos de los sugeridos son: imágenes,
dibujos, videos, párrafos de lectura fácil y transcripciones accesibles para
personas con discapacidad visual.
Las iniciativas para el uso del lenguaje claro en la
justicia no son nuevas. Desde hace más de dos décadas se realizan actividades
en pos de ese objetivo en las cumbres judiciales que reúnen a los magistrados
de las Cortes de los países latinoamericanos. En ese sentido, la Carta de Derechos
de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano, aprobada
durante la VII Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos
de Justicia realizada en la ciudad de Cancún en México en 2002, consigna que
“todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones
judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus
destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de
su rigor técnico.”
Luego, en 2010 en Montevideo, en la XV Cumbre Judicial
Iberoamericana se elaboraron las reglas básicas y recomendaciones en materia de
comunicación que establecieron que “las autoridades judiciales deben exponer
las razones que justifican sus decisiones jurisdiccionales y esta motivación
deberá ser expresada de modo claro, preciso y completo.”
En 2016, en la Declaración de Asunción se indicó que “la
legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y calidad de las
resoluciones judiciales” y, con esa finalidad, “es esencial el uso de un
lenguaje claro e inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales,
y una argumentación fácilmente comprensible”.
Con relación a este tema, en una resolución de octubre del
año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó los “Lineamientos
Generales de Sentencias Claras”. En esa oportunidad, en disidencia parcial el
ministro Ricardo Lorenzetti recordó que “el lenguaje claro es una política de
Estado que se ha impulsado en Argentina desde hace veinte años, que comparto y
he impulsado junto a numerosos jueces y juezas de todo el país, tanto en el
ámbito federal, como nacional y en particular en las justicias provinciales.”
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