La diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la
Comisión de Legislación Penal en la Cámara Baja, presentó un proyecto que busca
modificar el Código Penal incorporando un artículo por el cual un agresor podrá
ir preso cuando incumpla con la restricción perimetral impuesta en una causa
por violencia de género.
En los fundamentos del proyecto señalan que el caso de Úrsula Bahillo ha vuelto a
hacer visible la problemática de la violencia de género y donde se puede ver
claramente el incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto policial
como judicial, la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una
completa falta de empatía por sus vidas.
Lo que dice el archivo
“Sabemos que no todos los casos son iguales, que no se puede
realizar una modificación legal para cada caso, pero observando el
comportamiento de los servicios que debieran proteger a las mujeres, y no lo
hacen, debemos avanzar más sobre sus acciones, ya que el deber ser de sus
funciones no tienen impacto en la realidad” explica el proyecto que establece
sanciones de prisión para agresores que no cumplan con las restricciones
establecidas por la justicia, y también para funcionarios que demoren o frenen
la disposición de medidas de prevención.
En la redacción del proyecto, la legisladora por Entre
Ríos propone dos supuestos, el primero
que considera la situación cuando la
“desobediencia” del agresor se produzca
ante una resolución judicial que tuviera
por objeto una medida de restricción perimetral y/o exclusión del hogar en el
marco de una denuncia por violencia de género o violencia familiar, en donde la
pena será de 3 a 5 años de prisión.
En el segundo caso se trata de aquellas situaciones donde la
desobediencia se dé frente a una
resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física,
psíquica o sexual de una persona, en el marco de un proceso en el que existe
una denuncia ya efectuada por violencia de género o violencia familiar, en la
cual la pena también será de 3 a 5 años
de prisión.
(Foto: La diputada Gaillard junto a su par Mara Brawer por ingresar al recinto)
Junto a sus pares Mónica Macha, Cecilia Moreau, Paula
Penacca, Jimena López, Victoria Rosso, Gisela Marziotta, Lucía Corpacci, Mayda
Crespo, Blanca Osuna, Alcira Figueroa, Melina Delu, Graciela Landriscini,
Estela Hernández, María Rosa Muñoz, María Rosa Martínez, Graciela Parola,
Estela Hernández, Paola Vessvessian, Liliana Swindt, Nancy Sand, Mabel
Caparros, Beba Soria, María Luisa Montoto, Nelly Daldovo, el proyecto de la
diputada por Entre Ríos, incorpora además un párrafo en el marco del artículo
239 del Código Penal -Ley 11.179- en el cual se establece que será reprimido
con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un
funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona
que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación
legal.
Celeridad
El proyecto busca resolver la dilación que se produce en las
causas que se tramitan por denuncias por violencia de género y establecer
celeridad en la respuesta ante el incumplimiento de medidas de protección a las
víctimas.
También el proyecto prevé los casos de desobediencia que
puede cometer alguien denunciado por violencia de género, ante un
incumplimiento que configure “desobediencia u otro delito o represente un
peligro para la salud o para la vida de la víctima de violencia o la de sus
hijos/as, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con
competencia en materia penal en forma urgente y dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas”.
El juez deberá poner el hecho en conocimiento dentro de las 24 horas
El proyecto que ya tuvo ingreso formal en la Cámara de
Diputados este jueves, dispone además
sanciones para el juez o la jueza que en las denuncias por hechos de
violencia de género o de violencia familiar, “retardare maliciosamente la
administración de la justicia después de haber sido requerido por las partes, y
de vencidos los términos legales”.
Básicamente la norma se encuadra en el marco de la ley 26.485 de “Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales” que en su artículo 26 prevé
la imposición de medidas urgentes “de acuerdo a los tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres”, encontrando en esa enunciación aquellas medidas
que directamente se toman para proteger la vida y la integridad física de las
mujeres y sus familias, explica el proyecto.
Los datos del crimen
Úrsula Bahillo, la joven asesinada por su expareja, Matías
Ezequiel Martínez, murió de al menos 15 puñaladas. Así lo reveló el informe
preliminar de la autopsia, que detalló que recibió incisiones en la espalda,
torso y cuello. En este contexto, la Justicia convalidó la imputación por
femicidio con los agravantes de “alevosía” y “enseñamiento” para el exnovio de
la víctima, quien permanece detenido por el caso.
Fuentes judiciales informaron que el imputado Matías
Ezequiel Martínez, de 25 años, será indagado entre jueves y viernes por el
fiscal de la causa, Sergio Terrón, quien aguarda a que le den el alta médica
para realizar la audiencia.
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