El cambio climático ha adquirido mayorprotagonismo en la agenda pública, la aparición de objetivos verdes, el frenesíde movimientos por la acción climática liderados por la juventud, el desarrollode instrumentos jurídicos internacionales y acuerdos multilaterales entre naciones,el auge de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, son clarasmuestras de un despertar de conciencia ciudadana que sacude al Siglo XXI.
Globalmente, el 2020 nos impactó de lleno, con una pandemia que puso a pruebatodo lo conocido, agudizó problemas estructurales, generó nuevos y desnudó sinpudor los que arrastramos hace años. Los problemas son muchísimos y ocupantodos los espectros posibles, pero es dable destacar dos: los efectos en lasalud de la población y los efectos en nuestra economía (todos los indicadorescoinciden que estamos inmersos en una crisis económica sin precedentes).
Sinembargo, la pandemia COVID-19 significa una oportunidad para reflexionar sobrenuestra relación con el ambiente y cómo articula con las prácticas productivasque venimos desarrollando. Esto es así, porque entendimos que la pandemia esconsecuencia directa de nuestras acciones.
De este modo, conceptos comodesarrollo sostenible, acción climática, economía circular, gestión deresiduos, consumo responsable, han cobrado protagonismo en los debates a lahora de pensar la pospandemia.
En Argentina, además de losefectos de la pandemia, nos encontramos atravesando un momento crítico. Lasllamas no cesan, la biodiversidad de nuestros ecosistemas se ve profundamenteafectada como así también la salud, seguridad y vivienda de la población.
Losincendios tuvieron y tienen consecuencias negativas en 11 provincias: Santa Fe,Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago delEstero, Misiones, Catamarca y La Rioja. En total, han arrasado hasta el momentomás de 120.000 hectáreas.
Existe un espeso marco normativo en materia deprotección ambiental para que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio deAmbiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Seguridadjunto a los Gobiernos provinciales y locales articule un plan de manejo contrael fuego para la prevención y combate de incendios. A su vez, la legislaciónvigente permite que los órganos judiciales actúen previniendo, investigando yde ser necesario, sancionando a los responsables.
Los incendios comenzaron en el Delta del Paraná (elsegundo delta más grande de Latinoamérica) en enero y febrero. Al día de hoy,no han cesado ni disminuido, sino que han aumentado. Por esta razón, en juniopresentamos un pedido de informe solicitando al Poder Ejecutivo un raconto delas acciones motorizadas para garantizar el cumplimiento de la Ley 26.562 dePresupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de Actividades deQuema, la Ley 26.815 de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de AlertaTemprana y Evaluación de Peligro de Incendios y sobre el rol que estaba teniendoel Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) en la mitigación de las quemas.
En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos las quemas son un problemahistórico, pero en esta ocasión una serie de factores provocaron el peor de losescenarios: bajante historia del Río Paraná (el nivel del Río llegó a 0,46 comono sucedía hace 50 años atrás), sumado a que la sequía extrema y los potentesvientos, son una combustión asegurada para el fuego.
Mientras tanto el Ministrode Ambiente Cabandié señala a los productores agropecuarios como losresponsables directos, pero la realidad muestra otro escenario: parte de losproductores agropecuarios intentando morigerar las llamas con medios que no sonaptos para ello y con poca ayuda estatal. Lo peligroso del discurso oficial esel hecho de que no busca generar soluciones pues produce un todos contra todos,un ámbito fértil para que se enciendan los fundamentalismos ambientales quedenostan la actividad productiva y posiciones ultra productivistas que desdeñancualquier intento por proteger los recursos naturales.
El desafío que nos interpelaes otro, está en construir un camino donde todos seamos parte, donde comulguentodas las ideas y realidades en pos de soluciones que nos beneficien desde elaspecto social, económico y ambiental. Para ello, es necesario lograr losequilibrios y consensos necesarios entre el desarrollo productivo y el cuidadoal ambiente, en otras palabras un desarrollo sostenible.
Todo este escenariogeneró una gran ventana de oportunidades para volver a poner en agenda lanecesidad de una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección, Conservación, UsoRacional y Sostenible de los Humedales. Actualmente, existen 11 proyectos sobrehumedales presentados en el Congreso Nacional. Es dable destacar que el tema dehumedales no es nuevo, en primer lugar porque nuestro país fue firmante en elaño 1971 de la “Convención Relativa a los Humedales de ImportanciaInternacional” (comúnmente conocida como Convención Ramsar, aprobada en 1991por Ley 23.919 y su texto ordenado por Ley 25.335 en el año 2000), a su vezporque estuvimos muy cerca de tener una ley de humedales ya que existieron dosproyectos que obtuvieron media sanción del senado durante el 2013 y en el 2016,no obstante estos intentos no prosperaron y se perdió su estado parlamentario.
Es necesario lograr los equilibrios y consensos necesarios entre el desarrolloproductivo y el cuidado al ambiente, en otras palabras un desarrollo sostenible.Los servicios ecosistémicos que brindan los humedales son muchos y muyvaliosos; provisión de agua dulce, de materiales para la construcción,alimentos para personas y animales, mitigan el cambio climático, son el hábitatdonde se cría y desarrollan el 40{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de las especies del mundo, funcionan comoesponjas para control de crecidas y sequías, almacenan carbono, en fin permitenel desarrollo productivo, la recreación y el turismo.
De este modo, seconfiguran como base de economías regionales donde el acceso al agua brindaposibilidades de desarrollo. La contracara es que los humedales estándisminuyendo en cantidad y calidad por el desarrollo de la vida del hombre,desde 1975 tres veces más que los bosques. Por todas estas razones, junto a laDip. Nacional Brenda Austin y al Dip. Nacional Gustavo Menna presentamos unproyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección, Conservación, Usoracional y Sostenible de los Humedales.
En él incorporamos la definición de laConvención Ramsar y la consensuada y aprobada por el COFEMA en 2016. Además,proponemos identificar con qué humedales contamos, dónde están ubicados y quéactividades allí se desarrollan a través de un Inventario Nacional deHumedales.
Por otro lado, planteamos que las jurisdicciones provinciales realicensu ordenamiento ambiental del territorio en un proceso participativo con laciudadanía, con los gobiernos locales y con datos científicos de calidadaportados por las comunidades académicas, entre otras medidas que aspiran aluso racional y sostenible.
El Congreso tiene hoy la obligación de cumplir conla manda constitucional y los compromisos internacionales contraídos, para ellose requiere vocación de diálogo, de escucha y de consenso para así lograr unaley representativa que contemple a todas las voces, que compatibilice interesesy que estos no bloqueen el debate. Por muchos años se privilegió el crecimientoeconómico por sobre la protección del ambiente. Ahora, es momento de repensarla forma en la que producimos y avanzar en la idea de producción sostenible,que posibilite el desarrollo económico con la (
* Por Ximena García – DiputadaNacional
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