Mediante un proyecto de ley que fue presentado en la última sesión, el legislador Juan Pablo Peirone (Frente Cívico), junto a sus colegas de bancada Nancy Almada y Walter Gispert, promueve la implementación de un régimen obligatorio de situación pasiva de efectivos policiales involucrados en delitos graves.
Esta propuesta del bloque juecista surge en el contexto del escándalo reciente que sacudió a la fuerza, tras la detención de quien fuera hasta el mes pasado el director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, presunto líder de una asociación ilícita, en una investigación sobre una red de estafas. Posteriormente, se anunció su pase a “retiro obligatorio” mediante una resolución firmada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
Peirone destacó que el propósito de esta ley es “la erradicación de privilegios indebidos dentro de las fuerzas de seguridad de la provincia”. ¿A qué se refiere? Según el legislador, el caso del ex jefe de la Caminera ha puesto en evidencia “una grave contradicción en el régimen administrativo actual”.
“Mientras ciertos efectivos procesados son colocados en situación pasiva con reducción de haberes, otros, debido a su rango o conexiones políticas, continúan disfrutando de beneficios previsionales completos, incluso estando detenidos”, advirtió el integrante de la bancada juecista en los fundamentos de la iniciativa.
El opositor aludió así a la “indignación social” que se desató tras conocer que el ex comisario general Ochoa Roldán sigue cobrando “una jubilación millonaria” mientras enfrenta un proceso penal.
Ante esta situación, Quinteros expresó hace pocas semanas que “bajo ningún concepto podemos tener a un director general privado de la libertad y manteniendo su cargo en situación pasiva. Es necesario pasarlo al retiro de inmediato“. En caso de que la justicia lo condene y sea exonerado, perderá el derecho a seguir cobrando su jubilación.
Peirone hizo hincapié en que Ochoa Roldán no fue sancionado con exoneración. “Accedió al retiro con beneficio jubilatorio pese a estar imputado por un delito grave relacionado con su función. Consideramos que esta decisión fue un mensaje de impunidad institucional”, cuestionó.
En esa línea, el legislador opositor enfatizó: “Aquí hay una falla en el sistema disciplinario y de control interno, que permitió que un agente imputado no solo no fuera exonerado, sino que se retirara con privilegios previsionales“.
“Esta es una de las razones para impulsar el proyecto de situación pasiva obligatoria, como herramienta preventiva antes del retiro definitivo, evitando que se repitan estos casos”, afirmó Peirone a Perfil Córdoba.
Qué dice el proyecto
La iniciativa opositora, que ya ha sido presentada y enviada para su análisis a las comisiones de Seguridad y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, establece un régimen obligatorio de situación pasiva automática para efectivos de las fuerzas de seguridad imputados por delitos penales, contravenciones graves o violencia de género.
La medida no prejuzga culpabilidad, pero garantiza que ningún agente pueda mantener por completo los privilegios de su cargo mientras se investiga su conducta. El autor del proyecto propuso “separar de inmediato a quienes están bajo sospecha fundada”.
Asimismo, se establece la suspensión de haberes y beneficios jubilatorios durante el transcurso del proceso judicial, con la posibilidad de restitución en caso de absolución o sobreseimiento, y pérdida definitiva si la sentencia es condenatoria con inhabilitación o exoneración.
“No se trata de prejuzgar, sino de proteger a la ciudadanía, salvaguardar la institucionalidad y también proteger a los buenos servidores policiales que cumplen con su deber con compromiso y respeto por la ley”, argumentó el parlamentario.
“El uniforme y el arma son símbolos de autoridad estatal. No puede haber ambigüedad, un policía imputado por gatillo fácil, torturas, violencia institucional o corrupción no puede seguir operando como si nada ocurriera. El Estado no puede enviar ese mensaje”, concluyó el juecista.
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