“La salud de los trabajadores no puede estar secuestrada por intereses corporativos”

En Entre Ríos estamos discutiendo algo mucho más profundo
que una ley. Lo que está en juego es la posibilidad concreta de recuperar una
obra social que durante años fue víctima de un manejo oscuro, negligente y, en
muchos casos, claramente corrupto. Y lo estamos haciendo con datos, con
responsabilidad y con la firme decisión de poner en el centro de la escena a
los más de 300.000 afiliados que necesitan un sistema transparente, eficiente y
justo.

Desde que se dispuso la intervención del IOSPER salieron a la
luz cifras que no pueden ni deben naturalizarse: sólo en medicamentos, la
gestión anterior generó un perjuicio económico superior a los 22.000 millones
de pesos anuales, con sobreprecios que en algunos casos superaron el 1.700 por
ciento. ¿Quién puede mirar para otro lado ante semejante saqueo?

La respuesta del equipo interventor fue inmediata y
contundente. Se renegociaron deudas, se desactivaron mecanismos de corrupción,
se diseñó un nuevo modelo de contratación que permitirá reducir el peso del
gasto en medicamentos del 50 al 35 por ciento de los ingresos, sin afectar la
calidad de atención. Se incorporaron actores clave, como la Cámara de Farmacias
de Entre Ríos, para ampliar la cobertura territorial y garantizar precios
justos. Y, lo más importante, se puso fin a un sistema perverso que, con la
excusa de prestar un servicio, desviaba recursos en beneficio de unos pocos.

Sabemos que hay sectores que resisten el cambio. Es
comprensible: están defendiendo privilegios, no derechos. Hay gremios que, en
lugar de aportar al debate, optan por levantar una bandera corporativa.
Nosotros, en cambio, preferimos hablar con hechos.

La transformación que estamos impulsando no es contra los
trabajadores, sino en defensa de los trabajadores. Porque ningún docente, policía
o enfermero merece quedar atrapado en una obra social que paga precios obscenos
por medicamentos genéricos. Porque ningún afiliado merece seguir financiando
ineficiencias que derivan en demoras, cortes de servicio o prestaciones
inadecuadas.

Esta ley no es una imposición: es una necesidad. Pero
también es una oportunidad histórica. La oportunidad de contar, por fin, con
una obra social que funcione, que rinda cuentas, que cuide los recursos
públicos y que garantice salud de calidad.

Quienes hoy levantan la voz contra esta reforma deberían
preguntarse a quién están defendiendo. Nosotros lo tenemos claro: defendemos a
los entrerrianos.

(*) Diputado provincial y presidente del Bloque Juntos por Entre Ríos