El ex concesionario José Uriburu informó a las actuales
autoridades del Instituto Portuario y del Ente Autárquico Puerto Concepción del
Uruguay de la Provincia, encabezado por Marcos Di Giuseppe, sobre presuntos
pedidos y pagos de coima por parte de ex funcionarios y administrativos de la
gestión de Gustavo Bordet, apuntando puntualmente contra Carlos Scelzi y
Leonardo Cabrera.
Lo que dice el archivo
Sin embargo, desde el Ejecutivo entrerriano aclararon que,
antes que el empresario, las autoridades de la provincia ya habían presentado
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, subrayando que
es deber de todo funcionario público hacerlo de esta manera ante cualquier
indicio de delito que radique en la Administración Pública.
La denuncia por parte del gobierno de Entre Ríos fue
realizada, según fuentes oficiales, el 19 de abril, mientras que Uriburu lo
hizo la semana siguiente.
José Uriburu.
Desde la provincia señalaron, además, que se llevó a cabo la
misma presentación en la Oficina Anticorrupción de Paraná, no obstante, el
organismo les comunicó que no era necesario hacer una ampliación, sino dejar
que la investigación siga su curso en el Juzgado de Concepción del Uruguay.
Carlos Scelzi.
En este marco, se informó que comenzó un proceso de
información sumaria por vía administrativa en el Instituto y en el Puerto de
Concepción del Uruguay, con el objetivo de evaluar la posibilidad de apartar de
sus cargos a los acusados, que forman parte de la planta de la Administración
Pública Provincial.
Leonardo Cabrera.
“En Entre Ríos, ya no hay lugar para los corruptos, y
somos implacables en este sentido. El dinero de los entrerrianos no va a ir a
parar al bolsillo de ningún funcionario. Por ese motivo impulsamos leyes como
la de Acceso a la Información Pública y el Régimen Legal de Transparencia y
Ética de la Función Pública”, expresa un comunicado enviado por el
gobierno de Rogelio Frigerio.
En cuanto a las declaraciones de Uriburu sobre su
imposibilidad para operar en el puerto, la actual gestión afirma que el
empresario no está en condiciones de ser permisionario, ya que, además de
acumular deudas con AFIP y ATER, su compañía está en quiebra y, por lo tanto,
se encuentra desapoderado.
Lo que dice el archivo
El comunicado que lanzó del gobierno entrerriano omite hacer
referencias sobre el Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, involucrado en la
demanda de Uriburu.
El magistrado ya dio su versión de los hechos sobre lo
ocurrido, a través de una notificación de la Fiscalía de Estadio, lo cual puede
tomarse como la respuesta oficial por parte de las autoridades provinciales.
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