La procuración que no procura

Otra muerte evitable y una Procuración
General que pretende, una vez más, tapar el sol con las manos. El miércoles 5 de abril la ciudadana
Sandra Martinez, toma la trágica decisión de quitarse la vida en el mismo lugar
que habitan los que una y otra vez desoyeron su desesperado pedido de auxilio.

Antes ya pasó con Fatima Acevedo y ahora
sucedió con Sandra Martínez. En ambos casos, aunque por distintos motivos, la
muerte tiene que ver con la desidia, insensibilidad, falta de empatía,
inexperiencia y pereza laboral del MPF que debería conducir diligentemente el
Sr. Jorge Amilcar L. Benítez.

Ambas ciudadanas, desesperadas, fueron
por ayuda y se encontraron con indiferencia fingida. En ambas historias, la
falta de empatía y de profesionalismo de los funcionarios del Ministerio
Público Fiscal allanaron la muerte de Fatima y a Sandra.

Suponiendo que los funcionarios de la
Procuración ninguna responsabilidad tuvieran con el luctuoso hecho, lo que no
se entiende es esa inveterada obstinación del Procurador General a que ciertos
sucesos ocurridos en su jurisdicción sean revisables por el STJER, máxime como
en este caso en que con acierto y justeza se invocan los artículos 204 de la CP
y 37 de la LOPJ para llevar adelante la información sumaria dispuesta por el
máximo tribunal provincial al haber acontecido un hecho gravísimo dentro de un
edificio a su cargo y por la supuesta desidia de empleados del servicio de
justicia, más allá de que presten funciones en el MPF.

Como de costumbre el Sheriff mayor
invocando, cuando le conviene, su competencia constitucional. De ninguna manera colisiona esa facultad
investigativa de superintendencia del STJER con las propias del MPF.

La cerrazón del Procurador General a que
desde el Cimero Tribunal local se lleve a cabo la instrucción sumaria en el
edificio judicial donde funcionan las fiscalías, parecería ser más un acto de
defensa o evitamiento hostil de llegar a la verdad de lo que sucedió y de
atribución de eventuales responsabilidades funcionales, que un simple y
leguleyo supuesto de discusión de competencias.

El arrogante Procurador, siempre en la
creencia de ser portador de una deidad que lo hace intocable y superior al
resto de los mortales, desafía groseramente al STJ con argumentos falaces y
rústicos y, en lugar de colaborar con el hallazgo de la verdad material como
debiera, ensucia la cancha para evitar, como siempre, que sus hediondas y
ostensibles heces, tengan la sanción o reprobación que se merecen.

Estoy persuadido como hombre de derecho,
que si el Procurador General obtura la investigación dispuesta por el pleno del
STJER, evitando que el Dr. Simón pueda llegar a tomar testimoniales a empleados
y funcionarios de la fiscalía, estaríamos otra vez ante una crisis
institucional por enfrentamiento entre el STJ y el MPF, por una concreta
conducta refractaria y antrepublicana del Procurador General, que lo haría
pasible una vez más de un pedido de Jury o de Juicio Político por un grave
desorden de conducta, incumplimiento de sus funciones y mal desempeño. Y hasta
por un posible delito de encubrimiento (de omisiones funcionales de sus
subordinados).

El encumbrado Procurador General, además,
cegado por su molestia con el STJER, confunde una información sumaria
preliminar con una instrucción sumaria, exhibiendo sino desconocimiento de
elementales principios del Derecho Administrativo, supina ignorancia, siendo
muy peligrosas tanto una como otra.

El Jefe Máximo de los fiscales de Entre
Ríos, debe entender de una buena vez, que no es un funcionario intocable ni
portador de un poder absoluto. Hasta ahora, lo único que ha hecho es un
ejercicio Bonapartista de su magisterio con pobrísimos resultados.

En 15 años
ha sido incapaz de haber diseñado una política criminal a la altura de las
circunstancias. Ha creído que la Procuración General es un título nobiliario
que sólo le concede privilegios y ninguna obligación.

Más allá de la encomiable y humanitaria
decisión de la Presidenta del STJER y del alto cuerpo con relación a este
trágico hecho, los entrerrianos todos exigimos el pronto y eficaz
esclarecimiento del mismo.

Todos los días nos enteramos que en
muchas oportunidades, desde las Fiscalías, se niegan a recibir denuncias de la
ciudadanía, derivándolos a las Comisarías. O se resisten a atender a las
personas que acuden en busca de respuesta a sus problemas personales.

Siempre
suelen estar ocupados y muy pocas veces dan la cara. Ordinariamente mandan a
algún empleado o empleada a que transmitan el usado hasta el empalagamiento
pretexto de que él o la fiscal “están ocupados ahora y no pueden atenderlos”.

Demasiado bien ganan como para practicar el miserable deporte de la
haraganería, la falta de compromiso o la derivación a las fuerzas policiales.
Desde ya que como todo en la vida, existen excepciones y se encuentran fiscales
que trabajan muy bien, con mucha vocación, sensibilidad, falta de pereza y
fuerte compromiso. Doy fe de ello y es justo reconocerlo.

Es obvio que de nos existir estos
suculentos y extraordinarios sueldos que se percibe en el Poder Judicial, no
existirían concursos tan numerosos y con disputas tan encarnizadas entre ellos
por unas centésimas más o menos de puntos en las evaluaciones.

Dicho de otro
modo, no existe tantísima vocación por la judicatura ni la pertenencia al
Ministerio Público Fiscal. Caso contrario, no estaríamos lamentando cada tanto
estas muertes anunciadas.

Pdta: donde por error se consignó Jorge
Amilcar L. Benítez, debe leerse Jorge Amilcar L. García.

(*) Abogado penalista, docente universitario y ex presidente del Colegio de Abogados Delegación Paraná.