El Juicio por Jurados sería una realidad en el corto plazo en Entre Ríos. Esta semana, en las jornadas sobre el tema que se desarrollaron en Paraná, su implementación recibió el visto bueno del Poder Ejecutivo, donde lo impulsa el propio gobernador Gustavo Bordet, y del Judicial, donde se destacaron las opiniones favorables del titular del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, y del Colegio de Abogados.
Lo que dice el archivo
Ahora, el proyecto empieza a caminar en la Legislatura. Ángel Giano, actual senador por el departamento Concordia y presidente del mayoritario bloque del Partido Justicialista en la Cámara Alta, augura que podría ser sancionado este mismo año.
El legislador explicó que el Juicio por Jurados está
contemplado en la Constitución de la provincia desde el año 1933, ratificada en la
reforma provincial del año 2008. También lo preveía la Constitución Nacional de
1853, siendo ratificada en la reforma de 1994.
Giano aseguró que existieron, en otras oportunidades,
intentos de concretar una Ley que modifique el Código Procesal Penal en este
sentido. “Creo que en esta oportunidad, lo que la diferencia de otras, es que
hay una decisión política del gobernador Gustavo Bordet de enviar un proyecto
para darle al pueblo entrerriano la participación y lograr la democratización
del Poder Judicial”.
“Hay que señalar el acompañamiento de
los legisladores, que estamos de acuerdo en trabajar el mejor proyecto de ley
posible. Por eso estoy convencido que existe la posibilidad de que el proyecto
se apruebe este año”, remarcó el jefe de los senadores del oficialismo.
Preparación
En relación a la preparación de la ciudadanía para
participar en este sistema, el senador provincial afirmó que “habrá que
trabajar el tema” y que también “los fiscales y defensores tendrán que tener
una capacitación diferente para trabajar en un Juicio por Jurados no técnico”.
“Creo que es algo a encarar con diferentes sectores, como el educativo, la
justicia y el gobierno provincial, para dar capacitaciones o instrucciones”, observó Giano.
Lo que dice el archivo
Igualmente, sostuvo que el sistema prevé que luego de ser
designados los jurados reciban “instrucciones del Juez que va a coordinar el proceso.
Podrán así analizar en el tiempo que dure el juicio los elementos probatorios
que provean tanto la fiscalía como los acusadores, que reitero, deberán
esbozar, probar, acreditar en un lenguaje diferente al que están acostumbrados
a hacerlos hasta el día de hoy”.
Experiencias en otras provincias
“Habrá que ajustar muchos detalles, pero en los lugares
donde se implementó nunca se volvió para atrás, al contrario, se ha ido
perfeccionando”,
subrayó el legislador concordiense.
“Hay una aceptación mayor por parte de la ciudadanía respecto a este sistema y los fallos que se fueron ejecutando por este medio”, valoró Giano.
Destacó que, en las jornadas realizadas en forma conjunta
por el gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia en la que
participaron integrantes del Poder Legislativo, se compartió información de que
“en las provincias donde está funcionando ya se han sustanciado más de 500
juicios por este sistema de participación popular. Esto ha generado un avance y
en un 80 por ciento, los fallos coinciden con lo que hubiera sentenciado un
juez técnico formado profesionalmente”.
Giano elogió el impulso de Bordet y vaticinó la aprobación.
Actualmente el sistema de Juicios por Jurados fue aprobado
por ley en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco, Mendoza,
Río Negro y San Juan. “Creo que hay mucho para trabajar. La idea es que se
sancione este año para que el año que viene comience a regir en Entre Ríos esta
posibilidad”, señaló el legislador.
El jurado
Por otra parte, Giano indicó que “la propuesta es que se
utilice en causas con penas elevadas, para delitos de extrema gravedad,
posiblemente aquellos que tengan penas mayores a 20 años”. Se enmarcarían en
ese rango los homicidios dolosos, abusos sexuales graves y todos los delitos
que conlleven a la pena de prisión perpetua.
El Juicio por Jurados está integrado por 12 personas, con
igualdad de género. “Serán seleccionados de acuerdo a criterios objetivos que
garanticen imparcialidad e independencia, tomando la base de datos del padrón
con que cuenta la Justicia Electoral. Entre los impedimentos para participar,
figuran por ejemplo quienes sean abogados, funcionarios públicos o tengan
relación con el poder judicial”, comentó el senador.
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