La Justicia de EE. UU. ordena a Argentina entregar acciones de YPF a fondos buitre por expropiación

Argentina enfrenta un nuevo fallo desfavorable en el juicio por la expropiación de YPF, que obliga al gobierno a entregar su participación accionaria en la petrolera. La sentencia de la jueza Loretta Preska fue anticipada por el especialista Sebastián Maril, quien indicó a este medio que se trata de una instancia apelable.

“YPF sigue estando al margen. Se embargó un activo a la Argentina. Sin embargo, se apelará, ya que la Ley de Presupuesto prohíbe al país pagar algo que no sea una sentencia definitiva, lo cual no es el caso”, explicó el director de Latam Advisors.

Esta noticia provocó un impacto inmediato en el valor de las acciones de la compañía, que cayeron más de un 7% en pocos minutos. “Era algo inesperado”, afirmaron desde el mercado.

El juicio contra el Estado surge de la expropiación de 2012, durante la cual la administración nacional no cumplió con el estatuto de YPF que obliga a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas.

Como consecuencia, el país fue multado con el pago de 16.000 millones de dólares, cifra que ha sido apelada en instancias sucesivas. Ahora, este fallo aumenta la presión y establece un nuevo precedente negativo, acercando aún más la fecha de negociación con el fondo Burford Capital.

Los especialistas coinciden en que es poco probable que este traspaso accionario de YPF se concrete ahora o en el futuro, ya que no es del interés de Burford Capital. Al igual que en 2012, se vería obligado a realizar esta OPA al resto de los accionistas y no está en condiciones de asumir dicha responsabilidad, dado que es una firma especializada en litigios.

Mientras tanto, aunque el monto de la sentencia podría reducirse mediante el diálogo, el tiempo avanza acumulando intereses que ascienden a 1.000 millones de dólares anuales.

En resumen, el fallo de Preska se puede dividir en 10 puntos centrales:

1. Monto y causa. El fallo “Petersen Energía Inversora v. Argentine Republic” condena al país a US$ 16,1 mil millones por incumplir la cláusula de oferta pública tras la estatización.
2. Paquete a entregar. Se trata del 51 % de las acciones Clase D que controla el Estado a través de la Anses y el Tesoro.
3. Plazos estrictos. Depósito en BNYM dentro de 14 días y traspaso a los fondos en 1 día hábil posterior.
4. Base legal. Orden emitida bajo la Regla 69 FRCP, CPLR § 5225(c) y UCC § 8-112(e) de Nueva York.
5. FSIA sin amparo. Excepción comercial (§ 1610(a)(2)): el paquete accionario se usa para dirigir YPF en EE. UU. (ADR en NYSE, registros SEC, deuda 144A).
6. Valores no certificados. Las acciones, asentadas en Caja de Valores, son libremente transferibles; su situs pasa a Nueva York al ingresar en BNYM.
7. Ley argentina sin efecto. El art. 10 de la Ley 26.741 no bloquea la transferencia: prevalece la normativa federal estadounidense.
8. Comidad internacional. EE. UU. tiene un interés superior en hacer cumplir sus sentencias; no hay “conflicto real” con la ley argentina.
9. Rechazo de audiencia. Preska resolvió sin vista oral y desestimó la postergación solicitada por la defensa.
10. Riesgo de desacato. Si la Argentina incumple, los demandantes pueden solicitar sanciones civiles y nuevos embargos sobre activos soberanos.