La decisión de expropiar Vicentin, la fallida empresaagroindustrial con sede en Avellaneda (300 kilómetros al norte de Santa Fe)abrió la tan temida Caja de Pandora. Por más que el propio presidente AlbertoFernández haya intentado acotar el tema a un “rescate” de una empresa encrisis, la sombra doliente de las expropiaciones cayó definitivamente sobre lapampa argentina. No solo por los hechos concretos anunciados este lunes al caerla tarde (el decreto de intervención de la empresa, y el envío de un proyectode ley de expropiación), sino por la escenografía montada para el evento.
La presencia de una senadora mendocina (Anabel FernándezSagasti) del riñón del cristinismo al lado del presidente, y las continuasreferencias a ella de Alberto Fernández, dejaron en evidencia que lo que seponía en juego era más que un salvataje. Conviene recordar que resuenan losdichos, luego tibiamente corregidos, de la legisladora camporista FernandaVallejos pidiendo participación en las empresas que habían recibido auxilioeconómico del Estado.
Fernández intentó suavizar la cuestión. Por eso muchosvieron lo de este lunes como una vuelta de tuerca definitoria. A esto hay queagregarle la retórica desplegada en su breve discurso, aludiendo a muletillasabstractas como la “soberanía alimentaria, tan importante en los tiempos de lapandemia”.
Si algo ocurrió en los 70 días de “corralitosocial” fue que nunca faltó comida, que la producción del campo siguiófluyendo a fábricas y puertos, y que el ingreso de divisas se mantuvo enniveles normales. Aunque la normalidad no es suficiente para arreglar losdislates macroeconómicos, lo cierto es que el único ingreso de divisas realesprovino, en lo que va del año, de las exportaciones soberanas de alimentos.
Lo mismo que la otra abstracción, la de la “empresatestigo”. Alguien está dando letra sobre algún oscurantismo en la actividad másvieja, competitiva y transparente, que es la producción y comercio de productosagropecuarios. Durante 50 años en el periodismo agropecuario asistí a unainterminable saga de investigaciones de todo tipo destinadas a descubrir loschanchullos de “las cerealeras”. Que no son cerealeras. Son enormes complejosfabriles, con inversiones clavadas en los puertos y el interior por miles demillones de dólares. Una sola de ellas, la planta de Renova en Timbúes (deGlencore, con la que Vicentin estuvo asociada con un 26{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}) costó 1.500 millonesde dólares y fue inaugurada por CFK en 2013. Es la más grande del mundo, conuna capacidad de molienda de soja de 30.000 toneladas diarias. Mil camiones.
Lo que he vivido no fue otra cosa que fusiones,adquisiciones, quiebras, guerra de posicionamiento a nivel global, competenciaferoz porque uno cobraba 50 centavos de dólar menos la secada. ¿Cuál es lanecesidad de una “empresa testigo”?
Más sorprende la decisión de expropiar Vicentin, cuando sesabía en el mercado que había varias tratativas en marcha para encontrar unasolución, desde el sector privado, a la crítica situación económica derivada dela cesación de pagos de la compañía. En medios rosarinos se hablabacontinuamente de los avances de dos iniciativas, y también del interés deGlencore, cuya división agrícola tienen fuertes activos en la Argentina yalgunos negocios en los que participaba Vicentin. Todo eso se abortó con elanuncio del gobierno.
Es cierto que la iniciativa oficial trae cierto alivio a unagran masa de acreedores, entre los cuales se cuentan miles de productoresagropecuarios de las provincias de Santa Fé, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos,con coletazos en el NEA y el NOA y hasta en Mendoza.
También traerá alivio al Banco Nación, principal acreedorfinanciero en el país. Y en particular a la banca internacional comprometidapor el alto endeudamiento externo de la compañía. Conviene saber que losprincipales acreedores son bancos públicos: la IFC, el brazo financiero del FMI(y que por lo tanto siempre cobra, más tarde o más temprano), y el Banco deFomento Europeo, capitalizado por los Estados de la UE. Todos ellos seránacreedores del Estado argentino. Es decir, de todos nosotros.
Si dejáramos de lado la intencionalidad política, tanto dela retórica como en la medida concreta de la expropiación, la elección de YPFcomo empresa administradora del fideicomiso que recibirá los bienes de Vicentines atendible. Lo mismo la decisión de poner al frente a Gabriel Delgado, unfuncionario con buenos antecedentes y bien visto por el campo y laagroindustria.
YPF Agro es una de las principales (si no la principal)proveedora de insumos para el campo. Es socia de Nutrien, la empresa canadiensedueña de Profertil, en Bahía Blanca, la principal planta de fertilizante ureagranulada del mundo. También aporta más del 50{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} del combustible que utilizan elcampo y el transporte. Desde hace años, YPF Agro canjea insumos por producción,que hace procesar en las plantas aceiteras de los puertos del Paraná. Entreellas, la de Glencore. En consecuencia, ojalá todo se hubiese limitado a unrescate, para el que ya estaba listo el sector privado, pero que ahora se tiñede ideología. Cuando se abre la Caja de Pandora, ya se sabe, salen a relucirtodos los vicios.
Aunque en el fondo anida la Esperanza.
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