El Juez Leandro Ríos remitió al Tribunal de Cuentas, la AFIP
y la Fiscalía Anticorrupción una copia de su última resolución en la causa por
narcotráfico que tiene entre sus procesados a la espera de juicio al intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos).. En la misma estarían comprobadas irregularidades en la
administración de fondos públicos municipales, verificados por la división
Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina.
La división Lavado elaboró un
informe con la documental secuestrada en la Municipalidad (en soporte
papel y electrónico) junto con la aportada por Ernesto Ramón González
(implicado en la causa y sobreseído), informes requeridos al Nuevo BERSA,
entrecruzamiento de datos y tareas de inteligencia autorizadas con la finalidad
de ahondar “ciertas inconsistencias detectadas la marcha regular del dinero
público municipal”, indicó Ríos en su resolutorio.
Publicidad oficial falsa
Uno de los principales focos realizados por Lavado de Activos estuvo puesto en la distribución de publicidad oficial
municipal. Durante el período septiembre 2017 a mayo 2018, se gastaron casi 29 millones de pesos, de los cuales estarían controvertidos ocho millones, por lo que la
Justicia Federal consideró una “ingeniería financiera”.
“Se ha podido comprobar que en Tesorería se encuentra
instaurada una suerte de ingeniería financiera tendiente a liberar dinero en
efectivo del erario público mediante la emisión de cheques que -en apariencia-
corresponden a gastos de publicidad, pero que se
corresponden con servicios inexistentes, prestadores ficticios o de dudosa
procedencia”, precisó el magistrado.
El resultado de las pesquisas determinó que muchos de ellos
“no cuentan con capacidad económica, no se encuentran inscriptos en la
AFIP o sus actividades no guardan
relación alguna con los supuestos servicios que han prestado a la
Municipalidad”. Entre los rubros de los cobradores de publicidad oficial se habrían constatado venta
de carne, profesora de inglés, jubilados, sala de velatorios y otros que además
resultaron inexistentes.
“Se ha podido comprobar una suerte de ingeniería financiera tendiente a liberar dinero en efectivo del erario público mediante la emisión de cheques que en apariencia corresponden a gastos de publicidad”, describió el juez Ríos.
Ríos agregó que del estudio realizado sobre el cobro de los cheques emitidos por la Tesorería que depende de Varisco se pudo
comprobar “el desvío de fondos públicos a la organización de (Daneil) Celis”, el jefe narco ligado al gobierno municipal de Paraná. El juez señaló en particular el curioso subtítulo de “autocheques”,según el
relevamiento de la Federal que describió maniobras donde la Municipalidad de Paraná
cobra en ventanilla del banco sus propios cheques.
El informe de la Policía Federal certificó que la Municipalidad “cuenta con el cobro y disposición de importantes sumas de efectivo, por lo que podrían estar disimulando una salida de fondos con cheques cuando en realidad son en efectivo, desconociéndose su destino”.
Contratos truchos para Celis
En otra de las inconsistencias, el informe de la Policía señaló planillas de la Unidad Nº 2 de Barrido y Limpieza donde consta el detalle de “los montos que debían
cobrar en efectivo el personal junto con las retenciones o descuentos que
debían hacerse en favor de Daniel Andrés Celis”.
Allí se pudo
determinar “la existencia de contratos totalmente simulados en los cuales no se
realizaba prestación laboral alguna, pero cuya contraprestación económica era
distribuida entre el prestanombre y Daniel Andrés Celis”.
Además, se pudo verificar el ingreso a la Municipalidad de
familiares y allegados a Daniel “Tavi” Celis. “Se pudo establecer un gran entramado de relaciones y
vínculos familiares y barriales entre personal contratado de la Municipalidad
de Paraná y los imputados en la presente causa y la denominada ‘avioneta'”,
plasmó Ríos, en referencia al expediente judicial que también se tramita en su
Juzgado, donde se investiga a la banda de Celis en la causa conocida como “Narcoavioneta”.




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