La Caja de Jubilaciones deberá pagar 4 millones de pesos a policías retirados

En 1992 el entonces gobernador Mario Moine otorgó un adicional al personal policial activo pero negó la actualización de los haberes del personal retirado, lo que originó el reclamo administrativo y el posterior juicio contencioso administrativo.

La causa se remonta al año 1992, cuando el entonces gobernador Mario Moine otorgó un adicional al personal policial activo pero negó la actualización de los haberes del personal retirado. La presentación fue formalizada por Tulio Rodríguez Signes -fallecido a fines del año pasado- y su hijo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Julio Rodríguez Signes (ex UCR-Paraná).

El 10 de mayo de este año los vocales del STJ, Miguel Carlín, Jorge Pirovani, Carlos Chiara Díaz, Juan José Papetti y Ricardo Moreni se pronunciaron en favor de los retirados policiales, mientras que los vocales Juan Carlos Ardoy y Bernardo Salduna propiciaron rechazar la demanda apoyando la postura del entonces fiscal Sergio Avero.

Los jubilados de la Policía, muchos de ellos ya fallecidos durante el transcurso del juicio, practicarán ahora una liquidación en cada caso, y el Gobierno de Entre Ríos deberá pagar el retroactivo, de cuatro millones de pesos.