Justicia revierte decisión y permite el voto de miembros de fuerzas de seguridad en elecciones de Misiones

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Misiones autorizó este miércoles la votación de aproximadamente 16 mil miembros de las fuerzas de seguridad y defensa que figuran en el padrón electoral. Los comicios legislativos locales están programados para el próximo 8 de junio.

Días atrás, el Tribunal Electoral, compuesto por su presidente Cristian Benítez y los vocales Andrés Poujade y Augusto Busse, decidió excluir del padrón al personal de la Policía, el Servicio Penitenciario, las fuerzas de seguridad federales y el Ejército.

Esta medida se fundamentó en el inciso 10 del artículo 48 de la Constitución Provincial, que establece: “No podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”.

En este contexto, según informa El Territorio, la decisión del STJ fue promovida por su presidenta, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, quien, junto a los ministros de la corte, respaldó la inclusión de los integrantes de las fuerzas de seguridad en el padrón electoral.

La resolución se adoptó tras una revisión del procurador de la provincia, Carlos Jorge Giménez, quien, a solicitud del gobernador Hugo Passalacqua, emitió un control de legalidad que concluyó en la necesidad de reincorporar a estos agentes.

“El artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial debe ser eliminado por resultar manifestamente contrario al bloque de constitucionalidad”, afirmó el procurador en un escrito dirigido a las autoridades.

Cabe mencionar que esta prohibición ya había sido cuestionada en fallos anteriores del propio Tribunal Superior, que había declarado inconstitucional este inciso sin lograr resultados efectivos a largo plazo.

Asimismo, según la prensa local, el funcionario resaltó que la restricción del voto a estos miembros constituía una violación de los derechos humanos y del principio de participación política consagrado en normativas nacionales e internacionales.

Previamente, el Tribunal Electoral había publicado la exclusión en el Boletín Oficial el pasado 23 de mayo, enumerando alrededor de 16,000 efectivos que supuestamente no podrían votar. Esta normativa limitaba el sufragio a soldados y agentes de seguridad activos, pero el Superior Tribunal sostuvo que tales restricciones son “desproporcionadas y violan la Constitución Nacional”, generando un conflicto de interpretación legal que ha impactado a amplios sectores de las fuerzas de seguridad.

En este contexto, desde La Libertad Avanza han cuestionado de manera abierta las decisiones del Tribunal Electoral. Su candidato, Diego Hartfield, había presentado recursos para revocar las resoluciones anteriores, argumentando que son medidas “inconstitucionales” que generan una “incongruencia con antecedentes jurisprudenciales”.

Sin embargo, tras conocer el fallo del máximo tribunal, Hartfield expresó en sus redes sociales: “Van a poder votar todas las fuerzas de seguridad. Gracias al tremendo laburo que hicimos desde LLA cuando presentamos un amparo”.

Además, se espera que en los próximos días la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, realice una presentación en Posadas junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el propio Hartfield, así como también que visiten la ciudad de Oberá.

El 8 de junio, los ciudadanos misioneros acudirán a las urnas para elegir la renovación de los integrantes de la legislatura local. Deberán votar por 20 nuevos diputados provinciales y concejales en 10 localidades, además del Defensor del Pueblo en Oberá.

Sebastián Macías será el referente del oficialismo misionero, liderado por el recientemente cuestionado Carlos Rovira. Por su parte, Santiago Nicolás Koch competirá por el Frente Unidos por el Futuro, que forma parte de la ex alianza de Juntos por el Cambio.

También se presenta Ramón Amarilla, conocido por su papel como vocero de los levantamientos policiales ocurridos a comienzos de 2024 en la provincia. Actualmente, se encuentra detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul desde septiembre del año pasado, acusado de “sedición” y “conspiración” contra el gobierno provincial.