El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, se encuentra al borde del juicio político. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura ratificó este jueves, de manera unánime, el dictamen que sugiere el jury y la suspensión. Este deberá ser validado por el plenario del organismo. Además, el proceso se interrumpirá si el Gobierno acepta la renuncia.
Previo a la votación, el diputado Álvaro González, quien condujo la investigación junto al consejero Alberto Maques, destacó que contaban con suficientes elementos para proseguir con el jury, subrayando que las presentaciones de Bailaque no lograron cuestionar las acusaciones en su contra.
“Está demostrado y se ha configurado el mal desempeño del magistrado Bailaque, por actuar sin integridad, transparencia, imparcialidad, probidad y decoro, requisitos exigidos a los magistrados de la Nación. Esto perjudica al sistema de justicia y erosiona la confianza pública en el mismo, especialmente en su intervención, tanto previa como durante el trámite de los expedientes identificados en el dictamen emitido”, afirmó González.
El dictamen aglutina tres cargos principales que incriminan a Bailaque por mal desempeño.
El primero está relacionado con la conexión entre el magistrado, su contador y amigo Gabriel Mizzau, y el narcotraficante Esteban Alvarado.
Al momento de imputarlo en la causa penal, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que se encontraba en su despacho desde 2013. En concreto, lo acusaron de haber demorado las escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien era responsable de una de las empresas implicadas.
En el segundo cargo, se le imputa al juez Bailaque la coordinación con el empresario Fernando Whpei y el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien terminó declarado como arrepentido, para gestar una causa contra dos financistas para extorsionarlos.
La maniobra se inició en 2019 con una aparente investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El siguiente paso fue una denuncia anónima que motivó la intervención del juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios, solicitándoles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Sin embargo, existía otro motivo oculto: una disputa interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias pretendía obtener un cargo.
Vaudagna reconoció que los financistas finalmente pagaron una coima de 160 mil dólares. También reveló que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque.
El último cargo contra Bailaque se centra en su relación de amistad con el empresario Fernando Whpei, quien actualmente se encuentra detenido.
El juez federal presentó un descargo por escrito el martes pasado y, este jueves, reiteró su defensa con otra presentación de última hora. Sin embargo, la Comisión de Acusación desestimó todos sus argumentos. “En lo que respecta al segundo de los cargos, el juez Bailaque solicitó la producción de tres pruebas, de las cuales, tal como mencionamos en el dictamen, dos no son procedentes, dado que se refieren a expedientes judiciales que involucran a personas ajenas a este proceso, y la tercera es la convocatoria de un nuevo testigo, que, a la luz del cúmulo de pruebas recolectadas, consideramos superflua”, explicó González antes de la votación.
La comisión recomendó la apertura de un juicio político y la suspensión del magistrado. Para avanzar, requiere contar con dos tercios de los miembros del Consejo.
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