El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) presentó un
informe sobre el sector público provincial, en el que señaló que el Gobierno
provincial utiliza buena parte de sus recursos para el pago de salarios. Recientemente, el director ejecutivo del CEER, Fernando Cavilgia, pasó a ser secretario de Industria del gobierno de Gustavo Bordet.
El informe de la entidad que agrupa a los empresario aparece unos días después de que el Gobierno provincial destacara que la planta de personal de la administración pública
se redujo 4% en los últimos años. En el balance oficial, se resaltó la
“racionalización” y que no hubo despidos.
Sin embargo, el CEER dio a conocer un trabajo en el que
señalan que “el gasto en salarios a empleados del sector público provincial representará
el 47% de los gastos corrientes”.
“El gasto total del estado provincial representará el 41%
del Producto Bruto Geográfico (PBG) o sea una erogación anual de 3.090 millones
de dólares en función del dólar a $ 67 considerado en el presupuesto como
promedio anual”, dice el informe y agrega que “los gastos corrientes
representarán 37% del PBG, es decir u$2845 millones”.
Lo que dice el archivo
Además, sostienen que “en promedio el estado provincial
invertirá, en salarios y cargas sociales, $1.000.0000 por cada empleado
público, equivalente a $83.000 por mes”.
A su vez, aseguran que “en promedio por todo concepto el
salario mensual por empleado privado en la provincia de Entre Ríos, se estima
para el 2020 en $66.000n con el agregado que su carga horaria laboral habitual
es un 50% mayor que la del empleado publico”.
Asimismo, señalan que “en promedio, por cada empleado según
escalafón, se asignará de manera mensual en salarios:
-Poder Judicial: $260.188 (gasto promedio)
-Poder Legislativo: $234.889 (gasto promedio)
-Ministerio de Salud: $123.013
(gasto promedio)
-Ministerio de Gobierno y Justicia: $88.076
(gasto promedio)
-Concejo General de Educación $67.854
(gasto promedio)
“El haber promedio de jubilaciones y pensiones provinciales
es el doble que el haber promedio nacional”, advierten luego y añaden que “para
el 2020 se espera que por cada jubilado y pensionado provincial se abonen
$60.700 mensuales”.
Por otra parte, remarcan que “por cada mil habitantes de la
provincia hay 86 empleados públicos (provinciales y municipales) y 95 empleados
registrados privados” y que “por cada 10 empresas registradas en la provincia
hay en promedio 72 empleados públicos”.
Lo que dice el archivo
Infraestructura
En cuanto a la inversión en infraestructura y maquinarias el
CEER estima un 6% del gasto total y el 2,5% del PBG. “Se debe tener en cuenta
que en los últimos 4 ejercicios el grado de cumplimiento promedio de los
presupuestado (es decir la relación entre la inversión real directa realmente
ejecutada y la presupuestada) fue de 41%”, remarcan.
En ese punto, sostienen que “en el 2020 por cada 7 pesos que
se destinará al pago de salarios 1 irá para Inversión en infraestructura. La
relación estimada en el ejecutado 2019 es por cada 12 a salario 1 es para
Inversión”.
Asimismo, aseguran que se estima en el 2020, por cada peso
destinado a inversión habrá “1 de déficit de la caja de jubilados y
pensionados. Mientras que la relación en el presupuesto ejecutado en el 2019 es
1 de inversión y 2,5 de déficit de caja de jubilaciones”.
Presión fiscal
En relación a la recaudación por tributos provinciales y
nacionales, sostienen que representará el 27% del PBG.
“Del total de los recursos tributarios que representan el
71% de los ingresos, el 54% es de origen nacional y solo el 17% de origen
provincial, lo que vuelve las finanzas cada vez más dependiente de la
coparticipación y fondos nacionales”, advierten.
Recursos y gastos
totales en base al presupuesto 2020
Finalmente, indican que la deuda pública para el ejercicio
2020 se estima en 32% de los recursos totales y 46% de los recursos
tributarios. El monto equivaldrá al 12% del PBG.
Los intereses de la deuda sumaran el 2,7% del gasto
corriente y 3,7% de los recursos tributarios. El 72% de los gastos se destinarán a pago de sueldos,
jubilaciones y transferencias a municipios y el 10% al gasto de bienes y
servicios.
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