¿Hasta qué punto es legítimo que las provincias más pobres sostengan los servicios de la ciudad más rica del país?

La llegada de un
año electoral pone en agenda algunos viejos debates. El advenimiento de la
nueva campaña, en la que en los hechos ya estamos todos inmersos, invita a la
discusión; y es bueno que pase porque en última instancia… ¿no es ese el rol de
la política?: reflexionar sobre los temas trascendentes para la comunidad y
encontrar soluciones.

Días antes de
navidad, la Corte emitió el polémico fallo que obligaba al gobierno incrementar
en casi dos puntos porcentuales el monto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
recibe en concepto de coparticipación. En teoría, esos fondos tienen por objeto
cubrir los costos de funcionamiento de la Policía de la Ciudad luego de
absorber al personal de la Policía Federal que se ocupaba de la seguridad en la
CABA; un caso único, ya que el resto de las provincias deben pagarse sus
propias policías.

No somos pocos los
que denunciamos el carácter político-partidario de este fallo, que obliga al
Gobierno a transferir fondos del resto de las provincias hacia el distrito más
rico del país, en un año electoral, justo cuando su intendente es el principal
referente de la oposición y busca erigirse como candidato a presidente.

Esta disputa aún
está vigente, y guarda relación con otra noticia que tuvo lugar esta semana.

En una entrevista
radial, el jueves pasado el Ministro de Transporte de la Nación, Diego
Giuliano, instó al gobierno porteño a hacerse cargo del sostenimiento del
transporte público en su propio distrito; algo a lo que el propio Horacio
Rodríguez Larreta se había comprometido en el Pacto Fiscal de 2018.

El homólogo
bonaerense de Giuliano, Jorge D’Onofrio, puso el debate en números: “Estamos
hablando de cerca de 14 mil millones de pesos”, destacó el funcionario y señaló
que “con la decisión de no cumplir, Larreta no acata una medida del Poder
Legislativo y se posiciona desde un lugar de rebeldía con la Justicia.

.Las
leyes son iguales para todos y debemos respetarlas”. Es interesante cómo el no
acatamiento de las normas y disposiciones pareciera ser más o menos grave dependiendo
del escudo partidario de quien lo comete.

Existen varias
otras discusiones que van la misma línea. Varias veces a lo largo de su
gestión, nuestro gobernador Gustavo Bordet reclamó que los excedentes que
genera el complejo hidroeléctrico Salto Grande deberían ser administrados por
la provincia y esos fondos emplearse en obra pública, en mejorar la
infraestructura energética y, sobretodo, lograr un menor costo final para el
usuario.

El planteo tiene sentido: a pesar de ser una provincia productora de electricidad,
Entre Ríos tiene la tercera tarifa eléctrica más cara del país. Los
entrerrianos pagamos en promedio pagamos por el servicio casi cuatro veces más que,
por ejemplo, la CABA y 12 partidos del conurbano.

No es difícil ver
el hilo conductor entre un tema y otro, y aquí es donde todos debemos
preguntarnos: ¿Hasta qué punto es legítimo que las provincias,
proporcionalmente más pobres, deban sostener los servicios de Seguridad,
Transporte y Electricidad de la ciudad con mayor PBI per cápita del país? La
transferencia de fondos desde el interior hacia el distrito más rico pone en
tensión la esencia misma de nuestro sistema federal y atenta contra el
desarrollo armonioso de los territorios.

Que quede claro, este
planteo no busca ser un ataque hacia los habitantes de la capital. Para nada, se
trata de nuestros hermanos a los que siempre recibimos con los brazos abiertos
cuando nos eligen para visitarnos; como ellos también lo hacen con nuestros
jóvenes que emigran a la gran ciudad a estudiar y buscar un mejor futuro.

Aun así, es una
discusión que todos los argentinos nos debemos hace tiempo y como dije al
principio, un año electoral representa una excelente oportunidad para encarar
seriamente este debate.

* Intendente de San José.