Guante blanco: denuncian ante la justicia la maniobra que benefició a las cerealeras con las retenciones

, presentó un proyecto para subsanar la jugada del senador agropecuario, ya que, como bien marcaba Osuna en los fundamentos de su proyecto, se trataba de evitar la ‘privatización de las retenciones’ esto es, que el exportador dedujera en su compra al productor una retención que finalmente no pagaba.” (S-1850/08) Y en referencia a la modificación introducida por Urquía, escribe Osuna: “Para ser más claros: si cambió la alícuota entre la declaración de la venta y la concreción de la misma se utilizará la mayor de dichas alícuotas pero el cálculo se hará sobre el precio de la declaración con lo cual el Estado sigue perdiendo la diferencia al no actualizarse el precio del grano vendido, por quedar este fijado al momento del registro original de la operación.” Como se sabe “la 125” no logró la aprobación del senado gracias al desempate en favor de las entidades agrarias por parte del ex vicepresidente Julio Cobos.

Pero la ley Martínez Raymonda conserva toda su vigencia, de modo que las cerealeras no deberían beneficiarse con la baja a cero de retenciones que súbitamente planteó el gobierno, pare devolverlas al cabo del cumplimiento del cupo a su valor anterior. Además, no hay que ser muy suspicaz para advertir que el efecto sorpresa y la ausencia completa de filtraciones de versiones al respecto, tienem que ver con un acuerdo cerrado entre el gobierno y las cerealeras a espaldas de los productores y de los ciudadanos en general. Luego, la genuflexión de la dirigencia de la Sociedad Rural y otras entidades agrarias, ¿tendrá que ver con su obstinación ideológica o recibirán su parte por debajo de la mesa? El periodista Ernesto Tenembaum, imaginó esta mañana en su programa de Radio Con Vos, cómo fue la escena: “Para mí hubo una reunión entre Caputo y su gente y las 6 o 7 agroexportadoras más importantes, donde les dijo ‘necesitamos dólares’, cuando las cerealeras respondieron que no los tenían, les dijo ‘miren que les sacamos todas las retenciones’, ‘ah entonces si tenemos’”; su remate, planteado como una conjetura, antes que como una denuncia, habla sobre algo que la justicia debería investigar: “Lo mantuvieron en secreto de tal manera que los productores no supieran y que la ganancia fuera directamente de las agroexportadoras… me cuesta pensar que no haya un retorno ahí”.

Sobre lo acontecido la semana pasada Lozano sostiene que: “Acá hay una discusión entre los grandes productores y las cerealeras, ya que los grandes productores que tenían acumulados unos 10 mil millones de dólares en granos para vender (según estima nuestro compañero del IPyPP especialista en el sector, Rubén Ciani), se deberían repartir con las cerealeras los beneficios de la resignación de recursos por parte del fisco por la caída de retenciones, dada la ventana que llegaba hasta el 31 de octubre… pero al cerrarse esa posibilidad tras la declaración de Scott Bessent, el ministro de economía de Estados Unidos ordenó que había que volver a las retenciones anteriores, las cerealeras resolvieron la cuestión en apenas 72 horas y los que quedaron pedaleando en el aire son los grandes productores”   

La situación es completamente irregular, ya que más allá de las sospechas sobre un arreglo del ministerio de economía con las cerealeras que, para colmo, contaron con la ventaja del rulo financiero a su favor, al haber el gobierno vuelto a aumentar las retenciones habilita la aplicación de la ley Martínez Raymonda, ya que las cerealeras deberían demostrar la existencia de los granos físicos al momento de la declaración jurada, de no hacerlo, deberán pagar las retenciones vigentes al momento de comprar los granos. No hay demasiado margen para la interpretación. Por eso Lozano aclara: “Es la suba (el retorno a la retención anterior), no es la baja, si la hubieran bajado y la mantuvieran baja no habría discusión legal, el problema es que vuelven a implementar la retención en el momento en que las cerealeras tienen que comprar los granos”. Y, por cierto, las cerealeras cargan la retención a los productores.  

En virtud de lo ocurrido, el candidato a diputado nacional de Unidad Popular por CABA, Claudio Lozano, encabeza la denuncia penal. Entre los fundamentos de la denuncia se lee: “El Decreto N° 682/2025 no previó ni exigió el cumplimiento de la Ley N° 26.351. Los funcionarios no incluyeron la obligación de que los exportadores presentaran documentación fehaciente, como la Liquidación Primaria de Granos (LPG), para acreditar la tenencia o adquisición de los productos. La omisión de este control por parte de los funcionarios públicos (Secretaría de Agricultura y ARCA) fue una condición indispensable para el éxito del plan. La violación de la ley no solo se infiere de la estructura del decreto, sino también de los hechos posteriores a su ejecución: Rrsulta material y logísticamente imposible que el grupo de empresas beneficiadas haya podido comprar, recibir, acopiar y tomar posesión fehaciente de las casi 20 millones de toneladas de granos registradas en menos de 48 horas. Esta operación, en condiciones normales, habría requerido el movimiento de aproximadamente 650.000 camiones, lo que colapsaría la infraestructura logística del país.”

La maniobra no solo generó un perjuicio fiscal directo (estimado en USD 1.750 millones si se hubieran aplicado las alícuotas anteriores), sino que también causó un grave daño a los productores agropecuarios. ¿El gobierno se volvió “degenerado fiscal de la noche a la mañana? ¿El retorno a las retenciones lo convierte en un gobierno protocomunista? Nada se sostiene políticamente ni económicamente ni comunicacionalmente en el gobierno. Pero la denuncia deja ver que tampoco se sostiene la medida jurídicamente hablando. Y es imperioso investigar por la maniobra a los funcionarios involucrados, tanto por la violación de una ley, como por la posibilidad de otros ilícitos como parte de la jugada.

Por lo planteado los denunciantes solicitan (mediante una cautelar) la suspensión inmediata del decreto y la aplicación de la ley que obliga a las cerealeras a acreditar la tenencia de los granos al momento de la declaración de las exportaciones. Finalmente, la denuncia plantea la “Declaración de Nulidad y Aplicación de Alícuotas Originales” y la “Suspensión de Actos Patrimoniales”. Los denunciados son el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, el ministro de economía Luis Caputo y funcionarios de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y de ARCA. El poder de fuego de los exportadores es importante y la encerrona del gobierno evidente. La credibilidad social del gobierno continúa su pendiente y el declive no encuentra, por ahora, su límite. La causa fue tomada por el juez federal Julián Ercoini ¿Estará a la altura el poder judicial?