El gobierno libertario de Javier Milei se ve obliga a dirigir su atención al Congreso mientras continúa ajustando la estrategia de campaña para septiembre y octubre.
En el ínterin, la controversia por los vetos requiere que redoble esfuerzos en el Palacio Legislativo, donde este miércoles se llevará a cabo una prueba decisiva relacionada con los vetos que Milei impuso respecto al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. En este contexto, en la Casa Rosada mantienen una postura optimista.
El veto a la emergencia en el sistema de discapacidad se presenta como el mayor desafío para la Casa Rosada, dada la sensibilidad del asunto. No obstante, advierten que, antes de discutir aumentos al nomenclador de prestaciones, es fundamental confirmar primero el veto. Este gasto representaría entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, según las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El Gobierno libertario y Milei permanecen firmes en su postura. Esto se reafirma tras la decisión judicial que respaldó al Presidente, permitiéndole no eliminar el tuit en el que relacionaba a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, con “los kukas”.
En este marco, el Gobierno se muestra optimista antes de la discusión. Recuerdan a los “87 héroes” que el año pasado respaldaron el veto a una nueva fórmula jubilatoria y, aunque evitan hablar de cantidades, indican que no deberían encontrar dificultades para alcanzar los “90 diputados”.
Con esa cifra, asegurarían el tercio necesario para “blindar” la decisión del Presidente, que, si fuera derogada por el Congreso, sería impugnada ante la Justicia. Tampoco ofrecen detalles sobre con quiénes podrían contar para respaldar los vetos, aunque algunas voces en el oficialismo sugieren que el apoyo provendría de aliados y agrupaciones con las que han establecido acuerdos para las elecciones de octubre.
En el Gobierno, consideran que la mejora de los fondos para discapacidad no solo debería depender de la confirmación del veto. También subrayan la necesidad de reducir la cantidad de pensiones por discapacidad, que actualmente ascienden a alrededor de 1,8 millones, cuando lo óptimo sería situarse cerca de los 500 mil.
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